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La inadmisible aplicación de la diferente “vara de medir” con respecto a los abogados

La inadmisible aplicación de la diferente “vara de medir” con respecto a los abogados
El autor, José María Alonso, fue decano del Colegio de la Abogacía de Madrid desde 2017 hasta 2023. Actualmente es presidente del CIAM. Foto: Confilegal.
27/4/2023 16:25
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Actualizado: 27/4/2023 16:28
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La Justicia ha estado paralizada los últimos meses como consecuencia de la huelga de los letrados de las Administraciones de Justicia (LAJ).  Por si ello no fuera suficiente, solucionado el conflicto con los, LAJ ahora los funcionarios de Justicia, sin solución de continuidad, convocan la huelga de su colectivo. 

Y, para poner “el último clavo en el ataúd de la Justicia”, los jueces y fiscales “se ponen a la cola” y anuncian ya que se declararán en huelga, en un avance similar al que relata Joseph Conrad en el “Corazón de las tinieblas” donde el rio – la Justicia – se va haciendo cada vez más estrecho , oscuro e incierto.

Y aquí parece que no pasa nada, pues la Justicia, como es unánimemente admitido, no proporciona votos.

No es mi misión, ni pretendo, valorar o criticar las pretensiones de los distintos operadores de la Administración de Justicia, aunque parto de la base de que, en mi opinión y para la importancia de la función que desempeñan, están claramente mal retribuidos.

Pero lo que sí tengo es el derecho a decir, no sólo como decano del ICAM durante los últimos 5 años, sino también como abogado colegiado durante 45 años, es que me resulta totalmente inaceptable, por profundamente injusto, el trato que los abogados y procuradores recibimos tanto de la ley como de los jueces, los fiscales, los LAJ y los funcionarios, y de la sociedad en general, cuando pretendemos reivindicar nuestros legítimos derechos.

He dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, que los abogados y procuradores de los tribunales somos tan importantes para el funcionamiento de la Administración de Justicia como lo son los jueces, los fiscales, los LAJ o los funcionarios.

Cada uno en su papel, pero absolutamente iguales.  Si no hubiese abogados, viviríamos en un permanente “Proceso de Kafka”, donde el Estado de Derecho, el derecho de defensa y la seguridad jurídica sencillamente no existirían.  A una mesa de cuatro patas no se le puede quitar una porque las leyes físicas harán que se caiga.

Siendo esto obvio, ni la ley ni los demás operadores de la Justicia nos tratan como iguales.  Parece que somos “paseantes” de los juzgados o, simplemente, actores de segunda clase, lo que es sencillamente inaceptable.

Si los abogados  en defensa de nuestros legítimos derechos, nos declarásemos en huelga y no atendiéramos los plazos procesales, dichos plazos nos precluirían e incidiríamos en responsabilidad civil e, incluso, penal. 

Y no digamos ya si el abogado pertenece al turno de oficio, en donde la sanción podría llegar a la expulsión del turno, que constituye el medio de vida para miles de profesionales de la abogacía. 

Estoy seguro, además, de que si a los jueces, fiscales, LAJ o funcionarios se les retribuyera conforme a los mismos baremos con los que se retribuye a la abogacía de oficio estarían permanentemente en huelga.

Pero lo más grave de lo que está sucediendo es que los jueces, los fiscales y los LAJ también están sometidos a plazos por las leyes procesales, pero la realidad es que su incumplimiento no tiene ninguna consecuencia para ellos (incumplimiento que es una consecuencia directa e inexorable del estado de huelga); plazos que, no se olvide nunca, constituyen orden público. 

Nosotros, incluso podemos ir a la cárcel, y que se lo digan si no al decano de un colegio de abogados quien ha sido procesado por negarse a designar abogados del turno a quienes no se proveía de las más elementales medidas de protección durante la pandemia.

Por otra parte, es indiscutible que la insoportable paralización de la Justicia afecta de plano al conjunto de la ciudadanía. Pero, ¿quién le explica al ciudadano que su demanda no se reparte; que su procedimiento no avanza; que su juicio no se celebra, ni se sabe cuando se va a celebrar; que la sentencia no se dicta o sencillamente no se ejecuta? 

Evidentemente, ni el juez, ni el fiscal ni el LAJ – únicos responsables de dicha inacción – se tienen que “poner colorados” frente al cliente; usualmente el abogado, pese a no tener responsabilidad alguna en la dilación, es el que tiene que sufrir su desconfianza y su enfado; y vaya usted a quejarse al juzgado, pues tiene muchas papeletas de ser despachado “con cajas destempladas”.

A mayor abundamiento ¿Por qué los jueces, los fiscales, los LAJ y los funcionarios se declaran en huelga?  Porque consideran que sus retribuciones no son justas y tienen que ser incrementadas.  Lo entiendo y lo apoyo. 

Pero, ¿qué pasa con los abogados que no pueden facturar a sus clientes porque el procedimiento no avanza, precisamente porque están en huelga los obligados a impulsar dicho procedimiento? ¿Cómo pagan el alquiler de su despacho, a sus colaboradores o, sencillamente, cómo cubren sus necesidades vitales? 

Pero, evidentemente, eso no parece importarles a los huelguistas, quienes solo miran por sus propios intereses.

Este diferente trato, esa diferente “vara de medir”, es palmariamente injusta e intolerable.  Los paganos de esta situación no podemos seguir siendo siempre los mismos; máxime cuando ni siquiera se tiene en consideración el enorme precio que pagamos.

Pero tenemos que seguir peleando y denunciando tamaña injusticia; yo, desde luego, no lo voy a dejar de hacer, como voy a seguir recomendando la utilización por la ciudadanía y por los abogados de los medios alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación y el arbitraje, como únicos mecanismos eficaces de defensa de los derechos subjetivos frente a una Administración de Justicia que, sencillamente, no funciona.

Me consta que la Abogacía institucional hace todo lo que puede para luchar contra este inaceptable desprecio.   Pero poco se puede conseguir cuando los demás integrantes de la Administración de Justicia saben que estamos atados por los plazos y los clientes; por lo que constituye nuestro medio de ganarnos la vida, que a ellos parece no afectarles.

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