Los vocales de la AF y APIF en el Consejo Fiscal reclaman que se suspenda la votación sobre la candidatura de Delgado a fiscal de Memoria Democrática
La exministra de Justicia y exfiscal general del Estado Dolores Delgado, en la toma de posesión de Álvaro García Ortiz como fiscal general. Foto: EP

Los vocales de la AF y APIF en el Consejo Fiscal reclaman que se suspenda la votación sobre la candidatura de Delgado a fiscal de Memoria Democrática

Han remitido sendos escritos al fiscal general con este llamamiento
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31/5/2023 13:51
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Actualizado: 31/5/2023 14:23
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Los vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en el Consejo Fiscal han reclamado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que suspenda el Pleno del 8 de junio en el que se pretende votar sobre la candidatura de Dolores Delgado a la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática, al considerar que pronto podría haber un nuevo Gobierno y «tal vez» otra persona al frente del Ministerio Público.

Los seis vocales de la AF –Jorge Andújar Hernández, María Isabel Gómez López, Eva Más Curia, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde Megías-han enviado un escrito al fiscal general señalando que les «sorprende» que «poco después» de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la disolución de las Cortes se convocase el Pleno del Consejo Fiscal para el 8 de junio cuando estaba previsto para el día 19 de ese mes.

En su escrito destacan que «ninguno de los anteriores fiscales generales del Estado, una vez disuelto el Parlamento, ha realizado nombramientos de plazas discrecionales, y los que estaban pendientes quedaron diferidos para una vez que se aprobase o confirmase el nombramiento de Fiscal General por el nuevo parlamento y gobierno».

Los vocales de la AF afirman que la «premura» en la convocatoria «hace pensar que lo que se pretende por el fiscal general es apurar los plazos, legales, pero no adecuados al hasta ahora normal proceder de la Fiscalía General del Estado, para el nombramiento en puestos destacados de personas de su confianza».

Según exponen, dicha actuación «leva a un aumento de Fiscales de Sala y al designio de personas en la más alta institución de la Fiscalía que son de la confianza del actual fiscal general del Estado, pero que puede que no compartan razones de política criminal con el próximo fiscal general».

Para estos vocales, el «apresurado cambio de fechas» acordado por García Ortiz «da la apariencia de que las personas que serán nombradas ya están en la cabeza del fiscal general del Estado, con independencia de lo que diga el Consejo Fiscal».

Así las cosas, sostienen que «no existen razones de urgencia» que avalen la necesidad de cubrir las plazas para las que se convoca al Consejo Fiscal, y piden que se suspenda tanto el Pleno del 8 de junio como el del día 19.

SUSPENSIÓN O ABSTENCIÓN DEL FISCAL GENERAL

El vocal de la APIF en el Consejo Fiscal, Salvador Viada, también ha remitido un escrito al fiscal general reclamando que suspenda el Consejo Fiscal o que, al menos, se abstenga en la adjudicación de la plaza a la que aspira su antecesora.

«El vocal que suscribe no puede sino alarmarse por la celebración de un Consejo Fiscal -convocado con extraordinaria urgencia- en el que se van a informar dos plazas de fiscal de sala, dos horas después de que el presidente del Gobierno anunciara la celebración de elecciones generales para poco menos de dos meses», señala Viada, que también es presidente de la APIF.

Y subraya que su sorpresa no es aislada, sino que existe «mucha alarma» en la Carrera Fiscal por este asunto.

Apunta que no cuestiona la legalidad de anticipar este cónclave, sino «la oportunidad», por cuanto «en pocos meses se va a conformar un nuevo Gobierno, y tal vez, un nuevo fiscal general del Estado va a ser designado».

«Desde una perspectiva de respeto institucional, convendría dejar esos nombramientos hasta que un fiscal general, con cuatro años por delante de mandato, pueda trabajar designando a los fiscales de sala referidos conforme a un proyecto de futuro y no por el cortoplacismo y la urgencia de designar a los últimos altos cargos de la Fiscalía que sea posible antes del vencimiento del mandato», argumenta.

En cuanto a la petición de que García Ortiz se abstenga, Viada alega que los fiscales tienen un deber de imparcialidad que cree que el actual fiscal general no puede predicar en lo tocante a su predecesora por sus «relaciones personales y profesionales».

En este sentido, aduce que García Ortiz ascendió a la cúpula fiscal de la mano de Delgado, llegando a decir en su primer discurso como jefe del Ministerio Público que lo era gracias a la «generosidad» y a «honestidad» de la también exministra de Justicia.

«Me pregunto, desde el respeto a usted, y también a los cuatro aspirantes a la plaza que nos ocupa, si presenta una imagen de imparcialidad para resolver el asunto sin que el peso de las relaciones cruzadas que ha tenido con una de las candidatas pueda suponer una sospecha que contaminaría la decisión y lesionaría el derecho a una decisión imparcial de los demás candidatos», expone Viada.

Además, señala que «el riesgo de tomar una resolución por un órgano que debiera haberse abstenido podría suponer, eventualmente, y ante un recurso, la invalidez del acto adoptado (…), pero, sobre todo, en mi opinión, una lesión a la credibilidad del Ministerio Fiscal y un agravio a los demás candidatos y al conjunto de la carrera fiscal».

Añade que «parecidas circunstancias», aunque no con la misma «intensidad», se dan en la inspectora fiscal, María Antonia Sanz Gaite, porque también fue ascendida en su día por Delgado al tercer puesto de responsabilidad en la Carrera Fiscal.

«Por ello, someto a la consideración de usted examinar -en caso de optar por no suspender la celebración del Consejo Fiscal- si se dan en el presente caso las causas para que la imparcialidad objetiva de usted pueda verse afectada por dar una imagen objetiva de interés personal en la resolución de la plaza de fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y proceda, en su caso, a abstenerse en el presente expediente», plantea.

EN LA MÁXIMA CATEGORÍA

Fue el pasado enero cuando el Fiscal General del Estado dictó un decreto en el que otorgó a su antecesora, Dolores Delgado, las funciones del Ministerio Público en materia de Derechos Humanos, que son análogas a las de la futura Fiscalía de Memoria Democrática. 

El 11 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva oferta de plazas para la Carrera Fiscal, un total de 9, entre las que cabe hay dos de nueva creación, las de fiscales de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y contra Delitos de Odio y Discriminación.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática por la que se creó esa plaza, primero fue la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien asumió las funciones y, después, la propia Delgado, por orden de García Ortiz, al considerar que tiene un amplio conocimiento en la materia.

Delgado ascendió a la máxima categoría de la Carrera Fiscal el pasado septiembre, un par de meses después de que dimitiera como fiscal general alegando problemas de salud.

Aunque ese octubre debía haberse incorporado a su plaza en la Audiencia Nacional, García Ortiz la promovió a fiscal de sala del Tribunal Supremo (TS), concretamente de la Sala de lo Militar.

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