Sobre el último comunicado de la APM y la unidad asociativa judicial

PRIMERO. Como los lectores ya conocerán, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), anunciaron el pasado 18 de mayo de 2023 su intención de firmar el Acuerdo planteado durante las negociaciones de la Mesa de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal, y la desconvocatoria de la huelga indefinida cuyo inicio se había fijado finalmente para el 22 de mayo de 2022.

Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no se habían adherido a la convocatoria de huelga, ya habían anunciado previamente su intención de suscribir el Acuerdo.

Todas estas asociaciones indicaron en sus comunicados que su decisión se tomaba teniendo en cuenta la opinión de sus miembros, y varias de ellas han hecho públicos los resultados de las consultas realizadas entre sus bases.

Resultados, por cierto, bastante apabullantes.

SEGUNDO. Al día siguiente, 19 de mayo de 2023, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emitió un comunicado dirigido a la carrera judicial, explicando los motivos de su negativa a firmar el mencionado Acuerdo, que en el momento de redactar estas líneas está pendiente de suscripción.

Aunque días antes APM había desconvocado la huelga sin fecha, el rechazo al Acuerdo no ha supuesto la reactivación de la huelga desconvocada, ni el anuncio de una nueva convocatoria.

Por resumir, APM califica el Acuerdo como “insuficiente, indigno e inaceptable” y, tras exponer su versión del proceso negociador en un texto de 11 folios, acaba afirmando que “seguirá luchando siempre por la dignidad de la carrera judicial”.

No se alude a ninguna consulta hecha a las bases de manera expresa sobre el Acuerdo ofrecido por el Gobierno, sino sólo a la realizada antes de iniciarse la Mesa de Retribuciones.

Cabe entender, por tanto, que son los órganos directivos de APM quienes han tomado la última decisión de no suscribir el Acuerdo.

COMUNICADO INAUDITO

TERCERO. El comunicado de APM me parece inaudito por su contenido. Pero, sobre todo, me ha dolido como juez que entiende la unidad asociativa como valor imprescindible para la defensa de los intereses de la carrera judicial y del ciudadano.

Y ello por no hablar del absoluto respeto y de los lazos de afecto y amistad que mantengo con muchos miembros de dicha asociación, que supongo que ahora se sentirán cuando menos incómodos, y que actuarán en consecuencia.

Y es que APM puede considerar el Acuerdo inaceptable, defender su postura con mil y un argumentos, e incluso criticar al resto de asociaciones, pero nunca apelando genéricamente a la dignidad de la carrera judicial. APM está acusando, velada pero inequívocamente, de “falta de dignidad” a quienes piensan de otra manera, y eso es inadmisible.

CUARTO. El relato que APM hace del proceso negociador parte de una media verdad. Es cierto que en el Congreso Interasociativo de Albacete de 2022 las cuatro asociaciones judiciales cifraron en un 23% la pérdida de poder adquisitivo de jueces y magistrados desde 2003.

Pero ello no significaba que, llegada la Mesa de Retribuciones, hubiese que hacer una petición basada en ese porcentaje (unos 170 millones de euros, aproximadamente), como exigencia para no ir a la huelga. Es más, del texto de APM se desprende que ni siquiera ella se fijó tal planteamiento como estrategia real de negociación.

Supongamos, por un momento, que el resto de datos que se incluyen en el comunicado de APM son ciertos. Ello revelaría, cuando menos, que el proceso negociador se ha llevado de manera nefasta por las asociaciones de jueces y fiscales.

No puedo hablar de las demás, sí me alegra que se diga que el representante de FJI (la mía) nunca llevó a la Mesa una reivindicación dineraria concreta. Cualquier petición tenía que haberse hecho previo consenso entre los representantes de todas las asociaciones, en aras del éxito del proceso. Ahora queda claro que al menos APM no lo vio así, y los resultados han sido los que ahora tenemos.

EL GOBIERNO NEGOCIÓ CONTRA EL EJÉRCITO DE PANCHO VILLA

El pasado 8 de mayo, en la segunda reunión, el Gobierno hizo una oferta de 46,7 millones de euros, y constató que estaba negociando con el ejército de Pancho Villa. Lo tenía ganado. Le bastaba con publicitar la falta de unidad asociativa (le faltó tiempo) y mantenerse inflexible en su oferta.

A partir de ahí, no puso ni un céntimo más sobre la mesa, ni siquiera tras arrancar de las asociaciones la posposición del inicio de la huelga.

No había más, lentejas.

Sí, quizá el Gobierno no fue muy leal, pero ocho días después, sin avance alguno, estaba claro que el proceso estaba finiquitado, máxime cuando el Ministerio ya había dicho, por activa y por pasiva, que ésa era su última oferta económica.

Sólo había dos opciones: aceptar la propuesta o ir a la huelga. Es cierto que había una tercera, que se antojaba absurda y extravagante, y que ahora parece defender APM: darse de cabezazos contra la pared y seguir insistiendo en un proceso de negociación agotado, sin ir a la huelga.

A mí, y creo que a casi todos, se me antoja difícil de entender esa opción, salvo motivaciones extraprofesionales que prefiero obviar. O se firmaba, o se actuaba.

QUINTO. APM habla de “Judas” en su cuenta oficial de Twitter, para referirse a las firmantes del acuerdo.

¿A quién está llamando traidores, exactamente?

Si se refiere a los representantes de las asociaciones que, llegados a ese punto, decidimos preguntar a las bases qué decisión tomar, revelaría que APM no tolera que otras asociaciones se rijan por mecanismos de democracia interna. Inaceptable.

Si se refiere a los centenares de compañeros y compañeras que han votado en las consultas a favor de aceptar el Acuerdo, es aún peor. Si para justificar tus posiciones has de insultar a quienes supuestamente estás defendiendo, vamos muy mal.

SEXTO. Los resultados de las distintas consultas internas dejan claro lo que muchos ya veníamos diciendo desde hace tiempo. La huelga no era un escenario querido por el grueso de la carrera judicial.

La convocatoria fue apoyada porque se consideraba necesaria como herramienta de presión, después del tortuoso camino recorrido hasta la celebración de la Mesa de Retribuciones, pero no porque el colectivo tuviese ganas de hacer huelga.

Y, como en cualquier conflicto, votar entre el Acuerdo propuesto por el Gobierno o lanzarse al ejercicio efectivo de la huelga, no era una disyuntiva que tuviese que resolverse en función de criterios de dignidad, sino de estrategia pura y dura.

En el seno de cada asociación se ha producido ese debate, y el mismo se ha resuelto de manera civilizada, sin tirarnos los trastos a la cabeza.

Criticar ahora a quien se ha decantado por una opción diferente de la tuya, sin más argumentos que la descalificación, no es signo de integridad, sino más bien de soberbia y resentimiento.

NO HABRÁ INDEPENDENCIA JUDICIAL SIN INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS JUECES

SÉPTIMO. Como se dice en su comunicado, es cierto que APM es la asociación mayoritaria en la carrera judicial, y representa aproximadamente a un 25% de los jueces y magistrados.

Nada menos, pero tampoco nada más.

Al final, tres asociaciones judiciales (junto con las tres de fiscales) han aceptado firmar el Acuerdo con el Gobierno, y una de ellas ha decidido no hacerlo. Y la que se queda sola acusa a las demás de romper la unidad asociativa.

El mundo al revés. Con perdón, manda h…

OCTAVO. Las cuatro asociaciones judiciales están de acuerdo en que debe mantenerse un proceso de negociación, porque las aspiraciones de la carrera están muy lejos de ser colmadas.

No habrá independencia judicial plena si no hay independencia económica de los miembros de la carrera. Es preciso que los jueces y magistrados de este país disfruten de unas condiciones laborales adecuadas, con una carga de trabajo proporcionada y razonable, y que exista una planta judicial con un número de jueces y magistrados ajustado a los parámetros europeos.

Sólo así existirá un marco de garantías para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Para conseguir todo ello, frente a una Administración prestacional displicente y un CGPJ politizado y sometido, es urgente y necesario recomponer la unidad asociativa. APM ha anunciado que acudirá a las próximas reuniones de los grupos de trabajo con actitud constructiva, pero ha de quedar claro que no se puede construir nada desde el insulto. Unidad asociativa no significa que la exigencia más alta en una Mesa, o la que uno plantea, sea la mejor.

Tenemos mucho trabajo por delante.

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