Siguieron con el proceso civil sus herederos, que están “amargados y desesperados” al ver que no se hace Justicia. Imagen de recurso de un accidente de coche con un caballo ocurrido en Galicia en diciembre de 2014. Foto: A3.
Cerca de 20 años esperando cobrar una indemnización de un millón de euros por un accidente de tráfico
El afectado quedó tetrapléjico e intentó dos veces quitarse la vida, y “continuando con la mala suerte falleció durante el periplo judicial”
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03/8/2023 06:31
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Actualizado: 04/8/2023 07:07
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El suceso tuvo lugar el 29 de febrero de 2004. Juan Carretero Gil, un jornalero de Algodonales, en la sierra gaditana, se desplazaba con su vehículo, un coche muy antiguo, a un pueblo de Huelva, Moguer, para trabajar en la campaña de la recogida de fresa.
Entre Algodonales y Moguer hay 150 kilómetros.
Durante el viaje, ya por la noche, se le atravesaron unas mulas por la carretera, atropellando a una de ellas.
Carretero quedó tetrapléjico por el accidente. Estuvo más de un año hospitalizado.
Además, quedó con muchos problemas en el estómago, con dificultad para la digestión, y muchos órganos tocados. Estaba sondado y para bañarle tenían que usar una grúa ortopédica.
Acudió a la vía penal denunciando a los guardadores de la mula.
DECLARARON FINALMENTE ANTE EL APERCIBIMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL DE PRESENTAR UNA DENUNCIA POR OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA
“La Guardia Civil los citaba para tomarles declaración, pero no iban, y ante las reiteradas incomparecencias, les apercibieron de que iban a presentar una denuncia contra ellos por obstrucción a la justicia, y entonces no tuvieron más remedio que comparecer ante el Instituto armado”, relata a Confilegal el abogado del caso, Fernando Osuna Gómez, director del Bufete Osuna, de Sevilla, conocido como “el justiciero de los hijos ilegítimos de los famosos”.
El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Utrera (Sevilla), que dictó sentencia absolutoria a los cinco años de presentar la denuncia.
Al sentenciarse sin responsabilidades penales, puso el caso ante la jurisdicción Civil. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Utrera dictaminó que el jornalero debía ser indemnizado con 620.569,44 euros, más intereses y costas.
El cliente falleció a mediados de 2017, y continuaron conel caso los herederos, sus tres hijos y su viuda.
LA SENTENCIA YA ES FIRME, PERO LOS CONDENADOS SE HAN DECLARADO INSOLVENTES
La sentencia del Juzgado fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla, imponiendo también las costas en apelación.
“Ya es firme y la cuantía total asciende a más de un millón de euros”, según informa el abogado del caso.
La familia del fallecido continúa esperando a que se haga efectiva la resolución. En octubre de 2020 “sólo habían cobrado 10 euros”.
“Mi cliente murió frustrado tras 14 años de pésimo funcionamiento del Juzgado de Utrera. Cayó en una depresión de caballo e intentó dos veces quitarse la vida. Continuando con la mala suerte falleció durante el periplo judicial. A día de hoy, son 19 años lo que dura este pleito y lo que aún queda”, afirma el letrado.
LOS DEMANDANTES RECLAMAN EL EMBARGO DE UNA FINCA HEREDADA
Según explica, los condenados se han declarado insolventes, aunque él sospecha que “tienen patrimonio y que es una insolvencia ficticia, por el ‘modus vivendi’ de ellos”.
Fernando Osuna manifiesta que “el embargo de una finca rústica heredada por uno de los condenados resolvería el problema”, pero que está lejos esa meta.
PROCESO ‘LENTO Y KAFKIANO, CON PLENITUD DE ACTOS SURREALISTAS’
“El desacierto y despropósito son reiterados desde 2004, fecha fatídica para esta pobre familia, además muy escasa de recursos, rozando la miseria. El proceso, cada vez es más lento y kafkiano, con plenitud de actos surrealistas”, critica.
Por ejemplo, señala que “se tardó un año en llevar un atestado del juzgado número 2 al 3, ubicados a unos 30 metros de distancia, e incluso se equivocaron y el atestado era de otro caso, lo que provocó que el juicio tuviera que ser suspendido y se aplazó muchos meses”.
Fernando Osuna lamenta que después “ha surgido un nuevo esperpento, relativo a la petición de embargo de la finca”.
“Llevamos más de tres años para ejecutar las dos sentencias y cobrar con el embargo de esa finca. El juez le dijo a la notaría de Los Palacios que le mandara el testamento del dueño de la finca, que es el padre de uno de los condenados. Y la notaría le respondió que necesitaba el certificado de defunción y el de actos de última voluntad”, expone Osuna.
Según informa, el juzgado envió a la notaría toda la documentación requerida, pero el notario ha comunicado al juez “que necesita que esos documentos sean los originales”, y por tal motivo, “se está retrasando más tiempo la terminación de esta pesadilla”.
Este abogado espera que “el notario se deje de chorradas”, porque “un juez no va a mentirle”. “¿O es que se piensa que un juez va a mandarle una fotocopia falseada”, declara perplejo.
“Pero es que antes de ese rifirrafe entre el juzgado y la notaría, ha habido 20.000 cosas absurdas como esta. Y cada uno de esos trámites ha llevado unos 9 meses, para que después sean trámites baldíos. Y en uno de ellos estuvo paralizado el proceso por lo menos 20 meses”, asegura.
Osuna también señala que esta parte ha llamado muchísimas veces al juzgado de Utrera, y que “la atención es un desastre”. “Un funcionario de vacaciones, otro con una baja de enfermedad, otro recién incorporado y aprendiendo el oficio. La plantilla está al 50% y de ese 50% la mayoría del tiempo están fuera de actividad porque cuando no está uno malo, el otro está de vacaciones. Es de risa”, detalla.
EL ABOGADO AFIRMA QUE EL MEJOR LETRADO DE LOS CONDENADOS ES EL DESCOMUNAL RETRASO DE LA JUSTICIA
Fernando Osuna indica que “los obligados a pagar este millón de euros han tenido ya más de tres abogados”, pero que “su mejor letrado es el descomunal retraso de la Justicia” en esta cuestión. “Ese es su mejor defensor”, sostiene.
Según informa, “el Ministerio de Justicia admitió sus errores, y al cabo de dos años y medio, aprobó indemnizar a los Carretero por dilaciones indebidas con 60.000 euros”.
“Pero el cobro ejecutivo de esa cantidad tardó más de un año”, destaca Osuna, quien afirma que “aquello fue una limosna con la que pretendían reparar el daño moral, una cifra ridícula”.
Como el proceso “sigue igual de lento”, la familia ha pedido al Ministerio otra indemnización “por el descomunal retraso”, y llevan “más de un año sin noticias” de esa reclamación.
La familia está “amargada y desesperada”.
Según relata Osuna, “ante el mal funcionamiento de la Justicia”, los herederos se reunieron hace años con los decanos de abogados y procuradores y con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, pero “todo sigue igual”.
También fue una una comisión de operadores jurídicos a las instituciones europeas, pero “no se solucionó el problema”.
Y conocen la problemática tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Defensor del Pueblo.
“La Justicia en España funciona muy mal y peor todavía en Utrera”, concluye este abogado.
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