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Cartas desde Escocia. Sobre el caso Ferrovial: es «el Sistema», estúpido
Mario Conde analiza el caso Ferrovial a la luz de su experiencia personal.
13/4/2023 11:25
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Actualizado: 14/4/2023 09:51
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1987. Apenas cumplidos los 39 años, después de vender Antibióticos S.A. a la multinacional Italiana Montedison y haber adquirido un importante paquete de acciones de Banesto, me senté, junto con mi entonces amigo, mentor y socio, Juan Abello, frente a Mariano Rubio, Gobernador del banco de España, en su impresionante despacho de la calle Alcalá para comunicarle, oficialmente, por deferencia y tradición, nuestra compra y nuestro deseo de ser nombrados consejeros del banco.
Algo ya acordado con quienes componían su órgano de administración.
La reacción del Gobernador me sorprendió: nos dijo, sin cortarse un pelo, que no le parecía bien, que teníamos que esperar a que él, el Gobernador, nos diera el visto bueno, que estas cosas hay que hacerlas así, de conformidad con el poder político español.
Y él era su representante máximo en el mundo financiero.
Para entendernos: dos personas que legítimamente han ganado un dinero vendiendo sus activos y que han decidido usar ese dinero para comprar acciones de una empresa privada, por lo demás cotizada, se encuentran con que el Estado, en boca de su Gobernador del Banco de España, es quien decidía lo que le parecía bien o
mal.
Y cuándo debería hacerse.
En fin, suplir las decisiones de unos inversores privados que se creían eso de la empresa privada en una economía de mercado, por consideraciones de mera conveniencia u oportunidad políticas…
De manera expresa, groseramente clara, nos advirtió el Gobernador que nos atuviéramos a las consecuencias si no le prestábamos debida obediencia.
2023, 36 AÑOS DESPUÉS
Una empresa privada sin capital publico, instalada en la Unión Europea, decide libremente que, por sus razones empresariales, sean del tipo que sean, quiere trasladar su sede dentro de la propia UE, que, precisamente, se basa en la libertad de circulación de personas, mercancías, bienes y servicios.
Y resulta que al Gobierno de turno no le parece bien y comienza un proceso de agresión hacia la empresa ejecutado con publicidad y con maneras más propias de una reyerta de barrio que de la más alta magistratura de la nación.
¿Razón del Gobierno? Que la decisión de la empresa da a entender que en España hay dudas sobre la seguridad jurídica….
Escribí sobre ese particular en este mismo medio hace unos días aclarando cómo debe entenderse la seguridad jurídica real, no la meramente literaria o formal que se suele esgrimir en demasiadas ocasiones sin verdadero conocimiento de causa.
Es posible, tal vez, que los dirigentes de esa empresa tengan dudas sobre la verdadera calidad de nuestra seguridad jurídica. Yo, desde luego, tengo algo más que dudas, debido, precisamente, a mi larguísima —y tristemente poco aleccionadora— experiencia en ese campo.
Pero estoy seguro de que la decisión se toma por razones estratégicas empresariales, en las que, de concurrir dudas sobre seguridad jurídica, no tengan ni mucho menos un aporte decisivo.
Hablamos de empresa no de política.
Pero en todo caso tienen derecho a decidir lo que estimen mejor y es a la Junta de Accionistas, y no al Gobierno, a quien corresponde tomar decisiones estratégicas sobre la marcha de la empresa.
No es quien el Gobierno para cuestionar el fondo de las decisiones de un consejo y una junta de una empresa privada si tales decisiones son opciones ajustadas a la Ley española y europea.
Pues las ha cuestionado y de dos maneras. La primera, tratando de enmendar la plana a los servicios jurídicos, internos y despachos exteriores, contratados por la empresa para tomar sus decisiones con base legal.
El Gobierno, metido a asesor áulico de empresas privadas se dedica a invertir tiempo y dinero público en analizar las decisiones y estrategias de una empresa privada para acabar diciendo que los asesores privados no saben de que hablan, que ellos sí lo saben, y que es mejor que sigan su criterio que el de los despachos contratados.
Suena poco serio, pero, por lo que leo en prensa, ha sucedido.
1987, 36 AÑOS ANTES
Aquello de ”ateneros a las consecuencias” del Gobernador se tradujo en siete años de persecución implacable por haber ”desobedecido” a quien mandaba… Y llegó el turno de las exenciones fiscales por la creación del Corporación industrial, una operación enorme y obviamente beneficiosa para la economía nacional, Carlos Solchaga, ministro de Economía, hombre inteligente, capaz, formado y culto, gran enemigo nuestro, decidió que como no éramos amigos del PSOE no nos daba las exenciones que por ley nos correspondían.
Tuve que contratar a unos intermediarios, Antonio Navalón y Diego Selva, el primero muy cercano a El País, pagar 600 millones de pesetas (3.606.073 euros) y obtener lo que por ley me correspondía.
Los accionistas se beneficiaron de modo claro y rotundo. Un juez nombrado por el Gobierno en cuarto turno, me condenó, por haber hecho eso, a cuatro años y medio de cárcel , que cumplí obediente.
2023
He visto que el Gobierno amenaza con que si no se sigue su criterio no dará las exenciones fiscales a la fusión prevista por la empresa…. De nuevo, el manejo de la Ley con criterio de ”oportunidad” y ”obediencia” políticas.
No cambian. No es cuestión de personas. Es cuestión del ”Sistema”.
1994
Escribí mi libro «El Sistema. Mi experiencia del poder” Trataron de minimizarlo, Dijeron que lo escribí por despecho a la intervención de Banesto…
2023
Rafael del Pino, el actual Presidente, recibió de su padre la empresa que ha multiplicado y desarrollado de manera admirable. Imagino que no habrá leído mi libro «El Sistema».
Tampoco se lo recomiendo. Está viviendo la experiencia directa que es mucho más ilustrativo que la mera la lectura.
Por cierto, esta actuación del Gobierno, ¿es una muestra de la seguridad jurídica en este país o más bien de todo lo contrario? No sé qué pensarán los inversores extranjeros al respecto.
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