El Gobierno ha acordado hoy nombrar a la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, nueva fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, accediendo así a la propuesta realizada por su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, a pesar de la oposición de la mayoría del Consejo Fiscal, que ha advertido de que podría tratarse de un nombramiento nulo.
Ha sido anunciado por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reivindicando que el procedimiento ha sido «absolutamente transparente» porque tanto las bases como la concurrencia a esta convocatoria de plazas en la Fiscalía se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Rodríguez también ha querido aclarar que esta designación «no supone un ascenso» para Delgado.
La exfiscal general del Estado ascendió a la máxima categoría -fiscal de Sala- el pasado mes septiembre, también por decisión de Álvaro García Ortiz y en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que apoyó a otro candidato.
Asimismo, la portavoz del Ejecutivo ha defendido que el Gobierno «actúa en la potestad que le corresponde», conforme a la Ley de Memoria Democrática, por la que se creó esa plaza.
Según ha dicho, esta ley «viene a atender y dar respuesta a esas víctimas». «Y lo correcto es no privarlas de esa oportunidad», ha añadido.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha llevado la propuesta de nombramiento de Delgado al Consejo de Ministros después de que la Abogacía del Estado concluyera en un informe, encargado por la propia Llop, que no tenía margen legal para no elevarla a la mesa del Gobierno.
Estos movimientos se enmarcan en la polémica desatada el pasado jueves, cuando García Ortiz acordó designar a Delgado para la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos en contra de la mayoría del Consejo Fiscal, que entiende que la exfiscal general podría incurrir en una causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige una fundación dedicada a los Derechos Humanos.
El pasado lunes, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que suman 7 de los 11 vocales encargados de informar al fiscal general del Estado en materia de cargos discrecionales, enviaron sendos escritos al Gobierno advirtiendo de que la propuesta de nombramiento de Delgado podría ser nula porque no cumplió el trámite legal.
AF Y APIF APUNTAN A UNA POSIBLE NULIDAD
La AF se dirigió a Llop en una carta instándola a no dar traslado de dicha propuesta al Consejo de Ministros.
AF y APIF argumentaron que, dado que sus siete vocales decidieron no participar en la deliberación y votación sobre el citado puesto, el fiscal general no escuchó al Pleno -trámite preceptivo-, lo que impide que la elección de Delgado sea válida.
Además, advirtieron de que, si el Gobierno seguía adelante con la designación de Delgado, puede acabar recurrida en los tribunales.
De hecho, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, ha recurrido ante el Supremo el ascenso de la exfiscal general del Estado como fiscal de Sala de lo militar en esa misma sede judicial, plaza por la que él también competía.
