Firmas
Cartas desde Escocia: Sucedió en la España de ayer, ¿sigue sucediendo en la de hoy?
Mario Conde explica a un amigo escocés cómo fue la intervención del Banco de España del Banesto, el banco que él presidía en 1994. Y se plantea si aquello podría seguir ocurriendo hoy.
10/4/2023 06:48
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Actualizado: 09/4/2023 19:16
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He leído en prensa, a propósito del último artículo aquí publicado, que la Fiscalía suiza parece que ha decidido abrir diligencias a la vista de las posibles irregularidades que la connivencia entre el Estado, los Reguladores —así llamados— y los ejecutivos de UBS, han podido cometer en el proceso en el que, como decía, se trataba, no de salvar un banco, el Credit Suisse, sino el crédito de un país como Suiza.
Razón de Estado….
Confieso mi perplejidad ante la noticia, derivada, claro es, de que algo así creo que sería insólito que pudiera suceder en nuestro país, vista mi larga experiencia judicial.
Almorzaba aquí, en Edimburgo, con una persona de nacionalidad escocesa, involucrada en el mundo financiero del Reino Unido, quien había recibido —¡como es la vida!— desde España, de un ”colega” suyo, un comentario sobre mi artículo acerca de la crisis del Credit Suisse, añadiendo que le interesó , adicionalmente, que yo lo firmaba desde Escocia…
Lo que no imaginaba el que enviaba la misiva es que esa comunicación suya iba a ser el tema del almuerzo en un restaurante de la New Town llamado Cafe Royal. Precioso, por cierto. Muy escocés
Mi interlocutor me decía, con cierto tono sarcástico, que le resultaba imposible creer —es anglosajón— lo que conté al final del artículo acerca de cómo modificaron la legislación española referente al Fondo de Garantía de Depósitos para impedir que los dueños del banco, léase nosotros, los accionistas, pudiéramos poner el dinero reclamado para ”salvar” a nuestro banco.
Creía que se trataba de una exageración mía claramente pro causam.
En vez de argumentar, utilizando la mensajería electrónica solicité de mi secretaria Paloma Aliende que me enviara los dos decretos: el regulador del Fondo y el de su modificación. No tardó demasiado, la verdad, que la tecnología acude en nuestra ayuda en momentos de apuro.
FUERON CLAVES DOS REALES DECRETOS
El primero fue el Real Decreto 567/1980, de 28 de marzo, por el que se perfecciona y amplía el Fondo de Garantía de Depósitos.
El segundo Real Decreto 437/1994. de 11 de marzo por el que se modifican los Reales Decretos 1197/991, de 26 de julio, sobre Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores y 567/1980 de 28 de marzo. sobre Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios.
Allí los tenía, en el móvil, en formato pdf perfectamente legibles ambos.
He resaltado la fecha en negrita porque en marzo de 1994, después de haber intervenido el banco en 28 diciembre de 1993, ya percibían que para solucionar el desaguisado tenían que practicar una ingeniería jurídica y judicial de envergadura.
Leímos juntos las disposiciones concretas de ambos Decretos—mi interlocutor escocés es fluido en castellano — y, tras la lectura, no acababa de entender el proceso diseñado y ejecutado para quedarse con el banco. Así que se lo expliqué de un modo diáfano.
— Como ves, la modificación de marzo de 1994, permite que el Fondo ponga dinero publico si los accionistas del banco renuncian al derecho de preferente suscripción de una ampliación de capital. Esa ampliación de capital es la que suscribe el Fondo que, por este procedimiento, se convierte en el dueño del banco para venderlo a quien el Sistema decida.
— Ya, —me dijo con razón— pero eso reclama, al menos formalmente, que los accionistas renuncien a ese derecho… Eso no es imponer…
EL INTERVENTOR DECIDÍA EN NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS
Aquí, la verdad, sentí algo de vergüenza al explicar el proceso, pero no me quedaba mas remedio.
— Así es, pero te confieso que fueron bastante burdos. Nombraron a un interventor que quedó designado como presidente de la Junta de accionistas en la que debería producirse la renuncia. Pero, claro, el presidente del banco, como es tradicional en banca, recibía las delegaciones de votos de los accionistas, de modo que, gracias a esas delegaciones el Gobierno, a través del ”Presidente”, tenía de antemano el control de la Junta. Vamos, que él decidía en nombre de los accionistas. Juez y parte, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Un poco burdo, pero…
— Pero eso es absurdo, —me espetó— porque esa Junta es una formalidad y una mentira de fondo para un asunto de esta gravedad. No es una Junta, es una farsa jurídica. ¿Eso es lo que sucedió?
Unos segundos de silencio de mi costado…
— De acuerdo —continué— pero mira Suiza. Te diré más: por si acaso no quedaba claro lo de las delegaciones de voto de los accionistas, les dijeron que, si no hacían eso, si no acataban las ordenes del ”Banco de España” a través del Interventor convertido en presidente, disolverían el banco y perderían todo…
— ¿Disolver el banco? ¿Qué dices?
— Pues sí, eso mismo. Consta por escrito de modo oficial, aunque te admito que fue más literatura política de galería que otra cosa porque con las delegaciones recibidas la junta era una farsa.
— Pero, ¿la Fiscalía española no actuó ante algo así?
Nuevamente la vergüenza al aclarar lo ocurrido.
— Pues sí, nombraron un juez especial en la Audiencia Nacional llamado Juez de Apoyo y presentaron una querella contra nosotros por orden del Fiscal General del Estado….
Lo que no le dije a mi interlocutor es que un hombre llamado Miguel Martín, entonces subgobernador del Banco de España, sentenció claramente que como la decisión del Gobierno no podría aparecer como un error o como algo puramente político, tendríamos que soportar una querella criminal.
Y como nada estigmatiza más que la cárcel, el mundo penitenciario se convirtió en un eslabón imprescindible de la estrategia.
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