Jesús María Ruiz de Arriaga, socio-director de Arriaga Asociados, analiza en Confilegal la situación de la Justicia.
Jesús María Ruiz de Arriaga: ‘La Justicia que llega tarde es una injusticia y atenta contra un derecho fundamental’
Denuncia la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva en algunos de los litigios que lleva, que está afectando actualmente a más de 60.000 clientes de los 300.000 que representa
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05/12/2022 06:51
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Actualizado: 05/12/2022 12:42
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«La Justicia que llega tarde es una injusticia y atenta contra un derecho fundamental». Así lo subraya Jesús María Ruiz de Arriaga, socio-director de Arriaga Asociados, firma generalista con un equipo de más de 400 abogados, que lleva entre otros, casos contra las tarjetas ‘revolving’, el ‘cártel de coches’, el IRPH, el fichero de morosos y la plusvalía municipal.
Este bufete, que representa a más de 60.000 consumidores en procedimientos sobre la nulidad de cláusulas abusivas, denuncia la «vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva» en algunos de los litigios que lleva, y ha empezado a recurrir procedimientos que se encuentran paralizados más de cuatro años, también está dirigiendo a los juzgados peticiones de impulso.
En esta entrevista, Ruiz de Arriaga hace una radiografía de la justicia tardía que sufren sus clientes y otros justiciables.
También se pronuncia, entre otros asuntos, sobre las observaciones de la Comisión Europea sobre IRPH. Un tema sobre el que libra una batalla judicial y sostiene que está dispuesto a agotar las vías nacionales y comunitarias en defensa del consumidor.
Hace un mes denunció la justicia tardía en algunos de los litigios de los clientes a los que representa y anunció que recurriría. ¿A qué situaciones se enfrentan?
Tenemos muchísimos casos de justicia tardía, muchos de ellos en el Juzgado de Primera Instancia Número 101 bis de Madrid, donde se están superando los 4 años sin admisión.
Representamos a más de 31.000 clientes perjudicados por la parálisis de ese juzgado, creado para dar salida a casos que afectaban de manera masiva a consumidores como las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, el índice IRPH o la hipoteca multidivisa.
«Nosotros seguiremos luchando para defender los derechos de los consumidores ante las entidades financieras y estamos dispuestos a agotar las vías nacionales y comunitarias en su defensa»
También tenemos muchos clientes perjudicados por la excesiva duración de los procedimientos. Según nuestros datos, el plazo de resolución medio de los Juzgados especializados para emitir un fallo es de 31,8 meses, con un rango máximo de 60 meses. Un lapso que supera en algo menos de cuatro veces la duración media en la jurisdicción Civil (8,2 meses).
Hay consumidores que después de cuatro años no tienen su demanda admitida a trámite y otros que tienen señalado su juicio para el 2026, a siete años vista respecto desde la presentación de la misma.
En concreto, tenemos más de 20.600 asuntos pendientes de ser admitidos a trámite, de los cuales el 89% en el partido judicial de Madrid, más de 8.000 litigios pendientes de señalamiento y más de 7.000 pendientes de que se celebre la vista.
En total, más de 60.000 asuntos a la espera de una resolución, cuya tramitación supera y superará los dos años y medio de tramitación.
¿Dónde queda el artículo 24.1 de la Constitución, que recoge el derecho a una justicia sin dilaciones?
En algunos de los litigios de los clientes a los que representamos hay vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva, por lo que hemos empezado a recurrir los procedimientos que se encuentran paralizados por más de dos años. También estamos dirigiendo a los juzgados peticiones de impulso.
Tenemos muchísimas familias con las que no se está haciendo Justicia desde el momento en que se tarda tantos años en impartirla. Justicia tardía es una gran injusticia.
Y es una gran injusticia para los que tienen casos pendientes, pero también para aquellos que no han decidido reclamar judicialmente porque saben que no va a haber Justicia.
Hace unos meses advirtieron al Defensor del Pueblo sobre el «colapso crónico» del Juzgado 101 Bis de Madrid, de la «ineficacia» de este órgano debido a su falta de recursos. ¿Se han implantado ya medidas?
De momento, no. No hemos percibido ninguna señal de que esta situación vaya a cambiar.
El Defensor del Pueblo emitió recomendaciones en septiembre al Ministerio de Justicia, la Consejería de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial señalando la necesidad de crear más juzgados y de dotar de más funcionarios.
Recomendó crear un nuevo juzgado de Primera Instancia en Madrid que tenga atribuido en exclusiva el conocimiento de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, con el objetivo de reforzar el trabajo del Juzgado 101 Bis, especializado en cláusulas abusivas.
Sólo en admitir a trámite la demanda, este juzgado está tardando entre 30 y 40 meses, por lo que no solamente no se está mitigando el problema, sino que el escenario empeora.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 10 de octubre, va en la línea de la queja que presentamos en mayo ante el Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de amparo al Defensor del Pueblo.
Nosotros reconocemos el importante esfuerzo realizado por mejorar los recursos humanos y técnicos por parte de las instituciones implicadas y la gran labor de todos los profesionales de justicia del Juzgado 101 Bis de Madrid. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo y dedicación de los jueces y demás profesionales del juzgado, consideramos que sus recursos todavía son claramente insuficientes.
Los profesionales que trabajan en los juzgados no tienen culpa de la justicia tardía, los operadores jurídicos tienen nuestro respeto, agradecimiento y admiración.
¿Y de quién es la culpa de la justicia tardía?
Sobre todo del Consejo General del Poder Judicial, aunque los medios los decide periódicamente con el Ministerio de Justicia y con las administraciones autonómicas.
En el caso del 101, con la Comunidad de Madrid y la Consejería de Justicia, la cual se encarga de las instalaciones y del personal auxiliar, pero quien tiene que poner jueces y letrados de la Administración de Justicia es el Consejo General.
A mí me da la impresión de que la situación que se está dando no es casual.
¿Qué quiere decir con eso?
Cuando se reúnen las administraciones públicas para analizar el asunto siempre coinciden en que va bien, pero porque hacen una pequeña trampa, de manera descarada y vergonzosa: calculan los procedimientos que están admitidos a trámite por cada año y los que se resuelven de forma anual, pero no cuentan los que están a la espera de admisión a trámite, que llevan años en esa situación.
Cuando se crearon los juzgados especializados, las administraciones ya sabían lo que iba a pasar en las ciudades más grandes. Se creó un Juzgado especializado por provincia, por lo que en Soria y Logroño hay uno, pero también uno en Madrid y Barcelona. Luego fueron reforzándolos con cuentagotas sabiendo el atasco tan inmenso que hay y el incumplimiento legal y constitucional que se está dando.
El CGPJ ha advertido esta semana que es necesario crear 32 nuevos Juzgados de lo Social en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, para agilizar la actividad judicial. ¿Cómo acoge esta noticia? En esa jurisdicción ya se están fijando juicios para diciembre de 2026…
Aplaudo estas medidas sobre la Jurisdicción Social, dada la situación, porque la Justicia que llega tarde es una injusticia y atenta contra un derecho fundamental. Me alegra mucho y por lo que dice el cambio va a ser importante.
«Aplaudo las medidas del CGPJ sobre la Jurisdicción Social, pero que se ponga también las pilas con la Civil y los juzgados de Madrid y Barcelona especializados en los juicios sobre hipotecas»
La Jurisdicción Social es fundamental, hay que resolver al momento si uno está despedido correctamente o no, si tiene que cobrar…
Pero reivindico también medidas para la Justicia Civil, donde quien está reclamando sus derechos frente a bancos, por ejemplo con el tema de hipotecas, ve cómo ya han transcurrido hasta cuatro años desde la presentación de la demanda y todavía no sabe si se admitirá a trámite, como, insisto, ocurre en el 101 Bis.
Por tanto, que se ponga las pilas también con la Jurisdicción Civil y los juzgados de Madrid y Barcelona especializados en los juicios sobre hipotecas.
¿Las normas procesales que pretende adoptar el Gobierno, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del servicio público de Justicia y el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa son la solución?
No. La solución a la lentitud de la Justicia es la contratación de más personal judicial, más jueces y la apertura de más tribunales. Y junto a ello, la digitalización y todas esas leyes que todavía están en tramitación y luego se tardará en implantarlas, porque no es fácil o se implantarán en parte.
Si no se dedican recursos y no hay suficientes jueces y letrados de la Administración de Justicia, no hay juicios. Si no hay funcionarios, no se mueven los papeles.
No se va a la raíz del problema. Deliberadamente han puesto una ínfima parte de recursos humanos. Y hay decenas de miles de personas esperando a la Justicia.
En nombre de las familias perjudicadas exijo que ponga personal, recursos, medios para desatascar la Justicia, donde los retrasos están ocurriendo en el ámbito Civil, Laboral o Social.
«Los pleitos de los consumidores con los bancos están especialmente penalizados en nuestro país»
¿La lentitud de la Justicia en España es similar a la de las grandes economías de Europa?
No. El informe «The 2022 EU Justice Scoreboard» [El Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE de 2022] revela que la duración de los procedimientos judiciales civiles en España está por encima de la media europea.
Los pleitos de los consumidores con los bancos están especialmente penalizados en nuestro país.
En el 101 BIS, que está especializado en temas hipotecarios, se tardan siete y ocho años en resolver los casos. ¿Quién sale ganando ahí? Los bancos, que de esa manera le dicen a sus clientes que eso es lo que hay o si no que vayan a juicio y quizá sus hijos lo puedan ver. No es legítimo eso. Esto es una injusticia social.
A los bancos es a los que está beneficiando todo esto. Qué casualidad, porque en otras cosas bien rápido va todo.
«La Comisión Europea denuncia que los bancos con el IRPH han estado engañando a sus clientes cobrándoles un diferencial positivo en vez de negativo»
¿Cómo acoge el dictamen de la Comisión Europea sobre las dos cuestiones prejudiciales planteadas por la magistrada de Palma de Mallorca Isabel Poveda Bernal?
Con esperanza. La Comisión Europea denuncia que los bancos con el IRPH han estado engañando a sus clientes cobrándoles un diferencial positivo en vez de negativo.
Incide especialmente en el tema de que el Banco de España había recomendado que se ofreciera el IRPH con un índice negativo porque su método de cálculo lo hacía muchísimo más claro. Y se pregunta si no será engañar a un cliente no darle la información que le beneficia. Ese no decirlo todo es una práctica abusiva.
Eso lo sabe el Tribunal Supremo también. En la querella que presentamos contra cuatro magistrados de la Sala de lo Civil que dictaron sentencias sobre IRPH nosotros también incidimos en este asunto de que tenía que haberse puesto negativo y que se había ocultado a los clientes. Sin embargo, al Alto Tribunal no le pareció que hubiera prevaricación.
Por eso, estoy muy contento con el dictamen de la Comisión Europea y que haga referencia a este punto.
«No olvidemos que la jurisprudencia del TJUE es obligatoria para todos los países de la Unión»
La jurisprudencia del TJUE es absolutamente clara al respecto, pero el Supremo lo ha interpretado obscenamente mal y entiende que había falta de información y de transparencia, pero que cualquier ciudadano podía enterarse de todo yendo al Boletín Oficial del Estado.
Con el IRPH seguimos batallando y al final se hará Justicia.
En su momento, presentamos querellas contra magistrados de las Audiencias Provinciales que ignoraron deliberadamente la jurisprudencia del TJUE, y luego una querella contra cuatro magistrados de la Sala de lo Civil del TS que dictaron sentencias sobre IRPH, por supuesta prevaricación y coacciones en relación al dictado de dos sentencias sobre el índice hipotecario IRPH en los que se estimó el recurso de una entidad bancaria. Ahora vamos a pedir amparo ante el Tribunal Constitucional.
Nosotros seguiremos luchando para defender los derechos de los consumidores ante las entidades financieras y estamos dispuestos a agotar las vías nacionales y comunitarias en su defensa.
¿Cuántos afectados hay?
Casi un millón de personas que pagaron decenas de miles de millones de más por sus préstamos hipotecarios.
Distintas personas calculan que el que tiene una hipoteca de IRPH está pagando de media unos 200 euros más cada mes. Estamos hablando de 2.400 euros al año y eso hay que multiplicarlo por los años que dura la hipoteca, un dineral.
Ahí estaban haciendo unas ganancias por desconocimiento y eso un abuso. Un abuso prohibido por la ley española, por las directivas comunitarias y por la jurisprudencia del TJUE, que no nos olvidemos que es obligatoria para todos los países de la Unión.
¿Qué otros frentes tienen abiertos en el bufete?
Tenemos muchos. Por ejemplo, el ‘cártel de coches’, relativo a que los fabricantes se pusieron de acuerdo en no competir en precios, lo que va en contra de la Directiva comunitaria. La Comisión Europea les multó por ello. Estas prácticas han perjudicado a quienes compraron un coche pagando un sobreprecio de 2.000 o 3.000 euros y estamos reclamando.
Otro frente que tenemos es contra el abuso que hacen algunos bancos de la información de clientes. Los meten en ficheros de morosos y eso a veces se hace mal. Se puede poner un fichero de gente que no paga, pero hay que hacerlo con mucha precaución, lo que no puede ser es que ni te lo hayan reclamado y te metan ahí y aunque no estés de acuerdo con eso o pagas o no te conceden un préstamo, porque apareces en un fichero. Nosotros lo planteamos como un derecho al honor diciendo que tienen que tener mucho cuidado con lo que pone, cuándo lo pone y cuándo lo quita.
Esta semana, precisamente hemos ganado un caso de estos. Desgraciadamente este tipo de casos es muy habitual.
«Luchamos y conseguimos que se respete el derecho de los consumidores ante los bancos, las empresas y las entidades públicas. Hasta ahora, ya hemos recuperado para ellos más de 2.000 millones de euros»
¿Qué más temas llevan?
Otra de las cosas más importantes que llevamos son las acciones contra las tarjetas ‘revolving’. También llevamos a gente que tiene problemas de gastos en la hipoteca, que les han metido al formalizarla. Seguimos teniendo temas de cláusulas suelo; de hipotecas multidivisa, de gente que ha pedido un préstamo y la convencen para que lo ponga, por ejemplo, en yenes. También préstamos que dan con unos intereses muy altos y con muy poca información y que resulta que al final terminan pagando mucho más, porque los intereses también forman parte de la deuda. Te cobran intereses de los intereses.
Y entre otras cuestiones, también llevamos casos de plusvalía municipal, que ya ha dicho el tribunal de garantías que es inconstitucional si no se produce un beneficio. En este tema los ayuntamientos han estado llevándose el dinero de los ciudadanos.
Con la crisis, la gente está vendiendo a un precio menor y no se produce el hecho imponible de que haya habido una ganancia para que se lleve el Ayuntamiento una parte.
En definitiva, luchamos y conseguimos que se respete el derecho de los consumidores ante los bancos, las empresas y las entidades públicas. Hasta ahora, ya hemos recuperado para ellos más de 2.000 millones de euros.
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