El sindicato ELA, a través de ‘Bidelagun Fundazioa’, ha presentado una demanda de tutela de derechos fundamentales contra la empresa Avanza Movilidad Gipuzkoa (antigua PESA*), que se encarga del transporte de viajeros en Euskadi, en la que le acusa de “poner a circular autobuses con problemas mecánicos que pueden poner en riesgo la seguridad de conductores».
Afirma que vulnera el derecho a la vida e integridad física de toda la plantilla, consagrado en el artículo 15 de la Constitución.
En la demanda, articulada por el abogado David Pena Díaz, explica de forma detallada las incidencias detectadas en una serie de autobuses durante 2022 y 2023, que considera que “pusieron en grave peligro la vida y la salud de los conductores”.
Señala 17 incidentes en una gran cantidad de los vehículos de la flota, que van desde llantas rotas, a problemas de abs, de frenos, antivaho, problemas de reducción de potencia, de desgaste de ruedas, en la caja de cambios, apertura de puertas durante la conducción, dirección mal alineada, no funcionamiento de las luces interiores, vibración del pedal del acelerador o problemas en la suspensión, entre otros.
Ante esta situación, ha reclamado a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que condene a esta empresa a que “adopte de manera inmediata las medidas que garanticen un estado de vehículos que no ponga en peligro la seguridad y salud de los trabajadores.
En la demanda especifica los autobuses en los que ha identificado estos problemas y los días en el que los ha detectado.
Según informa a Confilegal el abogado del caso, el TSJPV señaló fecha de juicio, pero fue suspendido por un aspecto formal en la notificación a la empresa.
Las partes están negociando actualmente.
«Desde ELA y ‘Bidelagun Fundazioa’ consideramos que someter a la plantilla a tener que conducir con vehículos que tienen llantas rotas, ruedas gastadas más allá de lo aconsejable por el fabricante, con problemas persistentes en mecanismos de seguridad de frenado como el retarder o el ABS, conducir vehículos que de repente pierden potencia en autopista o en una subida y no alcanzan los 30 km/h o incluso vehículos a los que no les funciona el limpiaparabrisas es una irresponsabilidad mayúscula», destaca David Pena.
Este letrado señala que la situación que denuncian con esta demanda es «un claro ejemplo de cómo una empresa somete a la plantilla a un riesgo para su integridad física y psicosocial». «Porque más allá del sometimiento a un riesgo de accidente, está el riesgo psicosocial y la fuente de estrés que supone conducir así sabiendo que la seguridad de los viajeros depende de ti», agrega.
Como ha informado Confilegal, el TSJ del País Vasco ha confirmado recientemente una condena impuesta a la empresa Excavaciones Imanol Lasa, de Guipúzcoa, también a raíz de una demanda de ‘Bidelagun Fundazioa’, articulada igualmente por David Pena, por vulnerar el derecho a la integridad física de un camionero, al que asignó un camión con informe desfavorable de la ITV y con una inhabilitación para circular por la vía pública.
Tendrá que indemnizarlo con 20.491 euros por daños morales.
