Las personas afiliadas y simpatizantes de las centrales sindicales mayoritarias vuelven a llenar las calles de nuestras ciudades, en marchas alegres y combativas. La imagen se repite año tras año, pero van variando las concretas reivindicaciones sindicales.
Para las movilizaciones de este 1º de mayo, y en el contexto de la galopante inflación que desencadenó la invasión de Ucrania, los sindicatos están centrando sus agendas en el ámbito de la actualización de salarios, anunciando movilizaciones intensas si la CEOE no cede, en la discusión del nuevo Acuerdo Interconfederal para la Negociación colectiva, en su reivindicación de incrementos salariales significativos.
Si llega la convocatoria de huelga, lo será contra la patronal mayoritaria.
Y es que, a fecha de hoy, contra el Gobierno español parece que no hay queja. No es para menos. En ese sentimiento destaca con mayúsculas un nombre: Yolanda Díaz, abogada laboralista hija de un histórico líder sindical gallego que, desde que llegó al Ministerio de Trabajo y Economía Social a principios de 2020, ha puesto patas arriba nuestra legislación laboral mediante:
• el paulatino incremento del salario mínimo interprofesional;
• la desaparición del despido objetivo por absentismo;
• la aplicación, durante la pandemia de la COVID-19, de un innegable “escudo social”, la facilitación del acceso a las prestaciones por desempleo y el tan alardeado “prohibido despedir”;
• la regulación del trabajo a distancia;
• la potenciación de las políticas de igualdad de género y la ampliación del número de empresas que deben contar con un plan de igualdad (obligación que está siendo muy difícil de materializar, principalmente por causa de la inoperancia sindical, que está imposibilitando conformar mesas de negociación de esos planes);
• en materia de negociación colectiva, la recuperación de la ultractividad de los convenios;
• la reforma de la contratación laboral, hasta la actual severa limitación de uso de los contratos temporales…
En suma, un alud de transformaciones del panorama regulador de las relaciones laborales de nuestro país que pocos podíamos atisbar al inicio de la actual legislatura. Por su lado, las organizaciones patronales poco están pudiendo hacer a la hora de influir en las actuales mayorías parlamentarias.
Y desde el iuslaboralismo profesional, estamos asistiendo con asombro -estupor en unos casos, y admiración, en otros- a la plasmación de la innegable capacidad de acción política que han demostrado la Ministra-Vicepresidenta 2ª Díaz y su equipo, en cuya composición se hace necesario destacar la presencia y labor del Secretario de Estado de Empleo, el profesor de Derecho del Trabajo Joaquín Pérez Rey.
Su libro “El despido o la violencia del poder privado” (Trotta, Madrid, 2009), firmado al alimón con el influyente catedrático Dr. Antonio Baylos, debería ser lectura obligada para cualquier jurista que se inicie en el asesoramiento en el ámbito de las relaciones laborales de nuestro país.
Ese opúsculo tiene otro valor, oculto hasta hace algún tiempo: en buena medida, anticipaba la narrativa de parte relevante de lo que está siendo la actual obra de gobierno en materia laboral.
Otro agente clave en esta “revolución doméstica” es la directora general de Trabajo, la inspectora de trabajo y también profesora Verónica Martínez Barbero, principal impulsora de la reforma de la contratación, e inspiradora de los actuales programas de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; organismo independiente -no lo olvidemos- adscrito a ese mismo Ministerio.
No les falta razón cuando predica la Ministra que, en poco tiempo, han conseguido más para los derechos de las personas trabajadoras que otros en los cuarenta años previos de democracia.
Solo el transcurso del tiempo dirá si el paso de Yolanda Díaz por el Ministerio dejará tan indeleble huella en la legislación laboral como las de Eduardo Dato o José Antonio Girón.
Esa innegable labor reformadora -que no solo niega, sino que afirma, sin rubor, su marcado carácter ideológico (en una escenificación dialéctica a la que es fácil intuirle el ánimo de obtención de un próximo rédito electoral)-, tiene su lado oscuro en una pulsión hiperreguladora y sancionadora que no ha hecho sino multiplicar las exigencias para las empresas e innegables incrementos de costes, directos e indirectos, que nos colocan en umbrales de peligrosa puesta en discusión del principio empresarial de obtención de beneficios.
La tentación de convertir a los empresarios en los “malos de la película” sería un error que podría traer consecuencias fatales para nuestro sistema productivo.
Ahora más que nunca, los consensos amplios que tan buenos frutos dieron en el pasado son imprescindibles.
Por formación, por práctica y como aspiración, los abogados laboralistas sabemos hacer eso bien.
