Acusan a la delegada Provincial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de haber cometido un delito de omisión de perseguir delitos tipificado en el artículo 408 del Código Penal.
Unos padres se querellan contra la Junta de Andalucía por no investigar los supuestos abusos sexuales a su hijo en un centro de acogida
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21/7/2023 06:30
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Actualizado: 21/7/2023 00:25
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Unos padres residentes en Sevilla han presentado una querella contra la Junta de Andalucía por no investigar los supuestos abusos sexuales que su hijo ha sufrido en un el centro de acogida «CS SanLucar» por parte de otro menor. Los profesionales del centro llegaron a denunciar los hechos ante la Guardia Civil.
Acusan a la delegada Provincial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de haber cometido un delito de omisión de perseguir delitos tipificado en el artículo 408 del Código Penal.
Según la querella presentada por el letrado José Antonio Sires, de Sires Abogados, el matrimonio tiene dos hijos de 9 y 8 años. Pero el 27 de junio de 2022 la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación emitió un “acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo” en el que enviaron a los menores a un centro de acogida.
Decisión que los padres no compartieron dado que habían ejercido sus funciones tutelares y su guarda y custodia de forma idónea y de conformidad con el interés superior de ambos menores.
Los menores fueron ingresados en centros distintos
Tal y como relatan en la querella, ambos menores fueron ingresados en distintos centros, algo que obstaculizaba la relación familiar.
El 8 de marzo de 2023, tanto el director del centro de acogida en el que se encontraba el benjamín de los dos hermanos como la psicóloga dirigieron un escrito al Servicio de Protección de Menores Nº1 de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para poner en conocimiento unos supuestos abusos sexuales.
En concreto, relataron “tocamientos en sus órganos genitales en contra de su voluntad obligándole a asistir a conversaciones de contenido sexual y conminándolo bajo amenaza de agresión física a posar desnudo para obtener placer sexual por parte de otro menor”.
Además también explicaron que habían escuchado como varios de los menores del centro decían que les habían visto mantener relaciones sexuales.
Profesionales del centro llevaron al menor al médico para ser explorado
Al no recibir respuesta de la Junta de Andalucía, el director del centro de acogida decidió llevar al menor al centro de salud y allí le derivaron al servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios para una exploración por los posibles abusos sexuales sufridos por parte de otro menor. Remitieron el parte de lesiones al Juzgado de guardia de Sevilla.
El letrado ha explicado que la Junta de Andalucía, “lejos de proceder a la iniciación del procedimiento penal para la investigación de los hechos” decidió “dar carpetazo” cinco días después de la carta enviada por los profesionales del centro.
Comunicaron que “tras la evaluación inicial del expediente se concluyó que no se reflejaba en dicha documentación ningún indicador, verbalización o trastorno en la conducta del menor que motivara la evaluación específica de abuso sexual”.
Ni se entrevistaron con el menor
El letrado ha relatado que ni tan siquiera se llegó a entrevistar al menor ni a los testigos que estaban allí presentes.
Pero el 14 de marzo los profesionales del centro volvieron a dirigir un nuevo escrito al Servicio de Protección de Menores Nº1 para dejar constancia que estaba también recibiendo agresiones físicas por parte de otro niño y, ante la pasividad de la Junta de Andalucía, el director del centro decidió personarse ante la Guardia Civil para denunciar los hechos.
Y es que, según relató José Antonio Sires en la querella, estas conductas “no pueden considerarse impunes y mucho menos aceptables en un centro de menores donde se encuentran niños tutelados por la administración pública”.
Ante esta situación, el niño de 8 años ha pedido a su madre a través de conversaciones volver a casa porque tiene miedo.
El abogado ha explicado que quiere que la querella se remita a la Fiscalía de Menores de Sevilla para determinar la situación de los menores en el centro donde se encuentran y ha pedido, así como una responsabilidad civil por los daños morales causados que se han estimado en 30.000 euros.
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