El guardia civil ha estado representado por la AUGC, que insiste en que las agresiones a agentes están al alza y que deben agravarse las penas. Foto: AUGC.
Condenado a indemnizar con 7.700 euros a un guardia civil al que le rompió el menisco durante la detención
También causó lesiones a dos agentes de la Policía Local
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12/3/2023 00:45
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Actualizado: 13/3/2023 11:08
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El Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba ha condenado a un hombre a indemnizar a un guardia civil y a dos policías locales de La Rambla a los que agredió causándoles diversas lesiones mientras intentaban reducirlo para detenerlo por unos hechos previos.
Los agentes se personaron en su domicilio porque había amenazado y agredido a su abuela, con la que residía, para que le diera dinero con el que comprar droga, según precisa a Confilegal la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha llevado el caso en representación del guardia civil.
El condenado es Miguel Zamorano Gómez, de 27 años, con antecedentes penales.
Ha sido sentenciado como autor de varios delitos, entre ellos uno de violencia doméstica, atentado a la autoridad, un delito de lesiones y otros dos leves de lesiones, por los que se le han impuesto penas que suman más de dos años de prisión y más de dos años de internamiento en un centro de salud mental o de tratamiento de sus adicciones.
Se le ha aplicado la circunstancia eximente incompleta de drogadicción.
Al agente de la Benemérita le rompió el menisco, a raíz de «una agresión de golpes y puntapiés», precisa a Confilegal el abogado de la AUGC que lo ha asistido, Álvaro Antonio Moreno Pla, con despacho con su nombre en Córdoba y asistencia a nivel nacional.
En concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar a un policía local con 120 euros; a otro con 150 euros, y al agente de la Benemérita con 7.753,69 euros, dichas cantidades más intereses legales.
Es una sentencia de conformidad.
La acusación particular se adhirió al escrito de la Fiscalía, con las modificaciones introducidas en la vista oral, y el acusado manifestó su conformidad con la calificación jurídica del Ministerio Fiscal y con las penas solicitadas, por lo que la magistrada titular del Juzgado, Inmaculada Vacas Márquez, dictó in voce sentencia condenatoria.
La resolución, dictada el pasado 9 de noviembre (275/2022) y conocida ahora, ya es firme.
LOS HECHOS
Los hechos tuvieron lugar el 13 de julio de 2020, sobre las 11.20 horas, cuando el ahora condenado, que reside con su abuela, acudió al domicilio familiar y tras pedirle dinero, arremetió contra ella y le propinó un manotazo en el brazo.
Al personarse dos agentes de la Policía Local y uno de la guardia civil, el condenado, al verlos, «se dirigió hacia ellos en estado agresivo haciendo aspavientos con las manos», y los acometió empujando a un policía local, lo que motivó la intervención del resto de agentes, a quienes también empujó forcejeando con ellos hasta que cayeron al suelo.
El acusado cometió los hechos con sus capacidades parcialmente afectadas por su dependencia al consumo de sustancias estupefacientes.
Como consecuencia de la agresión, un policía local sufrió contusión en ambas rodillas con eritema en la izquierda. Las lesiones tardaron en curar cuatro días de perjuicio personal básico.
El otro policía local sufrió heridas consistentes en quemadura de primer grado en brazo izquierdo, erosión de cuatro centímetros en brazo izquierdo y dolor en articulación distal del segundo dedo de la mano izquierda, que le causaron cinco días de perjuicio personal básico.
El guardia civil sufrió herida condral grado IV de cóndolo femoral izquierdo, rotura de menisco externo de rodilla izquierda, precisando para sanar tratamiento quirúrgico consistente en intervención mediante técnica de microfactura y la segunda remodelada y cauterizada, tratamiento rehabilitador. Tardó en curar 12 días de perjuicio personal básico. un día de hospitalización y 74 días de pérdida de calidad de vida moderada con 2 puntos de secuela.
LAS PENAS IMPUESTAS
En concreto, ha sido condenado por un delito de violencia doméstica a 10 meses de prisión y 10 meses de internamiento en un centro, bien de salud mental o de tratamiento de sus adicciones, que se determinará en sede de ejecución de sentencia, previo informe del médico forense para que se determine el más adecuado al estado actual del acusado.
Además, se le ha prohibido acercarse a su abuela, a su domicilio o cualquier lugar en el que se encuentre a una distancia no inferior a 150 metros, así como a comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años. También se le ha privado dos años del derecho a al tenencia y porte de armas, y se le han impuesto cuatro años de libertad vigilada con sometimiento a tratamiento médico externo y control periódico.
Por un delito de atentado a la autoridad del artículo 550 del Código Penal ha sido condenado a 10 meses de prisión y 10 meses de internamiento en un centro, y a cuatro años de libertad vigilada.
Por uno de lesiones ha sido penado a 8 meses de prisión y 8 meses de internamiento en un centro y a tres años de libertad vigilada; y por dos delitos leves de lesiones, se le han impuesto dos meses de multa con cuota diaria de 8 euros y una responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 para caso de impago, por cada uno de ellos.
LA AUGC INSISTE EN QUE DEBEN AGRABARSE LAS PENAS POR AGRESIONES A AGENTES
“Estos hechos y otros similares que se producen habitualmente corroboran lo que AUGC lleva años denunciando: que existe una tendencia al alza de agresiones contra guardias civiles, tanto en la provincia de Córdoba como a nivel nacional», señala el letrado Álvaro Antonio Moreno.
La AUGC insiste, una vez más, en que «deben agravarse las penas por agresiones a guardias civiles y reforzarse la protección jurídica, además de dotarse a los agentes del suficiente material de defensa y protección, como son los chalecos balísticos ergonómicos y de uso individualizado, así como las pistolas táser».
«La mala situación en la calle se agrava continuamente y los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, ya que saben lo barato que les sale agredirles, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes», denuncia.
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