La ‘Plataforma conjunta de policías y guardias civiles por una jubilación digna y la plena equiparación salarial’, integrada por 13 organizaciones de la Policía Nacional y la Benemérita, ha convocado para el próximo 10 de mayo -miércoles-, a las 11:30, una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados bajo el lema “Con nuestro pan no se juega».
En España, la Guardia Civil y la Policía Nacional no están considerados “Grupos de Riesgo”, pero las policías autonómicas y policías locales sí. Esta plataforma denuncia que esto es «un desprecio» al servicio que prestan para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y protección de la población.
Además, señala que «este agravio» genera unas consecuencias, que se traducen en «unas peores condiciones» laborales durante el servicio activo, y económicas
cuando llega el momento de la jubilación para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Recuerda que la jubilación anticipada voluntaria con el 100% de la retribución está consolidada desde 2009 en la Ertzaintza, en 2019 se extendió a la Policía Local y en 2022 se aprobó para Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra. Sin embargo, policías y guardias civiles llevan años reclamando esta medida, pero sigue sin atenderse.
Esta plataforma solicita la apertura de una mesa de diálogo para que se cumpla «íntegramente» el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado por el Ministerio del Interior, y llegar a acuerdos para la aplicación de índices correctores en la jubilación.
«Son cuestiones esenciales para que se mejore la seguridad pública y homologuen las condiciones profesionales, económicas y sociales del conjunto de los cuerpos policiales que operan en España», explica.
Y advierte de que si el Gobierno de España «continúa dando la espalda» a las legítimas reivindicaciones de los policías y de los guardias civiles, la Plataforma anunciará nuevas acciones de protesta.
«Merecemos unos representantes gubernamentales a la altura de lo que demandan los profesionales de la seguridad pública», subraya.
Esta plataforma, presentada públicamente el pasado 23 de febrero, está integrada por Alternativa Sindical de Policía (ASP), la Confederación Española de Policía (CEP), EYA, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Profesional de Cabos, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) y la Unión de Oficiales (UO).
Según explica, policías y guardias civiles son «los únicos operadores de seguridad que no tienen acceso a la jubilación anticipada», y que se ven «abocados a estar en servicio en una profesión que la Administración se niega a reconocer de riesgo».
Indica que el ejercicio de la profesión «implica una capacidad psicofísica que, evidentemente, en algunos casos requiere optar a una jubilación anticipada» pero que los funcionarios de estos dos Cuerpos no pueden optar a ella porque «no podrían llegar a fin de mes».
Los guardias civiles solicitan tener elección a la hora del pase a reserva y que se les permita continuar en servicio activo de forma voluntaria hasta alcanzar la edad de jubilación.
Para transmitir a la opinión pública esta situación derivada de la «discriminación sufrida respecto a otros operadores de seguridad», desde el 28 de febrero y en semanas alternas, representantes de la plataforma se concentran ante el Palacio de La Moncloa.
«La ciudadanía debe saber que los que se preocupan día a día por su seguridad vivimos inseguros. Nos vemos trabajando en una profesión de riesgo hasta los 65 años, en unas condiciones muchas veces precarias para una actividad profesional, como la nuestra, en la que no es factible que los policías ejerzan labores operativas hasta esa edad», expone esta plataforma.
Por otra parte, destaca que «otro capítulo no cerrado es la materialización del Acuerdo de Equiparación Salarial». Al respecto, afirma que es necesaria la ejecución de un nuevo informe elaborado por una consultora externa, donde se deben fijar las correcciones necesarias, y que esta tenga acceso a la información respecto a la financiación de los Mossos, y así pueda realizar una comparación puesto a puesto.
También se debe impulsar, según esta plataforma, «una iniciativa legislativa donde se garantice la finalización de una vez por todas de las disfunciones salariales entre policías que realicen las mismas funciones».
Otra cláusula del acuerdo pendiente de materialización, según expone, es la tercera, sobre incentivar el reingreso de los agentes en segunda actividad y reserva, «quienes atesoran una experiencia importante y paliarían de una forma considerable las carencias de recursos humanos de ambos cuerpos».
«Debido a la falta de atención a las peticiones de encuentro que desde la plataforma hemos trasladado al Gobierno, y más concretamente al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, así como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los policías y los guardias civiles volvemos a visibilizar el conflicto», esta vez con una movilización frente al Congreso, concluyen estas organizaciones.
