La Fiscalía General del Estado ha emitido este jueves un informe para dar respuesta al escrito de la asociación JUCIL en el que solicitaban la ilegalización de la coalición EH Bildu.
La petición, que se llevó a cabo el pasado martes surgió debido a la inclusión de 44 etarras en sus listas electorales para el 28 de mayo, 7 de ellos condenados por asesinato terrorista.
El informe, firmado por la fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, y por el Fiscal de Sala de la sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, concluye que “en atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática”.
Y, por tanto, “debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad a que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP)” al no concurrir indicios “mínimamente racionales de ninguna de las conductas previstas en el artículo 9.2 de la LOPP que permitan valorar los hechos referenciados, concluye.
