Ha presentado sendos escritos denunciando esta situación ante los respectivos juzgados en los que se tramitan esas demandas, ante la propia entidad y también ante el Ministerio de Justicia.
El Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona es muy lento y funciona muy mal, denuncia el abogado Fernando Osuna
Este letrado explica en Confilegal lo que le ha pasado con esta entidad en cuatro casos de paternidades
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09/6/2023 06:30
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Actualizado: 08/6/2023 23:04
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«El Instituto Nacional de Toxicología (INP) de Barcelona es muy lento y, además, funciona muy mal, a diferencia del de Madrid y Sevilla. Los retrasos son exagerados». Así lo asegura a Confilegal el abogado Fernando Osuna Gómez, director del Bufete Osuna, de Sevilla, conocido como «el justiciero de los hijos ilegítimos de los famosos».
«Tengo cuatro casos que así lo corroboran. Todos ellos, de paternidades», explica.
Osuna es el abogado de los casos de paternidad más sonados de los últimos años, entre ellos el del torero Manuel Díaz, al que la Justicia le reconoció como hijo de Manuel Benítez, El Cordobés, en sólo seis meses, pero no han corrido la misma suerte otros supuestos.
Este letrado denuncia que «no es de recibo el mal funcionamiento del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona en comparación con otros, así como la diferencia de trato respecto al de Madrid y Sevilla, donde atienden muy bien y trabajan muy rápido».
Por ello, ha presentado un escrito ante los respectivos juzgados en los que se tramitan esas cuatro demandas de paternidad, y ante el propio el Instituto Nacional de Toxicología Nacional de Barcelona, así una queja ante el órgano superior, el Ministerio de Justicia.
Espera que con las reclamaciones presentadas tomen nota en dicha entidad y cambie su proceder.
La organización médico judicial está integrada por cuatro institutos nacionales de toxicología, ubicados en Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias. Y luego en cada provincia hay órganos médicos judiciales, denominados Institutos de Medicina Legal, con inferior rango al INP.
PRIMER CASO: CINCO AÑOS ESPERANDO
Según explica, con uno de estos casos llevan cinco años y todavía no está resuelto el problema del ADN.
«Esto es muy perjudicial para los intereses de los justiciables», subraya Osuna.
Esta situación se produce en el procedimiento iniciado por una mujer, que actualmente tiene 80 años, que reclama la paternidad de un famoso pintor español del este de España, ya fallecido.
El caso lo lleva el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Barcelona. Este abogado pone de manifiesto que el problema no está en el Juzgado, sino principalmente en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, «por el excesivo rigor que tiene y la lentitud a la hora de practicar los análisis de ADN».
En este sentido, señala que «al llamar telefónicamente pidiendo información, contestan que no informan por teléfono, que ellos lo hacen a través del juzgado», cosa que, según éste letrado, no ocurre en otros institutos de toxicología.
«El Juzgado, además, es muy lento para cualquier trámite», agrega.
OTRO CASO: A LOS 6 MESES DE EXHUMAR RESTOS DICEN QUE NO ESTÁN EN BUENAS CONDICIONES, Y PORQUE SE PRESENTÓ UN ESCRITO DE IMPULSO
«En otro caso que tenemos en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Logroño, pedimos una prueba de ADN, se tomó una muestra y ahora, al cabo de seis meses, y porque presentamos un escrito de impulso procesal, desde el Instituto Nacional de Toxicología, nos dicen que los restos óseos no estaban en buenas condiciones y que hay que recabar más muestras», relata Fernando Osuna.
Este letrado no entiende cómo si estaban en mal estado y no se podía conseguir el ADN, no lo comunicaron inmediatamente, y no al cabo de seis meses.
«Esto supone que otra vez hay que exhumar, y coordinar juzgado, cementerio y abogados para coger una muestra de otros restos óseos», indica Osuna apesadumbrado.
En este caso, el demandante tampoco es una persona conocida. Es un hombre que vive en un pueblo de Madrid y su presunto padre, ya fallecido, vivía en un pueblo de La Rioja y tenía un patrimonio considerable.
«Fue alcalde de un pueblo de Logroño, se fue a EEUU y allí hizo un patrimonio muy grande», detalla.
Con este pleito lleva ya dos años y medio.
Según este abogado, «si este caso estuviera en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid o en el de Sevilla, a los diez o 15 días hubieran comunicado al Juzgado que los huesos no estaban en buenas condiciones para practicar la prueba genética del ADN, y no seis meses como el otro».
«Pero es que si no nos hubiéramos movido solicitando que el procedimiento no estuviera parado, a lo mejor hubieran estado 8 meses, 10 o un año», apunta «muy sorprendido».
Y reitera que «con el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid da gusto trabajar». «Por teléfono atienden muy bien y te dan información de cada caso. Además, son mucho más rápidos», insiste.
TERCER CASO: «CINCO MESES SIN RESPUESTA Y LO QUE QUEDA»
Otra muestra «de lo mal que funciona esta entidad» ocurre en el caso de una demanda de paternidad contra un empresario noble, ya fallecido, con propiedades en Menorca.
El procedimiento judicial de paternidad se está tramitando en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ciudadela (Menorca).
Los supuestos hermanos del demandante se han negado a hacerse la prueba de ADN y los restos del fallecido estaban en muy mal estado. Por eso, pidieron la exhumación de los presuntos abuelos.
A finales de enero cogieron ADN y se lo llevaron al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
«Entonces ya advertí a mi cliente que habíamos tenido mala suerte, porque nos había tocado éste centro, que es lentísimo y funciona muy mal. Llevamos desde enero, cinco meses ya, y todavía no sabemos absolutamente nada. Y lo que nos espera», declara Osuna.
Según explica, el funcionario del Juzgado de Ciudadela llamó al instituto durante dos días y siempre le decían: «Ya le informaremos».
«Hizo por lo menos cinco llamadas en dos días. Y todavía estamos esperando que nos atienda», apunta.
CUARTO CASO: TRAS 8 MESES COMUNICARON QUE LOS RESTOS ESTABAN MUY DETERIORADOS Y QUE NO SE PODÍA HACER LA PRUEBA
El cuarto caso, «también de disfunciones de este organismo», se tramita en el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Barcelona.
«Es otro caso lamentable», afirma este abogado.
La demandante es una funcionaria de Barcelona. Se exhumaron restos óseos del presunto padre, «de muy alta economía», y después de tenerlos 8 meses, «el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona comunicó al Juzgado que los restos estaban muy deteriorados y que no se podía hacer la prueba de ADN», relata.
«Entonces, otra vez tuvimos que ir al cementerio, coger restos de otros familiares -un hermano del posible padre- y llevamos, de momento, cuatro meses esperando. A ver ahora qué problema hay, porque siempre hay algo: Si no es un retraso descomunal, que siempre lo hay, es el excesivo rigor», refiere el letrado.
Respecto al «excesivo rigor» que critica, argumenta que a veces solicita material orgánico que él entiende que no es necesario.
«Es cazar gorriones a cañonazos», concluye.
Fernando Osuna hace hincapié en que los juicios de paternidad, dada la especial naturaleza de estos litigios, el Instituto Nacional de Toxicología «debería ser mucho más sensible a la hora de realizar su trabajo».
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