Cristina Dexeus señala las medidas que deberían llevarse a cabo para proteger la independencia de la Fiscalía. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Cristina Dexeus (AF): “El Estado de Derecho peligra en España si se cede al chantaje de Puigdemont”
La presidenta de la asociación mayoritaria de fiscales hace hincapié en que hay que mantenerse dentro de los límites de la Constitución y no ceder ante burdos chantajes de un fugado de la Justicia
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08/9/2023 00:45
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Actualizado: 08/9/2023 12:01
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Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, analiza en Confilegal la situación que atraviesa España, con una vicepresidenta del Gobierno que reuniéndose con prófugo de la Justicia Carles Puigdemont que pide la amnistía a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez para que se mantenga en el Gobierno.
Además, en esta entrevista aborda otros asuntos de actualidad, como la ley del sólo sí es sí, y explica las mejoras que necesita la Fiscalía.
¿El Estado de Derecho peligra actualmente en España?
Sí. Entiendo que el Estado de Derecho peligra porque hacer concesiones de este tipo a quienes han atentado contra la Constitución es ponerse a su lado, y por tanto, contra la Constitución y el Estado de Derecho.
En España no ha existido una persecución judicial al independentismo, sino la aplicación de la legalidad con todas sus garantías.
El independentismo no está siendo perseguido en España, que es un Estado democrático y de Derecho, sino que los actos ilícitos que se cometen por quienes se declaran independentistas, deben ser perseguidos y enjuiciados, como los cometidos por cualquier otra persona.
El marco legal que nos rige en España es el que nos vino dado en una Constitución democráticamente aprobada y en la que todos aquellos que trabajaron para conseguirla hicieron concesiones para llegar a un punto de encuentro, de forma que todos nos sintiésemos integrados en esa España democrática y sometida al imperio de la ley.
«Se pretende es evitar hacer uso de la ley en casos muy concretos, con lo que se generaría, además, una desigualdad tremenda entre españoles»
Ahora, lo que se pretende es evitar hacer uso de la ley en casos muy concretos, con lo que se generaría, además, una desigualdad tremenda entre españoles.
Gente como Puigdemont, procesado por malversación de caudales y otros delitos, como quiera que estaban relacionados o dirigidos a la consecución de la independencia de Cataluña, desaparecerían.
Generaría la ficción de que no fueron cometidos. Sin embargo, cualquier otra persona que hubiera cometido una malversación de caudales públicos con otra finalidad diversa, seguiría manteniendo su condena. No existiría ficción para él.
La desigualdad está servida.
En conclusión el ser independentista no puede suponer una patente de corso para cometer delitos, que es lo que pretenden con la amnistía.
¿Acaso en un Estado democrático es necesaria la amnistía?
No. En un Estado democrático no es necesaria la amnistía, porque la ley se dicta conforme a una serie de parámetros democráticos y la ley que rige es justa.
Por tanto, no hay previsión alguna de posibilidad o necesidad de la amnistía.
La Constitución no la ampara. La ley de amnistía de 1977, que suponía el olvido de determinados delitos cometidos durante la dictadura, se agotó en sí misma una vez aplicada.
La única finalidad que tenía era facilitar el tránsito desde un Estado totalitario a un Estado democrático. Una vez que se consigue ese Estado democrático con la Constitución del 78, lógicamente la Carta Magna no va a recoger la gracia de la amnistía, porque partimos ya de que esa Constitución está consagrando un Estado democrático.
Por otro lado, la Constitución prohíbe el indulto general. Lo único que permite es el indulto particular por razones de equidad y de justicia. En ese caso, el delito sigue existiendo, sus consecuencias a nivel de antecedentes penales siguen existiendo, el pago de las costas también, la responsabilidad civil se sigue manteniendo, lo único es que se modifica la pena impuesta por otra menos gravosa o se le rebaja o se le conmuta.
Para la concesión del indulto tenemos que estar ante un delito juzgado y sentenciado, y la amnistía no es eso, es el olvido total del delito y sus consecuencias.
Parece que nunca es suficiente para el independentismo…
Exacto. Nada de lo que se hace es suficiente para determinados políticos que han visto indultadas en parte sus penas, que han visto modificados los delitos por los que fueron juzgados, consiguiendo en algunos casos, como el del delito de sedición, que ha sido suprimido del Código Penal, con lo que también han visto rebajada la pena que les fue impuesta.
Todo eso no les basta. Es más, al parecer son de mejor condición que el
resto de los ciudadanos españoles.
El Gobierno se sienta a negociar con un prófugo. ¿Confía en que se mantenga dentro de los límites?
Espero que se mantenga dentro de los límites de la Constitución y del tratado fundacional de la Unión y no ceda ante burdos chantajes de un fugado de la Justicia.
Quiero confiar en que esto sea así.
Cambiando de asunto. La ministra Irene Montero dice que hizo bien en aprobar la ley del sólo sí es sí y no descarta seguir al frente de Igualdad. ¿Qué opina de esto?
Que Irene Montero pueda seguir al frente del Ministerio de Igualdad es una decisión política que concierne al Gobierno, pero, desde luego, lo que sí es lamentable es que un representante político sea incapaz de reconocer sus errores, por una soberbia absolutamente injustificada.
Dexeus, sobre Irene Montero y su ley: “Es lamentable que un representante político sea incapaz de reconocer sus errores, por una soberbia absolutamente injustificada”
Esa ley ha reducido 1155 condenas y excarcelado a 117 agresores sexuales…
Si quienes tienen que dictar las leyes no atienden a los consejos o a los informes de los especialistas y de los técnicos en la materia y regulan a su antojo y con completo desconocimiento jurídico, ocurren estas cosas.
Dexeus, sobre las excarcelaciones y rebajas de pena por la ley Montero: “Si quienes tienen que dictar las leyes no atienden a los expertos y regulan a su antojo y con completo desconocimiento jurídico, ocurren estas cosas”
¿Qué opina del actual sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal?
Es perfecto tal como está. Es el mejor sistema.
Es objetivo, permite que cualquier persona pueda acceder a los exámenes de oposición, que además son exámenes orales y públicos, y evita cualquier tipo de enchufismo y de pretensión de permitir o negar el acceso según el perfil ideológico que busque el gobierno de turno en ese momento, que es lo que pretenden los que buscan el cambio de sistema.
Y prueba de ello es que no pretenden hacerlo con otros Cuerpos del Estado, como Notarios, Registradores…
“El actual sistema de acceso a la carrera evita cualquier tipo de enchufismo y de pretensión de permitir o negar el acceso según el perfil ideológico que busque el gobierno de turno”
¿Qué mejoras necesita la carrera fiscal, según la Asociación de Fiscales?
Es necesario que se haga un estudio serio con datos objetivos y contrastados sobre la carga de trabajo que soporta cada fiscalía y cada fiscal para poder decidir si las plantillas actuales están infradotadas, que es lo que desde la AF entendemos que sucede en la actualidad.
Es una reivindicación histórica, pero tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía miran para otro lado. Debemos saber cuántos fiscales hacen falta en España para asumir la carga de trabajo existente y para agilizar la Administración de Justicia.
En la Asociación de Fiscales pensamos que no se han ampliado las plantillas en consonancia con el incremento de la labor del fiscal, no sólo en el ámbito penal, sino también en otros ámbitos jurisdiccionales, como el de Civil o Reforma y Protección de Menores, por ejemplo.
Sin ese estudio, ninguna ampliación de plantilla está suficientemente justificada, porque desconocemos si el número de plazas ampliadas es o no suficiente y si se están distribuyendo adecuadamente entre las distintas fiscalías españolas.
En todo caso, este estudio también debe hacerse si hay una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También es necesario un nuevo Estatuto Orgánico que regule de manera clara la figura del fiscal general del Estado y su propio Estatuto, y para regular y reglamentar las causas de recusación y de abstención del fiscal general del Estado, y reorganizar la carrera fiscal.
En cuanto a la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal, ¿qué medidas deben tomarse para garantizar y proteger esta independencia en el ejercicio de la función fiscal?
Algunas de las medidas son un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal donde se potencie la figura del fiscal general del Estado y la separe del Gobierno que le nombra a través de diversos mecanismos, como es ampliar el plazo de mandato, o, por ejemplo, dejar sin efecto esa previsión estatutaria actual de que el fiscal general del Estado cesa cuando lo hace el Gobierno que le ha nombrado, para evitar una imagen de supeditación al gobierno de turno.
Además, es necesario dotar a la Fiscalía General del Estado de autonomía presupuestaria y de capacidad de gestión, con posibilidad de regulación de la misma, tal y como está previsto para el Consejo General del Poder Judicial, para que la intromisión del Ministerio de Justicia en la carrera fiscal sea mínima.
¿Ha habido situaciones en las que la independencia de los fiscales se ha visto amenazada?
Sí. Desde el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como fiscal general del Estado y las palabras que tan reiteradamente se siguen recordando de Pedro Sánchez de que la Fiscalía depende del Gobierno, la sombra de duda sobre la fiabilidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado se han instaurado en la ciudadanía, lo que determina que en ocasiones se interpreten determinadas posturas de la Fiscalía en clave política y no jurídica.
Por eso, la reforma del Estatuto respecto de la figura del fiscal general es imprescindible, porque no sólo supone dotar de mayor apariencia de imparcialidad a la figura que dirige la carrera fiscal, sino que, además, supondría separarla del mandato del Gobierno que lo ha nombrado.
“El nombramiento de Delgado como fiscal general y las palabras de Sánchez de que la Fiscalía depende del Gobierno han hecho un daño tremendo a la imagen de la Fiscalía española”
Con eso, desde un punto de vista de apariencia, mejora la imagen, pero en el fondo, realmente se consigue esa finalidad.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general y esas palabras de Sánchez han hecho un daño tremendo a la imagen de la Fiscalía española.
El Estatuto y la Constitución no prevén en absoluto la dependencia de la Fiscalía del Gobierno.
La Fiscalía está configurada en la Constitución, con autonomía funcional, dentro del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo.
La Constitución lo dice claramente y en ningún caso en el Estatuto Orgánico se dice que haya una dependencia del fiscal general al Gobierno.
En este sentido, habría que suprimir un precepto estatutario introducido en la reforma llevada a cabo por Cándido Conde-Pumpido que permite llamar al fiscal general del Estado al Consejo de Ministros, lo que no parece compatible con esa idea del fiscal dependiente, exclusivamente, del imperio de la ley y formando parte del Poder Judicial.
“Habría que suprimir un precepto que permite llamar al fiscal general al Consejo de Ministros”
¿Qué otros desafíos importantes enfrenta la carrera fiscal?
Hay que hacer pedagogía en la sociedad para que entienda que el fiscal está preparado para asumir la instrucción de las causas penales a través de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuya elaboración se atienda los informes elaborados por los profesionales, como el elaborado por la Asociación de Fiscales.
¿La transparencia de la Fiscalía la ve bien actualmente?
No, actualmente hay demasiada opacidad.
¿Y qué medidas plantea para mejorar la transparencia de la Fiscalía?
Que todas las decisiones que se adopten sean explicadas, estén debidamente fundamentadas y publicitadas para el conocimiento general de todos los fiscales y de la ciudadanía.
La transparencia no sólo se consigue hablando de ella, sino que hay que hacerla efectiva dotando a todos los actos y resoluciones de la fiscalía de la transparencia necesaria.
“La transparencia no sólo se consigue hablando de ella, sino que hay que hacerla efectiva dotando a todos los actos y resoluciones de la fiscalía de la transparencia necesaria”
Para que sea conocido por los fiscales y la ciudadanía, y no ocurra, por ejemplo, como sucedió con la toma de posesión de Delgado como fiscal de memoria democrática, que fue sin aviso y a puerta cerrada.
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