La Ejecutiva de la APM, de izquierda a derecha: Javier Martínez Martín, Juan José Carbonero, María Eugenia Alegret Burgués, Dimitry Berberoff, María Jesús del Barco, Concepción Jerez, Alejandro González Mariscal de Gante, Ignacio Picatoste, María José Rivas, y José Ignacio Vilaplana; falta en la imagen María Luace, quien no pudo estar por cuestiones personales. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La APM explica las razones por las que no firma: «La raquítica subida del 6 % es indignante, humillante y un insulto»
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19/5/2023 21:56
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Actualizado: 19/5/2023 22:38
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha explicado las razones por las que se niega a firmar la oferta realizada por el Gobierno, a diferencia de las otras tres asociaciones de jueces y las tres de fiscales.
«La raquítica subida del 6,5 % nos parece indignante, humillante y un insulto», explica en un largo comunicado de 11 folios.
«La decisión que hemos adoptado no ha sido fácil, sabemos que es una decisión comprometida y, seguramente, difícil de comprender para algunos, pero lo hemos hecho desde el convencimiento de que es un acuerdo nefasto para todos nosotros, del que nos arrepentiremos pronto y que hiere profundamente y durante mucho tiempo nuestro régimen retributivo», cuentan.
La APM considera que el resto de las asociaciones de jueces –la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– abjuraron de la cuantificación de la pérdida del 22 % del poder adquisitivo de la carrera desde 2003, acordada en un documento en febrero de 2022 en el Congreso Interasociativo de Albacete.
Asociaciones que parecen haberle comprado al Gobierno su relato sobre el riesgo de que la huelga de jueces podía utilizarse para influir en las elecciones del próximo 28 de mayo, a favor del principal partido de la oposición, sugiere la asociación conservadora.
Algo que la APM niega con vehemencia.
No hubo motivación política de ningún tipo.
«Somos jueces, conocemos la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cuando decidimos hacer la convocatoria de huelga ya sabíamos que las elecciones iban a ser el día que marca la ley, el 28 de mayo», explica.
Y añade: «Pero es que todas las asociaciones coincidimos, y así lo trasladamos a los medios de comunicación cuando fuimos preguntados, que la coincidencia no respondía a nuestra voluntad sino a la del propio Ministerio; el Ministerio de Justicia decidió, a pesar de estar requerido desde el año 2021, no convocarnos hasta septiembre de 2022; y fue el mismo Ministerio el que nos desconvocó también en octubre del año pasado. La fecha de la convocatoria para el 3 de mayo la decidió el Ministerio de Justicia, no la decidimos las asociaciones de jueces».
La APM recuerda, además, que el año pasado las cuatro asociaciones interpusieron una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno por no realizar una convocatoria formal de la Mesa de Retribuciones, a la que estaba obligado por la Ley 15/2003.
Fue el Gobierno el que eligió el «timing» del conflicto con su actitud.
A LOS LETRADOS JUDICIALES SE LES DIO UNA SUBIDA ENTRE UN 10 Y UN 15 % FUERA DE LA SUBIDA GENERAL PACTADA
La APM subraya que el acuerdo suscrito con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), tras dos meses de huelga, supuso una subida lineal del salario de estos funcionarios de entre un 10 y un 15 %, «fuera de la subida general pactada por los sindicatos para toda la función pública».
La oferta que el Gobierno realizó el pasado 3 de mayo, miércoles –44 millones de euros– equivalía a un 6 % del incremento salarial.
El Comité Ejecutivo de la APM se reunió el 5 de mayo estudió la propuesta. Concluyó que la propuesta era insuficiente porque solo permitía recuperar un tercio de la pérdida de poder adquisitivo.
Consideraron, como poco, indigna una oferta que equivalía a la mitad de lo ofrecido a los LAJ.
LO QUE SUPONE ACEPTAR LA OFERTA DEL GOBIERNO
La asociación conservadora argumenta que la aceptación de la oferta del Gobierno supone algo muy peligroso: renunciar a recuperar la pérdida de poder adquisitivo.
«Ya no podremos reclamar ni a este Gobierno ni a los sucesivos lo que ahora renunciamos al aceptarse por algunos el 6,5%, es decir, la diferencia hasta el 22%, o sea, un 15,5%. Esta pérdida se trasladará también a las ulteriores actualizaciones del IPC y a todas las hipotéticas subidas futuras que se calculan sobre el total de nuestro salario. Y lo peor, no sabemos cuándo se producirá una nueva revisión de nuestras retribuciones y nos condenamos así durante mucho a tiempo a aceptar esta subida mínima», afirma.
Por eso mantuvieron, explican, su postura. Para intentar conseguir al menos una subida lineal de un 13 o un 14 %.
«Sabíamos, lógicamente, que el Ministerio no iba a aceptar una subida del 18%. No somos ingenuos. Pero estábamos al inicio del proceso de negociación, y después de 20 años esperando la convocatoria de la mesa de retribuciones, no parecía razonable asumir la cantidad ofrecida».
UN MENSAJE DE WHATSAPP QUE ROMPIÓ EL FRENTE ASOCIATIVO
La APM fija la ruptura del frente común en un mensaje a través del grupo de WhatsApp de las asociaciones que realizó la Francisco de Vitoria el domingo 7 de mayo.
«Ese día la asociación judicial Francisco de Vitoria envió un mensaje de WhatsApp a ese chat indicando que su posición sería que la oferta del Ministerio de Justicia se situara en un entorno nunca inferior a los 67 millones de euros, cantidad que no representa siquiera el 9% de subida lineal», relata.
En ese momento supieron en la APM que «cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo digno se había esfumado porque, no nos engañemos, en un chat donde hay representantes de todas las asociaciones, -siete-, todos sabemos que puede haber filtraciones y que en el Ministerio de Justicia conocerían en poco tiempo que nos conformábamos con esa cantidad».
«De hecho, a media tarde ya recibíamos llamadas de teléfono de periodistas que conocían este mensaje y nos alertaban de que esto rompía toda posibilidad de éxito porque en el Ministerio de Justicia ya sabían que alguno cedía pronto».
Al día siguiente, el Gobierno, representado por los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia, elevó su oferta de 44 a 46,7 millones de euros.
«Desde la Asociación Profesional de la Magistratura entendimos que el Ministerio de Justicia no podía ofrecer una cantidad inferior a 74 millones de euros, para poder alcanzar al menos una subida lineal del 10 %; Francisco de Vitoria hizo una propuesta de 67 millones y la asociación Unión Progresista de Fiscales de algo más de 62 millones», cuenta la APM.
Juezas y Jueces para la Democracia estuvo de acuerdo con la subida del 6,5 %.
El Gobierno no aceptó tampoco la propuesta de los fiscales a pesar de ser la más baja.
Fueron convocados a nueva nueva reunión el 10 de mayo, para examinar esta última propuesta, que no difirió de los 44 millones realizada el 3 de mayo. Por lo que mantuvieron la propuesta de 74 millones y, en última instancia, aceptar la de los 67 millones de la Francisco de Vitoria. Una propuesta que la AJFV después rebajó a 53 millones, lo que suponía una subida lineal del entorno del 7 %.
EL GOBIERNO NO IBA A MARCAR LA AGENDA DE LA APM
«Con respecto a la suspensión del inicio de la huelga indefinida, todos pudimos ver como esa misma tarde la Asociación de Fiscales suspendía la huelga del día 16 y la trasladaba al 19 (por cierto, viernes) y, a la mañana siguiente, Francisco de Vitoria suspendía la huelga hasta el día 22 de mayo; a esta fecha se sumaría con posterioridad APIF y Foro Judicial Independiente; Juezas y Jueces para la Democracia nunca había convocado huelga, estaba conforme con la cantidad ofrecida, por tanto, ninguna actuación se esperaba de su parte», refiere la APM.
La Comisión Permanente de la APM se reunió el 11 de mayo. Decidió suspender la huelga sin fecha, porque no podían saber lo que iba a ocurrir en la reunión del martes 16 de mayo con el Gobierno.
«No estábamos dispuestos a que el secretario de Estado de Justicia [Tontxu Rodríguez] ni nadie nos marcara la agenda y nos dijera si teníamos que hacer huelga el 22 u otro día diferente. Somos jueces y nuestra independencia se defiende siempre, frente a todos y frente a todo».
El Ministerio de Justicia consiguió lo que quería: el aplazamiento de la huelga indefinida de jueces. «A cambio, nos presentó la misma oferta económica, de 46,7 millones de euros, que representa una subida lineal del 6,5%. La misma subida ofrecida el día 8 de mayo. No ha habido voluntad alguna por parte del Ministerio de Justicia de elevar esa cantidad».
Por eso, la Comisión Permanente de la APM acordó el 17 de mayo no aceptar el acuerdo propuesto por el Gobierno por ser «insuficiente e inasumible».
LA SUBIDA REAL
«En el acuerdo del Ministerio la subida se cifra en la cantidad de 440 euros brutos en cuantía mensual para los magistrados de órganos colegiados y 450 euros brutos para los Jueces y Magistrados de órgano unipersonal, sobre doce mensualidades, si bien la cuantía total anual resultante se devengará y prorrateará en catorce pagas, incluyéndose dentro de las mismas las dos pagas extraordinarias; de modo que el importe bruto debe multiplicarse por 12 y dividirse entre 14 pagas, y así la cuantía bruta va a ser de 377,14 euros para los magistrados de órganos colegiados y 385,71 euros para los Jueces y Magistrados de órganos unipersonales. Todos estos importes con efectos retroactivos al 1 de enero de 2023. Esta cantidad se va a satisfacer en tres plazos, en los siguientes hitos:
«1). El primero de ellos, que se pagaría en el mes de octubre de 2023, se refiere al 40% del incremento propuesto, lo que supone que el Magistrado de órgano colegiado, durante todo el año 2023, percibirá una subida bruta de 150,85 euros, y el Juez y Magistrado de órgano unipersonal una subida bruta de 154,28 euros.
«2). El segundo, referido al 40% del incremento propuesto se devengará el 1 de enero de 2024, lo que supone que el Magistrado de órgano colegiado, durante el período comprendido entre enero y junio de 2024, percibirá una subida bruta de 301,72 euros, y el Juez y Magistrado de órgano unipersonal una subida bruta de 308,56 euros.
«3). El 20% restante del incremento propuesto tendrá efectos económicos desde el 1 de julio de 2024, en los importes ya señalados de 377,14 euros para los magistrados de órganos colegiados y 385,71 euros para los Jueces y Magistrados de órganos unipersonales.
«Si a estas cantidades les aplicamos una retención que oscila entre el 25 y el 33%, partiendo de que quien sufre la menor retención es el juez por ser su salario inferior al de un Magistrado de órgano colegiado, las cuantías netas serían las que aparecen en el siguiente cuadro:»
«No somos nosotros los que aceptamos el día 23 de mayo lo mismo que se nos ofreció el 8 de mayo; hubiera sido muy fácil ahorrarnos todos estos 15 días de reuniones y de trabajo. No somos nosotros tampoco los que asumimos la misma subida que los LAJ, porque si la subida es idéntica en la cuantía, en definitiva, nuestra subida lineal es inferior a la suya y ello nos sitúa en una situación económica peor, por no hablar de otro tipo de consecuencias que todos adivinamos».
Y concluye la APM: «La Asociación Profesional de la Magistratura seguirá luchando siempre por la dignidad de la carrera judicial. Es nuestra razón de ser».
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