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Y los abogados, ¿a qué estamos esperando?

Y los abogados, ¿a qué estamos esperando?
Francisco Javier Lara, decano emérito de la Abogacía de Málaga, expone las razones de por qué hay que apoyar la concentración del próximo 27 de abril, convocada por una Plataforma de organizaciones de abogados, ante el Congreso. Foto: Confilegal.
13/4/2023 06:48
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Actualizado: 14/12/2023 12:41
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Cuando iniciándose el mes de enero oí las primeras noticias de que los LAJs se iban a poner de huelga, reconozco que pensé que no sería para tanto. Ingenuo de mí, creí que los antiguos secretarios judiciales que tanto rechazo mostraban -siempre con muy honrosas excepciones- a cualquier iniciativa de la abogacía para reivindicar mejoras en la justicia gratuita y turno de oficio, no iban ahora a suspender su actividad y bloquear la administración de Justicia. Me equivoqué de cabo a rabo.

Dos meses de huelga y casi 400.000 actuaciones procesales suspendidas, han servido para que mejoren sus condiciones laborales y yo, créanme, que lo celebro.

Como también celebro que muchos LAJS no han secundado la huelga y han estado trabajando durante todo el período, y a pesar de que la huelga es un derecho y no una obligación, han soportado las críticas y afeamientos por parte de los huelguistas.

Pero como todos los que nos dedicamos de una u otra forma a la Administración de Justicia, somos conscientes de que se han suspendido actuaciones procesales en las que los LAJs no iban a estar presentes y todos lo hemos asumido, empezando por los jueces y magistrados, que en más de una vez han dicho de celebrar y no lo han podido hacer por la huelga selectiva de los LAJS.

HUELGA SELECTIVA

Y digo huelga selectiva porque estaban en el Juzgado, hacían lo que consideraban y no hacían lo que no consideraban. Una huelga a la carta, vamos. Esto ya lo traté en un artículo anterior y hoy quiero referirme a otras cuestiones.

He de recordar mi apasionante etapa de Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y presidente de la Comisión de Justicia del Consejo General de la Abogacía de España (CGAE).

Conforme va pasando el tiempo desde que concluyó mi mandato, más agradecido y orgulloso me siento de las dos Juntas de Gobierno que presidí.

Juntas valientes y firmemente comprometidas con la abogacía. Recuerdo cuando la Junta de Andalucía decidió no pagar el trabajo que hacíamos los abogados de oficio cuando un juzgado pedía designación por el artículo 21.

Para la Junta de Andalucía, no era suficiente la resolución judicial y se agarraba para no pagarnos de una forma mezquina en que faltando la solicitud del justiciable no se pagaba a los abogados que nos dejábamos la piel en nuestro trabajo. 

Pues bien, con el respaldo de mi Junta de Gobierno y con la inestimable ayuda de mi diputado del turno de oficio Guillermo Smerdou Gámez, decidimos no hacer más designaciones en estos supuestos y ello pese a los inmediatos apercibimientos judiciales.

Dejamos de designar, y al poco tiempo se llegó a un acuerdo y los LAJs comenzaron a hacer constar diligencias que salvaban la incompresible excusa de la Junta para no pagarnos y abusar de nosotros.  

Recuerdo también cuando de la sede judicial de Estepona nos echaron, literalmente, del espacio dónde prestábamos el servicio público del SOJ.

Tras las correspondientes gestiones tratando de que se nos ubicase en el algún espacio del edificio, que, por supuesto resultaron infructuosas porque no quedaba ningún espacio libre, acordamos suprimir el servicio presencial en Estepona e informar a los ciudadanos que solicitasen la justicia gratuita en el Juzgado Decano y éste conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1996 nos remitiese a la sede colegial las solicitudes.

Como pueden imaginar el resultado fue que, tras varias semanas de colapso en el Juzgado Decano, milagrosamente apareció un espacio para que pudiésemos seguir prestando el servicio. 

Y como no, la lucha contra las tasas.

Se organizó en Málaga una manifestación togada como 3.500 asistentes. Posteriormente se organizó en Madrid por el CGAE con la comisión de justicia gratuita a la cabeza y se implicaron todos los colegios.

El resultado no pudo ser mejor.  

Y estos recuerdos me vienen por la huelga de los LAJs. No bastan las gestiones institucionales que, por supuesto son imprescindibles y necesarias, no bastan los comunicados y notas de prensa.

No bastan las gestiones institucionales que, por supuesto son imprescindibles y necesarias, no bastan los comunicados y notas de prensa. ¿Con qué legitimidad nos dirá ahora un LAJ o un Juez que no se suspende una actuación procesal si el abogado de oficio está en huelga?          

Mi experiencia fue, que había que hacer lo que han hecho los LAJs, causar algo más que ruido para conseguir nuestros propósitos, aunque fuese de manera parcial y no total. Los LAJs nos han dado una lección.

Reconozcámoslo. Pero no nos podemos quedar en valorar lo que ha hecho otro colectivo.

 ¿Qué podemos hacer nosotros los abogados? Siempre se nos ha dicho que no tenemos derecho a la huelga, porque afecta a derechos fundamentales; porque en los juicios hay dos partes, etc.  

Claro, será que, con la suspensión de las actuaciones por la huelga de los LAJs, no se afectaban a derechos fundamentales (estos solo se ven afectados si somos los abogados los que nos plantamos); y la excusa de que en los juicios hay dos partes y si se suspende por huelga de una de las defensas, se perjudica a la otra que igual no es de oficio.

Pues será que será que los LAJs han sido muy selectivos y no suspendían si había un abogado particular porque no tengo noticias de muchas denuncias ni demandas de las partes afectadas.  

Es el momento.

¿Con qué legitimidad nos dirá ahora un LAJ o un Juez que no se suspende una actuación procesal si el abogado de oficio está en huelga?          

Insisto, es el momento de reivindicar la dignidad de la justicia gratuita y de la abogacía de oficio.

Hagámoslo bien, respetando menores, causas con presos, detenidos, etc., pero no dejemos pasar esta oportunidad que la valentía de los LAJS nos han puesto en bandeja.  Ahora irán los funcionarios, incluso los jueces y magistrados.

¿Y nosotros?

¿Seguiremos siendo cobardes de por vida?

Si la respuesta es afirmativa, nos merecemos el ninguneo de la Administración a la abogacía de oficio y a los ciudadanos más desfavorecidos. 

Yo por lo pronto estaré el próximo día 27 de abril estaré ante el Congreso de los Diputados.

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