CGT afirma que han adjudicado a una empresa la renovación de la prestación del Servicio de Atención Telefónica Especializada en el Área Social y Familia.
CGT demanda al Ayuntamiento de Zaragoza ante el TSJA por considerar que privatiza los servicios sociales de forma «encubierta»
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28/3/2023 06:47
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Actualizado: 27/3/2023 22:55
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La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas-CGT ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al considerar que el Ayuntamiento de Zaragoza está privatizando de forma “encubierta” los servicios sociales.
En concreto, por adjudicar a una empresa la renovación de la prestación del Servicio de Atención Telefónica Especializada en el Área Social y Familia.
Esta línea telefónica, cuyo número empieza por 900, nace en un momento excepcional a consecuencia de la pandemia para buscar un sistema de atención las 24 horas del día para atender las situaciones derivadas del confinamiento.
Por lo que este «contrato de emergencia» se le adjudicó a la empresa Atenzia, la misma entidad que gestiona el Servicio de Teleasistencia municipal.
Y, según han explicado desde el sindicato, ahora la línea se ha convertido en una “call center” donde personal externo no cualificado filtra las llamadas. «El procedimiento genera un claro perjuicio en el trato y la atención a la ciudadanía, vulnerando el derecho a la asistencia y la recepción de prestaciones ante situaciones de necesidad».
Por lo que cualquier ciudadano que precise contactar con su profesional de referencia, únicamente puede hacerlo a través un intermediario, quien decide si deriva la llamada o no.
Solicitaron su nulidad, pero la petición fue inadmitida
Al no estar conforme con esa línea telefónica, desde el sindicato acudieron al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Zaragoza para solicitar su nulidad. Relataron que el teléfono no suponía en la actualidad una vía que complementase las ya existentes de atención presencial o telefónica en los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS), sino que las sustituye para convertirse en la única forma de acceso.
Pero la petición no fue admitida y ahora han presentado un recurso de apelación ante el TSJA. Se trata de la primera impugnación a nivel nacional por parte de un sindicato de trabajadores contra una privatización “encubierta” de un servicio publico esencial, como son los servicios sociales.
“El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido mantener la línea de atención tras el fin de la alerta sanitaria sin una motivación justificada”, han explicado desde el sindicato. Pues esa actuación ha de responder a criterios que la justifiquen.
Consecuencias preocupantes
Y además, según han apuntado desde el sindicato, las funciones del servicio de atención telefónica se extienden a un carácter y contenido informativo que se reserva a los funcionarios o personal laboral del Ayuntamiento.
Además, “se da la circunstancia de que, simultáneamente, el programa temporal de empleo en Servicios Sociales Comunitarios y Especializados solicita la provisión interina de distintos puestos de muy concreto perfil profesional tales como trabajadores sociales, psicólogos, educadores, DUE-ATS y auxiliares de Casas de Amparo”.
Pues se ha externalizado un servicio esencial pese a que la Administración no dispone de plena libertad para ello cuando deriva de insuficiencias internas de personal, con consecuencias inmediatas en el empleo público al afectar tanto al personal como a las funciones que desempeñan y sus derechos.
Exposición de los datos
Y también, en estas llamadas quedan expuestos los datos de los usuarios. Por ejemplo, cuando el ciudadano solicita información general en relación a ayudas de urgencia, prestaciones domiciliarias, Ingreso Aragonés de Inserción, Ingreso Mínimo Vital o apoyo a la familia, revela toda su información personal a una persona ajena al Ayuntamiento.
Además, muchas personas tienen dificultades a la hora de comunicarse por este medio por su situación personal y las llamadas al 900 «no son realmente gratuitas, ya que sin saldo, no es posible hacerlas».
A todo ello se añade que, tras prestar servicio durante las 24 horas durante el confinamiento, la línea pasó a atender únicamente de lunes a viernes. Excepto en dos horas, es un horario que coincide con el de funcionamiento de los CMSS, con lo que su única ventaja competitiva ha desaparecido totalmente.
La situación se ha denunciado también tanto por el Colegio Profesional de Trabajo Social como por entidades vecinales, sindicatos municipales, Consejos de Salud, las Redes de Apoyo Ciudadano de los diferentes barrios e incluso los profesionales de los centros que de Acción Social o de sus propios compañeros son derivados a la línea 900 para ser atendidos.
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