La Justicia no interesa a los políticos

La justicia está en una agitación sin precedentes. Huelgas de los diversos cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia, creando espectaculares atrasos en los órganos judiciales, con graves problemas para los ciudadanos que ven desatendido su derecho constitucional a una justicia efectiva; los abogados con quejas por el disfuncionamiento de los juzgados y protestas continuas y públicas por la insuficiente retribución del turno de oficio y las pensiones de jubilación de los afiliados a la antigua Mutualidad de la Abogacía, hoy peculiar  compañía de seguros.

Sobre esto se han escrito esclarecedores artículos en Confilegal así como de quejas sobre el trato inadecuado que muchos  profesionales reciben a veces de  diversos funcionarios de todos los niveles.

Dicho esto, conviene analizar diversos problemas de la justicia y cómo repercuten en el ciudadano, que es lo más importante.

Para ello, es preciso distinguir tres aspectos concretos:

Primero, el de la independencia de los jueces como tales, es decir, cómo detentadores del poder jurisdiccional.

Segundo, el del funcionamiento de la justicia como organización.

Y tercero, el de la independencia política de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

Vayamos con el primero.

Los jueces individualmente considerados, sin duda, son independientes a la hora de resolver un asunto. Esto, en el uso ordinario de la actividad judicial.

El problema es que muchos jueces viven en burbujas alejadas de la realidad. Esto lo produce en gran parte la regulación del sistema de acceso profesional. Muchos de los jueces s han pasado directamente de la Facultad de Derecho al ejercicio jurisdiccional, tras realizar una dura oposición. Sin tener un contacto previo con la realidad extrajudicial.

Es un déficit que se trata de paliar con la Escuela Judicial. También con sistemas de acceso a la judicatura que requieren previo ejercicio de funciones jurídicas; es el llamado cuarto turno.

En todo caso, sería conveniente mejorar los medios de acceso, buscando la mayor preparación práctica para conseguir la mayor eficacia. De otro lado, sería necesario y preciso enmarcar a los jueces en la realidad social para que empaticen  con los problemas reales de los ciudadanos a cuyo servicio están. Ciudadanos que son los que pagan sus salarios cada final de mes, a través de sus impuestos.

Es necesario un continuo reciclaje, además, conocer el complejo mundo legislativo interno y europeo de obligado cumplimiento, a veces no suficientemente conocido.

Los jueces, como digo, son independientes a la hora de resolver. Pero a veces pueden no ser eficaces por un exceso de trabajo. O por deficiencias de formación en determinados campos especializados.

Sus errores pueden producir víctimas, sobre todo graves en el campo penal. Y no sólo en este, también en el propio sistema económico y social, dado que los jueces resuelven cuestiones capitales no solo de índole civil o penal sino también en materia laboral, mercantil y administrativa.

Eso sí, como dice el dicho catalán, el error del médico puede provocar el  ir al cementerio a ver a la víctima, aunque el del juez no tanto pero sí ir a la cárcel a visitar al inocente, que no es una broma. Que se lo pregunten al ex presidente del Barcelona Sandro Rosell o a Dolores Vázquez víctima de injusticia promovida por una particular, entre muchos otros ….

LA PROBLEMÁTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Aquí hay mucho que decir. No basta con tener jueces independientes y preparados, incluso de alto nivel. Su funcionamiento requiere de un complejo sistema que está en crisis y que compete a un Ministerio que gestiona la justicia al completo y de forma directa en cinco Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Islas Baleares y Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; sin olvidar a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que también), por una parte. Y por la otra a 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas (Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco), transferidas en edificios y funcionarios, a excepción de letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales.

La organización creada desde las sucesivas reformas de la legislación orgánica y procesal con la llamada Oficina Judicial y la creación del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, a los que cambiaron el nombre y a los que aumentaron sus funciones, provocando desajustes funcionales, tampoco ha contribuido a nada bueno.

Como tampoco lo ha hecho la inveterada costumbre –y mal endémico– de que los funcionarios de rango inferior hagan funciones de los de rango superior, por lo que no les pagan. Es lógico que ahora todo protesten.

La convocatoria de elecciones ha hecho decaer las tres leyes de eficiencia –procesal, digital y organizativa–, con lo que habrá que empezar de nuevo en la nueva Legislatura, retrasando toda la transformación tecnológica que han estado llevando a cabo gracias a los 410 millones de fondos europeos en el ambiente de cogobernanza –lo que antes llamábamos consenso– de todas las fuerzas políticas, todo un milagro en los tiempos que vivimos.

Esperemos, pensando desde la psicología de un abogado, que esta adaptación tecnológica a los nuevos tiempos no termine por crear un laberinto tecnológico que imponga a los abogados ser más técnicos especialistas en informática que turistas para poder ejercer la profesión, como ya ha empezado a suceder.

Como las leyes las hacen políticos, frecuentemente alejados de la realidad de los juzgados, surgen leyes a menudo  que no responden a lo que debería de ser la práctica procesal .

Y es que los jueces aplican las leyes sustantivas, con las leyes procesales vigentes y con el sistema administrativo puesto a su servicio.

Si fallan los procedimientos y el sistema administrativo, no puede haber eficiencia ni eficacia judicial y por supuesto máxime si las leyes sustantivas son sectarias ó deficientes y solo pueden interpretarlas lo mejor posible con arreglo a los criterios del artículo 3.1 del Código Civil. O plantear  en su caso cuestiones de  inconstitucionalidad o de prejudicialidad comunitaria, sin perjuicio de la potestad judicial de inaplicar los reglamentos ilegales.

De otro lado la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia, aprobada por el Pleno del Congreso de Diputados el 16 de abril de 2002, como consecuencia del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2021, brilla precisamente por su no implementación trascurridos más de 20 años de su aprobación, sin haber visto realizado sus fines de conseguir una justicia transparente y moderna abierta a los ciudadanos.

Los abogados siguen sin ver cumplido plenamente lo mínimo que se  espera de las resoluciones judiciales, esto es motivación y a veces ni siquiera el  respeto debido a su trabajo .

Y, por supuesto, el general incumplimiento de plazos hace que estos sean papel mojado para los órganos judiciales, pero no para los abogados y procuradores y, por ende, a los ciudadanos, que deben cumplirlos a rajatabla y así lo exigen quienes nos los cumplen .

CONTROL POLÍTICO DEL PODER JUDICIAL

Si los jueces son independientes, ¿por qué se habla de la politización de la Justicia? Pues porque el órgano de gobierno del Poder Judicial, es decir, el Consejo General del Poder Judicial –que no es poder judicial–, no es independiente, dado el sistema de elección de todos sus miembros, sus 20 componentes –los 12 jueces y los 8 juristas de prestigio– por el Congreso y el Senado.

¿Por qué? Pues porque a los partidos políticos les interesa tener control sobre sus miembros, quienes designan que designan a los principales cargos de la Justicia, esto es  a los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de las 5 Salas, al presidente de la Audiencia Nacional y a sus 3 Salas, a los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y sus 3 Salas, a los presidentes de las 50 audiencias provinciales y a los magistrados de las salas de lo civil y de lo criminal competentes para enjuiciar las causas que afectan a los aforados, además de otras funciones, como la inspección de los juzgados, la función disciplinaria sobre todos los miembros de la carrera judicial, la elección de dos magistrados del Tribunal Constitucional y la elaboración de informes sobre aquellas leyes que afecten al poder judicial, entre otras cosas. Casi nada.

Lógicamente, los jueces que puedan ser incómodos ó no adictos a los políticos, difícilmente alcanzarán  puestos en donde prime la discrecionalidad del nombramiento, aunque el Tribunal Supremo –hay que reconocerlo– ha puesto importantes límites al mero arbitrio decisorio.

La independencia de la justicia como sistema requiere la supresión de la discrecionalidad en los nombramientos, el fin de las puertas giratorias entre justicia y poder político, hoy muy frecuente, poner fin a los nombramientos a propuesta de los parlamentos autonómicos y reducir el aforamiento de los políticos al mínimo habitual de los países de la Unión Europea.

Esto junto a la reforma procesal, de hacer que cada funcionario haga solo el trabajo de su competencia, es clave para que haya una justicia creíble y que responda con eficacia y eficiencia a su fin de ser un servicio público para realizar la justicia efectiva que proclama la Constitución.

¿LO HARÁN LOS POLÍTICOS?

Hasta ahora, no lo han hecho. Tanto PSOE como PP –fundamentales, pues el nombramiento de los vocales del CGPJ es imposible sin una suma de sus respectivos votos– han coincidido en regular la ley Orgánica del Poder Judicial a su conveniencia para intentar controlar el órgano de gobierno de los jueces, incumpliendo clamorosamente sus reiteradas ofertas electorales. Especialmente el PP, que en su programa electoral de 2011 prometió una cosa –que la carrera judicial eligiera a sus 12 vocales por voto secreto y directo– y después hizo totalmente lo contrario, manteniendo y reforzando si cabe, aún más, el control político.

No hay prioridad en mejorar la justicia. La justicia no da votos, digámoslo con claridad. No es de interés electoral, salvo en caso de relevancia muy pública como los indultos del «procés» o la llamada ley del sólo sí es sí.

Los dos partidos principales –y sus socios– son responsables del actual estado de cosas.

La inauguración de un nuevo periodo legislativo da esperanzas de que se pueda producir una renovación de las personas y, con ellas, de las ideas.

Es necesario que los que vengan afronten los problemas que acucian a la justicia, que resuelvan el colapso existente, que devuelvan la confianza en el CGPJ y en sus componentes y en la Justicia. Porque lo que vamos a afrontar es más de un año de nombramientos para dejar las casi ochenta vacantes en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las Audiencias Provinciales. Una buena parte del llamado «alto mando».

Nos jugamos mucho. Nos jugamos el propio estado de derecho y la democracia. Y no me estoy poniendo en modo apocalíptico, ni mucho menos.

Finalmente, quiero hacer dos citas. La primera es de Francesco Carrara, jurista y profesor de derecho, que decía que «cuando la política entra por la puerta del tribunal, la justicia salta por la ventana».

La segunda pertenece a la Biblia, concretamente al libro de los Salmos, el número 58. Dice a los jueces injustos: «si conscientemente cometéis injusticias abrís camino a la violencia».

No se puede decir más claro.

Otras Columnas por Manuel Álvarez de Mon Soto:

Opinión | Atentados suicidas: ¿Los autores materiales son pretendidos mártires o víctimas de chantajes?

Opinión | Claves para entender con claridad el conflicto legal entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei sobre Torreciudad

Opinión | La propuesta de amnistía a Puigdemont y demás implicados es una rendición, se presente como se presente

Opinión | La cita previa perjudica al ciudadano y no hace falta una ley para cambiarla, como dice el ministro Escrivá

Opinión | ¿Habrá alguna medida especial para ayudar a los abogados veteranos a superar la brecha digital?

Opinión | Los jueces no cometerán ningún delito si no asisten a las comisiones de investigación del Parlamento