Los promotores de la manifestación muestran su profundo malestar por “una reforma que se está llevando a cabo sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los juristas”, y advierten de que esta reforma “hará de España un país más inseguro”.
Más de 30.000 policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y ciudadanos se manifiestan en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
La manifestación, convocada por Jusapol, Jucil y Jupol, ha recorrido el centro de Madrid bajo el lema “Por una España Más Segura”
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04/3/2023 06:48
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Actualizado: 25/5/2023 13:23
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Más de 30.000 policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y ciudadanos han secundado hoy la manifestación convocada por Jusapol, Jucil y Jupol en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende el Gobierno y sus socios independentistas (ERC, Bildu y PNV) y que, según denuncian, “hará de España un país más inseguro”.
Ha arrancado a las 12:00 desde la Plaza de Neptuno, bajo el lema “¡Por una España más Segura!”, ha pasado frente al Congreso de los Diputados y por la calle Alcalá, y ha concluido en la Plaza de Cibeles.
A la movilización se han sumado CSIF, y otras organizaciones de Policía Nacional, Guardia Civil y del ámbito policial autonómico y local: CEP, ASP, Politeia, H50, Cppm, Usplbe, SIPE, Pla Madrid, ASESGC, RAGCE, AEGC, AIGC, Policía s. XXI, SPPM y SPPLB.
También la han secundado políticos de PP, VOX y Ciudadanos.
Jusapol, Jupol y Jucil han mostrado su satisfacción por la «gran respuesta» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la convocatoria, pero sobre todo por el «importantísimo apoyo» que han mostrado los ciudadanos a la protesta. «Un apoyo ciudadano que significa la repulsa general de la sociedad a la propuesta de reforma del Gobierno a la Ley de Seguridad Ciudadana», señalan.
¿Por qué no a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana? «Porque no cuenta con la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana; está realizada desde un punto de vista ideológico; no está avalada por informes técnicos; es la ‘Ley de Inseguridad Ciudadana’ o la ‘Ley de odio a la Policía’; hará que nuestras calles sean más inseguras; se pondrá en entredicho la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad, situándola a la misma altura de la de los delincuentes; y va en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, garantes de la seguridad en nuestras calles», explican a Confilegal los organizadores de la manifestación.
Critican que esta reforma se está llevando a cabo «sin tener en cuenta la opinión de los profesionales de la seguridad ciudadana, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los juristas”.
Preguntados sobre los puntos más lesivos, explican que es «inviable el control de un grupo de violentos sin el material antidisturbios adecuado»; que la reforma prevé «obstaculizar» los registros corporales de sospechosos; una reducción sistemática de las multas por ingresos, lo que va contra del artículo 14 de la Constitución; y la eliminación de la infracción por resistencia pasiva; y prohibirá en política de inmigración irregular las devoluciones en caliente y los rechazos en fronteras.
Jusapol, Jucil y Jupol critican que esta reforma está hecha «a la medida de los socios independentistas del Gobierno, que cede a cambio de sillones y cuotas de poder, en detrimento de los españoles y del Estado de Derecho». Afirman que es «un éxito de los antisistema y un ataque a la línea de flotación de nuestra Constitución y de la soberanía del pueblo español».
Según aseguran, con esta reforma “los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor».
«Los primeros perjudicados seremos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestra labor diaria, pero quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades”, señalan.
Ante esta situación, estas tres organizaciones, como ya hicieron en noviembre de 2021, han decidido volver a salir a la calle en protesta por una reforma que, según sostienen, “solo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes, y ata de pies y manos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Al finalizar el recorrido, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez ha leído un manifiesto, acompañado por Aarón Rivero, secretario general de Jupol; Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil; y Jorge Vilas, portavoz de CSIF.
‘ESTA REFORMA ES UN ATRASO’
Policías y guardias civiles han expresado con esta movilización su disconformidad con las reformas previstas, que «comprometen la tranquilidad de las calles españolas en favor de los más violentos».
«Policialmente, esta reforma es un atraso, un mal paso para la ciudadanía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», manifiesta a Confilegal Ernesto Vilariño, secretario general de Jucil.
Y hace hincapié en que «para que un Estado funcione, tiene que tener tres pilares básicos: Uno es la Educación, otro la Justicia, y el tercero, la Seguridad, pero sobre todo la Seguridad». «Si no hay Seguridad, no hay Justicia. Si no hay Justicia, no hay Educación», apunta.
Según informa, Jucil elaboró hace un año un informe jurídico, de la mano de catedráticos de la Universidad San Pablo CEU expertos en Derecho constitucional, procesal y penal, en el que se resalta el posible carácter inconstitucional de algunas de las enmiendas de La Ley de Seguridad Ciudadana”, que fue entregado al ministro del Interior, a la Secretaría de Estado, a todos los grupos parlamentarios y a la Dirección General de la Guardia Civil, pero «el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho caso omiso”.
Vilariño afirma que esta manifestación ha sido «la única manera de llevar la protesta a la calle y que el pueblo español tenga conocimiento de esta irresponsabilidad que llevará la inseguridad a las calles y afectará gravemente a la convivencia entre españoles”.
“Cuando los políticos legislan sin escuchar la voz de los profesionales, la vida de los ciudadanos se ve afectada gravemente, el ejemplo lo tenemos recientemente en la Ley de ‘solo sí es sí». De llevarse a cabo la reforma de la Ley 4/2015, sus efectos adversos los sufrirán los españoles aumentados por mil”, advierte.
«Esta reforma no mejorará el bienestar social, tampoco generará confianza en la seguridad ciudadana y ataca directamente a nuestra convivencia cívica”, sostiene el presidente de Jusapol, Miguel Gómez. Asegura que la misma “pone en una gravísima situación a los policías y a los ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques continuos de los violentos, que harán de las calles un estado paralelo, sin límites, donde reinará el caos, la improvisación y el odio a quienes día a día se esfuerzan y sacrifican para crear un modelo ciudadano ejemplar y de referencia a las generaciones más jóvenes”.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, destaca que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana se produce «en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una fragante perdida del principio de autoridad”.
«Una situación que deriva en un incremento de las agresiones a policías y a una peligrosa judicialización de la labor de los agentes con una falta total de respaldo por parte del Gobierno de España”, señala.
Rivero critica que el Ministerio del Interior esté impulsando esta reforma “mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, la equiparación con las policías autonómicas, las jubilaciones y las dietas, la jornada laboral o el derecho a huelga, entre otras”.
Asegura que las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley de Seguridad Ciudadana «perjudicarán directamente la eficacia policial, con la consiguiente desprotección de la sociedad».
«Las reformas propuestas van en dirección contraria a las necesidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para afrontar con garantías los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos: delincuencia de alta intensidad, bandas juveniles violentas, mafias internacionales o delincuencia tecnológica”, concluye.
CSIF SE HA SUMADO COMO REPRESENTANTE DE LA POLICÍA LOCAL Y DE LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES
Jucil, Jupol y CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, acordaron hace un año, en enero de 2022, un frente común «ante el deterioro de las condiciones laborales de policías, guardias civiles y del conjunto de los empleados públicos».
Ya se han manifestado conjuntamente en varias ocasiones.
CSIF ha estado en la protesta de este sábado como representante de la Policía Local en toda España, que también se ve afectada por esta reforma, así como de los funcionarios de prisiones, quienes exigen que se les reconozca como agentes de la autoridad para elevar la seguridad en las cárceles y reducir el número de agresiones.
Asimismo, reclama la integración de los diferentes cuerpos de policías locales en las bases de datos del Ministerio del Interior y la creación de un órgano supramunicipal «independiente» que dé mayores garantías a la actividad policial «frente a posibles arbitrariedades de los responsables políticos municipales».
Respecto a los funcionarios de prisiones, exige medios materiales y humanos para mejorar la seguridad en las cárceles y el reconocimiento como agentes de la autoridad.
Según informa el presidente de CSIF prisiones, Jorge Vilas, más de 450 trabajadores de prisiones fueron agredidos el pasado año y se produjeron 600 incidentes regimentales muy graves. «Prácticamente a diario se producen lesiones y asistencias médicas a causa de una agresión», denuncia.
Entre las reivindicaciones de Jusapol, Jupol y Jucil destacan, entre otras, la petición de una equiparación salarial real de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, así como la equiparación de las condiciones de jubilación con las policías autonómicas y locales; es decir, jubilación a los 59 años y sin pérdida de poder adquisitivo.
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