María Jesús del Barco advierte que es muy peligroso que el poder político genere en los ciudadanos desconfianza en el sistema judicial, como está ocurriendo.
María Jesús del Barco: “El Estado de Derecho sólo se mantiene si se respeta la separación de poderes y el imperio de la ley”
La presidenta de la asociación mayoritaria de jueces destaca que a algunos políticos se les olvida que las Cortes Generales están sujetas también a lo que dice la Constitución
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07/9/2023 00:45
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Actualizado: 07/9/2023 01:16
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La magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, y juez decana de Madrid analiza en Confilegal las mejoras que necesita la justicia.
¿Cuáles son los principales objetivos para el nuevo año judicial?
Teniendo en cuenta el abandono que sufre la Administración de Justicia desde hace décadas, tenemos las mismas metas que el año pasado, hace dos e incluso cinco.
Es necesario afrontar la verdadera modernización de la Administración de Justicia, y eso supone la inversión real, pero con cabeza.
Se trata de ver dónde están las necesidades y de escuchar a los que estamos trabajando en los juzgados.
Es evidente que la situación del Consejo General del Poder Judicial está limitando muchos de los avances, empezando por el propio Tribunal Supremo. La renovación del Consejo o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es uno de los grandes desafíos.
También hemos perdido la oportunidad de que se tramitaran las leyes de eficiencia, al menos la de eficiencia procesal. En estas leyes había cosas que era mejor que no salieran, pero algunas cuestiones sí eran salvables, como la regulación del pleito testigo.
“El sistema de la Administración de Justicia en este país se sostiene por la responsabilidad de los que trabajamos en los juzgados, porque el abandono del poder político es algo secular”
Habría que hacer un auténtico estudio de la ley de demarcación y planta judicial, ver dónde están las necesidades reales de cada partido judicial, hacer una efectiva dotación de medios materiales y personales, y crear órganos judiciales en los lugares donde hacen falta.
Por otra parte, la formación de los funcionarios en muchas ocasiones deja bastante que desear, aunque en otras ocasiones, la mayoría de las veces, son maravillosos.
En realidad, el sistema de la Administración de Justicia en este país se sostiene por la responsabilidad de los que estamos cada día en los juzgados, porque el abandono del poder político es algo secular, por desgracia. Probablemente, el año que viene tengamos los mismos desafíos.
¿Cuáles son los desafíos más críticos que enfrentan los jueces en la actualidad?
Desde el punto de vista institucional, estamos viviendo desde hace unos pocos años una crisis tremenda por el desprestigio absoluto de las instituciones, la falta de respeto a las resoluciones judiciales, los insultos permanentes y el descrédito a los jueces por la función que desempeñan o la forma de acceso a la carrera judicial, queriendo sustituir el sistema de oposición, que es lo que garantiza la igualdad y los principios de mérito y capacidad, por uno que no sabemos en qué consiste exactamente, y parece que se trata de conseguir que los jueces no sean independientes y dependan del criterio o decisión política.
“El sistema de oposición quieren cambiarlo por otro para tratar de conseguir que los jueces no sean independientes y dependan del criterio o decisión política”
Otra cuestión es la enorme sobrecarga de trabajo que tenemos los órganos judiciales, especialmente los de las jurisdicciones civil y social.
Tenemos un Derecho muy garantista y el ciudadano confía en la Administración de Justicia, a pesar de que cada año vemos en las encuestas que no somos los mejor valorados.
Pero tan mal no lo haremos cuando los ciudadanos siguen acudiendo a la Justicia. A lo mejor, porque saben que la tutela y la protección de sus derechos y libertades pasa por la decisión de un juez.
En su opinión, ¿cómo se podrían agilizar los procesos judiciales para garantizar un acceso más rápido y eficiente a la justicia?
En la jurisdicción civil, por ejemplo, hemos visto que en los juzgados de primera instancia se han interpuesto miles de demandas en materia de derecho bancario que han sobrecargado estos órganos; luego, los asuntos han llegado en apelación a las Audiencias Provinciales, que han resuelto no siempre con los mismos criterios, y los jueces y los profesionales hemos estado pendientes de que se fijara un criterio por la Sala Primera; cuando se ha resuelto en casación nuestros juzgados ya estaban colapsados.
Hoy las nuevas tecnologías nos permiten conocer cuándo se está produciendo una entrada masiva de demandas de un tipo concreto, y ese conocimiento debería aprovecharse y permitir en la legislación procesal civil que, cuando estas materias llegan a la Sala Primera en casación, se resuelvan sin esperar a su turno por orden de entrada y se fije jurisprudencia, para dotar al sistema de la mayor seguridad jurídica.
Esto debe acompañarse de una adecuada regulación de las reclamaciones previas a la interposición de la demanda, de la extensión de efectos de esta sentencia a otros procedimientos y también de una modificación en materia de costas de modo que el que interponga una demanda o se oponga a la misma, sabiendo que su actuación procesal es contraria a ese criterio jurisprudencial, sepa que va a sufrir una condena en costas sin la limitación actual.
Por otro lado, hay cuestiones que no deberían llegar a los juzgados y que tendrían que resolverse a través de la mediación o el arbitraje de consumo, o fijar una cuantía mínima para las reclamaciones porque no parece de recibo que veamos demandas en las que se reclaman 30 euros.
¿Qué opinión tiene sobre la modernización tecnológica en los tribunales y cuál sería su enfoque para implementarla de manera efectiva?
De todas las cosas malas, a veces, salen cosas buenas y la pandemia ha supuesto que hayamos dado un paso de gigante con respecto a lo que estaba pasando años atrás.
Se ha producido un avance tremendo, pero los jueces echamos de menos que se nos pregunte sobre lo que necesitamos. A veces tenemos la sensación de que tampoco nos facilita mucho el trabajo.
No podemos negarnos a la evidencia de los avances tecnológicos ni quedarnos fuera, pero hay que velar porque haga nuestro trabajo más sencillo y más rápido, y no suponga un obstáculo.
A su juicio, ¿cuál es el estado actual de la calidad de la justicia en España?
El defecto fundamental que tiene hoy la Administración de Justicia en nuestro país es que llegamos tarde, por la sencilla razón de que hay una sobrecarga de trabajo que no nos permite dar una respuesta en plazo al ciudadano.
“El defecto fundamental que tiene la Administración de Justicia en nuestro país es que llegamos tarde por la sobrecarga de trabajo”
Por lo demás, creo que existe una justicia de calidad. La Administración de Justicia cuenta con unos jueces y magistrados muy bien formados, que motivan sus resoluciones y que tienen una conciencia clara de la responsabilidad de su función.
En ese sentido, los ciudadanos pueden estar tranquilos, porque los jueces nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo para estudiar los asuntos y para poder dar una respuesta en plazo al ciudadano, pero la sobrecarga de trabajo nos impide hacerlo.
¿Le preocupa que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta?
Cuando como poder público, como poder político, llamado a cumplir la ley y las resoluciones judiciales -como todos los ciudadanos-, las incumple y banaliza el sentido de las sentencias, y se dedica a insultar a los jueces y a desprestigiar la función jurisdiccional, está legitimando el incumplimiento de las sentencias.
“Es preocupante que el poder político esté generando en los ciudadanos desconfianza en el sistema judicial; cuando uno no confía en el sistema, se resquebraja”
Eso está pasando y es preocupante, porque genera en los ciudadanos desconfianza en el sistema judicial, y puede suponer que la sociedad no confíe en el sistema democrático que tiene, en la separación de poderes, en el imperio de la ley ni en el cumplimiento de esas sentencias judiciales. Y cuando uno no confía en el sistema, éste se resquebraja.
Es esencial que el ciudadano perciba que hay justicia y que se hace justicia con la aplicación de la ley dentro del marco constitucional. A veces a algunos se les olvida que las Cortes Generales están sujetas también a lo que dice la Constitución.
¿Qué llamamiento haría a esos políticos y ministros que atacan a los jueces tildándolos de “machistas” y “prevaricadores”, atacando la independencia judicial y la legitimidad de las resoluciones? En otra entrevista en este medio dijo que acusar a los jueces de ser machistas y prevaricadores parece que es ya la seña de identidad de Irene Montero.
Llevamos un tiempo ya en esta senda y es muy peligroso generar en los ciudadanos una desconfianza en el sistema judicial.
Por ejemplo, a los pocos días del caso Rubiales, el Tribunal Supremo, aplicando la ley del “sólo sí es sí”, rebajó una condena y hubo algún político que habló de “Rubiales con toga”…
El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en concreto.
Por desgracia, esta es la forma de hacer política de algunos. Forma parte de ese desprestigio general de las instituciones y del deterioro de nuestro sistema democrático.
“A veces, a algunos se les olvida que las Cortes Generales están sujetas también a lo que dice la Constitución”
¿Cómo acoge el encuentro entre la vicepresidenta y el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont?
Como ciudadana, desde el punto de vista ético, no acabo de comprender cómo la vicepresidenta del Gobierno, que nos representa a todos, se reúne con un acusado por delitos graves contra el orden constitucional, delitos graves de malversación, de llevarse el dinero de la caja del erario público.
“El Gobierno ha de velar por el cumplimiento de la ley, se desprestigia reuniéndose con un prófugo”
¿Alguien se imagina que en 1981 se hubiera reunido el vicepresidente del Gobierno con Tejero?
Se ha reunido con un prófugo de la justicia. Me parece una forma de desprestigiar la propia función del Gobierno de velar por el cumplimiento de la ley. Cada uno se retrata a su manera.
Dice Ramón Rodríguez Arribas que “la amnistía es reconocer que se castigó como delito algo que no lo era”. ¿Qué opina usted?
Efectivamente. A diferencia del indulto, que al menos mantiene la existencia del delito, aunque perdone parte de esa pena, con la amnistía lo que decimos es que lo que ha sucedido no es delito. Hay que ser muy cautos.
¿Qué le parece que la vicepresidenta del Gobierno o el exdiputado Jaume Asens aleguen que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite una amnistía?
Creo que sabrán ambos que la ley de Enjuiciamiento Criminal es previa a la Constitución. Quiero pensar que sí.
El otro día Manuel Aragón explicaba perfectamente esto. Si la Constitución prohíbe lo menos, que son los indultos generales, parece lógico pensar que te prohíbe lo más.
Además, la amnistía atenta contra el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Por cierto, Irene Montero insiste en que hizo bien en aprobar la ley del sólo sí es sí y no descarta seguir al frente de Igualdad. ¿Qué opina? Esa ley ha reducido 1.155 condenas y excarcelado a 117 agresores sexuales. ¿Acaso no es una ley nefasta?
Es una ley infame y desde la APM ya pedimos el año pasado su dimisión.
No tengo que valorar más sus manifestaciones, porque no aportan nada nuevo, lamentablemente.
¿Cuál es su visión sobre la relación entre la asociación de jueces y el Ministerio en la búsqueda de mejoras en la Administración de Justicia?
A propósito de los tres proyectos de leyes de eficiencia organizativa, digital y procesal que decayeron con motivo de la convocatoria de elecciones en julio, no ha habido mucha relación.
Estos proyectos de ley parten de unos anteproyectos de la época de Juan Carlos Campo, en los que a las asociaciones se nos dio el trámite oportuno para que hiciéramos nuestras alegaciones, si bien no se acogieron muchas.
Después no volvimos a saber nada más, a pesar del cambio ministerial, al menos la Asociación Profesional de la Magistratura.
Las relaciones tendrían que haber sido más fluidas, porque somos los que estamos todos los días en los juzgados, las asociaciones judiciales representamos a los jueces, los intereses de los jueces y conocemos cuál es la realidad.
Es lamentable la falta de relación que ha habido.
“Es lamentable la falta de diálogo de este Ministerio”
¿Nuestro Estado de Derecho se resquebraja?
El Estado de Derecho sólo se mantiene si se respeta la separación de poderes y el imperio de la ley. Si se respeta la igualdad de todos ante la ley, las resoluciones judiciales y su cumplimiento.
Si todos los que están en el Congreso y en el Senado tienen claro que su función está amparada por la Constitución y que la legislación que emana de esas Cortes tiene que ser acorde o estar dentro de la Carta Magna, porque es el marco de convivencia y la norma básica que nos hemos dado.
Si nos olvidamos de esto y algunos parece que quieren olvidarlo, entonces sí que nuestro Estado de Derecho va a peligrar.
De hecho, en los últimos informes de la Comisión Europea, España empieza a perder puntos sobre calidad del Estado de Derecho y esto es lamentable.
Olvidar lo que nos une y lo que nos ha llevado a esta convivencia pacífica desde 1978, puede hacer que peligre nuestro Estado de Derecho.
No deberíamos olvidar nunca cuáles son los principios en los que se fundó la Constitución, de dónde arrancábamos y que formamos parte de la Unión Europea.
El Tratado de la Unión establece unos principios básicos sobre el Estado de Derecho y cuáles son los topes que no puede saltarse ningún Estado miembro. Esperemos que España se mantenga dentro de estos límites.
“Los jueces no estamos para decidir si a un niño se le corta el pelo o hace la primera comunión”
Acaba de ser nombrada Mediadora de Honor de la asociación española de Mediación, Asemed. ¿Cómo acoge este reconocimiento?
Estoy muy contenta, muy orgullosa.
¿Cómo ve usted la mediación?
Hay asuntos que no tienen que llegar a los juzgados. No lo digo sólo por la saturación que tenemos en los órganos judiciales, hay que buscar medios que eviten que el ciudadano acuda a la jurisdicción.
No creo que sea simplemente por falta de desarrollo legislativo y de dotación de medios, quizá sea más una cuestión cultura, pero lo cierto es que los ciudadanos siguen confiando más en la Administración de Justicia. Queda aún mucho por hacer, mucho camino por andar.
Las sentencias de los jueces hay que cumplirlas sí o sí, aunque algunos lo quieran obviar, y quizás en un asunto de familia, por ejemplo, puede ser más efectivo un acuerdo alcanzado en mediación y mejor aceptado por ambas partes.
No es razonable que a un juez le lleguen casos de si un niño tiene que hacer la primera comunión o a qué colegio hay que llevarle. Eso no tendría que llegar a un juzgado jamás.
En casos de propiedad horizontal, cuántos problemas de vecinos se evitarían llegando a acuerdos en mediación con los que tienden la ropa mojando la del vecino de abajo o con los que hacen fiestas hasta altas horas de la madrugada.
Los jueces llegamos muchas veces tarde, cuando los problemas y las malas relaciones están enquistados, y la mediación favorece un diálogo que no se va a poder desarrollar ante el juez, o se haría de forma diferente porque nosotros resolvemos con otros parámetros, con la ley.
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