Jorge Fernández Vaquero analiza en Confilegal la situación de la Justicia en España.
Jorge Fernández Vaquero (AJFV): “La Administración de Justicia está actualmente destruida a pesar de que sigue funcionando”
El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) advierte de que se corre el riesgo de que se desborde el marco constitucional y pasemos de facto a un Estado que ya no será un Estado social y democrático de Derecho
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13/9/2023 00:45
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Actualizado: 13/9/2023 08:17
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El bloqueo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) copó el acto de apertura del año judicial, pero hay otros problemas de los que no se habla.
Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), explica en esta entrevista cuáles son.
¿Cuál es la situación actual de la Administración de la Justicia en España?
Está en una situación crítica, está destruida a pesar de que sigue funcionando.
¿Cuáles son los motivos?
El primero tiene que ver con la imagen, la percepción que tiene la ciudadanía del sistema judicial, que está muy desacreditado, muy debilitado, a causa de los permanentes ataques desde el ámbito de la política. A veces incluso desde otras instituciones o poderes públicos.
Contribuye también de manera decisiva a esa imagen de politización que puede tener la ciudadanía la situación del Consejo General del Poder Judicial, y la reforma que se hizo para impedir al Consejo hacer nombramientos todavía ha agravado más esa situación. Esto sería un primer vector que está afectando al sistema judicial.
El segundo tiene que ver con un problema estructural, que es la falta de reformas destinadas a modernizar y renovar la estructura judicial en sí misma. Tenemos un problema de falta de jueces y fiscales, llevamos más de una década insistiendo en ello.
Sin embargo, hay una falta de previsión a medio plazo sobre la renovación de las plantillas, y va a haber jubilaciones muy importantes en esta década.
Otro problema es la falta de medios en determinadas jurisdicciones y territorios. El modelo de Administración de la Justicia, que está entre el Ministerio, el Consejo, la Fiscalía General y las Comunidades Autónomas, es caótico, no termina de funcionar.
Existe una falta de adecuación de la planta judicial. Está basada en criterios de hace varias décadas y no se ajusta del todo a la realidad actual.
También llevamos más de una década intentando sacar adelante reformas legales para agilizar y modernizar la estructura organizativa de los tribunales…
Asimismo, hay una falta de definición de cuál es el papel del juez y del resto de operadores, según los sindicatos…
Efectivamente. Eso estaría dentro de la definición de la estructura. Se ha ido queriendo liberar al juez de muchas funciones que no son propiamente jurisdiccionales.
En parte se ha conseguido, pero hay zonas que han quedado en cierta indefinición y otras donde se ha traspasado el límite y hemos ido al extremo contrario. Es decir, que sí son jurisdiccionales y se han sacado del ámbito judicial, y esto al final acaba afectando al funcionamiento correcto de la Administración de Justicia.
La solución a todos esos problemas está en manos del poder político…
Sí, totalmente.
¿Y qué llamamiento hace ante esta situación?
Se ha hecho tantas veces…
¿Es necesario un pacto de Estado por la justicia que blinde el servicio público ante los vaivenes políticos?
Lo que hace falta es eso, efectivamente. Y que se cumpla, porque a principios del año 2000 ya se alcanzó un Pacto de Estado, pero quedó a medias.
“Es necesario un pacto de Estado por la justicia que blinde el servicio público ante los vaivenes políticos, y que se cumpla”
Se necesita un consenso básico construido sobre un principio elemental: que el Poder Judicial está al margen de las luchas políticas o los posicionamientos estratégicos que tenga cada fuerza ideológica en el Parlamento o fuera de él.
La justicia tiene que quedar fuera de ese debate, igual que en su momento se dejaron fuera del Pacto de Toledo las pensiones, si bien luego se ha respetado más o menos.
El sistema judicial tiene problemas muy graves, que son propios. Lo tremendo es la actuación desde el ámbito de la política, que en lugar de centrarse en intentar solucionar esos problemas que ya tiene de por sí el sistema judicial, lo que ha hecho ha sido crear otro problema externo, que es el del Consejo.
Ese es un problema inducido, agravado luego con el problema de la falta de nombramientos, y encima ese problema externo es el que centra toda la atención, no dejando que se puedan desarrollar iniciativas políticas para mejorar el otro problema, el interno, que es el verdaderamente grave, porque acaba afectando al ciudadano.
Y además, invisibilizando ese problema a ojos de la ciudadanía.
¿Los partidos han secuestrado nuestras instituciones?
Sí. Ese es el principal factor de debilidad de nuestra democracia. La voluntad popular está siendo suplantada subrepticiamente por la voluntad de los partidos.
“Los partidos han secuestrado nuestras instituciones; los órganos del Estado responden a la voluntad del partido que en cada momento controla las instituciones, sin tener en cuenta la voluntad del electorado”
Los partidos son un elemento intermedio entre el electorado y los órganos de poder del Estado, pero ha acabado ocupando el lugar del electorado. Es decir, los órganos del Estado responden a la voluntad del partido que en cada momento controla las instituciones, sin tener en cuenta la voluntad del electorado.
Una vez que uno o varios partidos se hacen con el poder en las instituciones, toman sus decisiones anteponiendo su propio interés. Y ahí es donde se produce la suplantación.
Los vocales del CGPJ llevan ya 5 años en funciones, los mismos que como titulares. ¿Es optimista ante el panorama político que tenemos? ¿Cree usted que los dos grandes partidos van a ser capaces de lograr un acuerdo para resolver este problema del CGPJ?
Yo dejé de ser optimista hace bastantes meses con este tema, porque cada uno está actuando según lo que le interesa y no parece que ahora mismo haya un interés verdadero en que se solucione este problema.
¿Ni capacidad y voluntad?
Ni capacidad de voluntad. Aunque hubiera interés en solucionarlo, sería un interés espurio, también estarían buscando su propio beneficio.
Si ahora se ponen de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen la llave para hacer los nombramientos, lo harán otra vez para repartirse entre ellos las vocalías.
A ninguno de ellos le interesa lo más mínimo el perfil de los candidatos, ni su cualificación, ni sus capacidades, ni sus planes. Entonces, se habría renovado, habríamos quitado la fiebre, pero el cuerpo seguiría enfermo, porque la enfermedad consiste en el intento de ocupar estas instituciones con personas de reconocido servicio, que es lo que buscan nuestros políticos cuando hacen este tipo de nombramientos.
¿Desgasta ver que no hay salida a corto plazo?
Desgasta mucho en el día a día del 100% de los jueces y magistrados de este país, que lo que hacen es dictar sentencias y no están metidos en estos vericuetos de la política, ni siquiera de la política judicial.
En ese día a día, cuando nos ponemos la toga o cuando firmamos una resolución, somos muy conscientes de que estamos representando a un poder del Estado y que estamos ejerciendo una autoridad.
Pero esa es la autoridad que ejercemos se ve de muy debilitada cuando somos conscientes de que el ciudadano que se tiene delante puede haber desayunado esa mañana leyendo en el periódico que determinado ministro o parlamentario ha dicho que los jueces son fachas, que están haciendo una guerra o que se están plegando a las decisiones del Gobierno.
¿A qué obedecen esos ataques? ¿A la baja política o van más allá?
Van más allá de la baja política. Es una cuestión de deslegitimación.
El presidente en funciones del Tribunal Supremo mencionó esto precisamente en su discurso del acto de apertura del año judicial. Aquí hay dos ámbitos de poder que son, a día de hoy, los únicos que escapan al control directo del Ejecutivo.
Digo el Ejecutivo porque el Legislativo hace tiempo que renunció a ejercer sus funciones.
Los dos ámbitos a los que me refiero son la prensa y el poder judicial y en esas estamos, en un intento de deslegitimar al Poder Judicial, a los jueces con la finalidad de quitarse de en medio un obstáculo para un ejercicio omnímodo del poder.
“Estamos en un intento del poder político de deslegitimar al poder judicial con la finalidad de quitarse de en medio un obstáculo para un ejercicio omnímodo del poder”
Y la primera víctima de esta situación es el ciudadano. También lo dijo Marín Castán…
Sí. La primera víctima de esta situación es el justiciable, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada.
Y una sociedad que no confía en su sistema judicial está abocada a la ruina, a la quiebra.
“Una sociedad que no confía en su sistema judicial está abocada a la ruina, a la quiebra”
Un sistema judicial fuerte y basado en la confianza de los ciudadanos permite el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos, así como un desarrollo económico consistente, porque al final ofrece seguridad jurídica a las empresas. Y ese es el marco de éxito de las democracias occidentales en los últimos dos siglos.
Eso está en quiebra ahora mismo cuando tenemos esta situación de desprestigio del poder judicial, de pérdida de confianza. Al final, acaba siendo afectada toda la ciudadanía.
Obviamente hay una dimensión mucho más directa. El ciudadano que tiene un pleito o un litigio o bien desconfía o bien, por todos los problemas que he dicho que no se acometen, va a tener una respuesta más lenta.
¿En qué ha quedado el acuerdo de los jueces con el Ministerio previo a las elecciones? ¿Se ha cumplido o es papel mojado?
No se ha cumplido todavía, pero no es papel mojado.
Hay compromiso y obligación de cumplirlo. Ya deberían haberse dado pasos para hacer efectivo el incremento retributivo en octubre.
Las asociaciones firmantes estamos exigiendo al Gobierno que cumpla aquello a lo que se comprometió.
El proceso electoral ha supuesto un obstáculo para el cumplimiento de los plazos, otro factor que distorsiona también las relaciones entre el Ministerio de Justicia y la carrera judicial.
¿Qué opina usted del actual sistema de acceso a la carrera?
La principal ventaja que tiene el sistema actual es que impide que los políticos metan la zarpa en la designación de los jueces.
“El actual sistema de acceso a la carrera judicial impide que los políticos metan la zarpa en la designación de los jueces”
Ahora mismo no pueden, porque el actual sistema lo impide y están deseando hacerlo. Por eso llevan años hablando de intentar cambiar el sistema.
Lo que quieren es tener la puerta abierta. Quieren abrirla, aunque sea un poquito, para meter la mano e intentar influir en los nombramientos judiciales por la base, porque por arriba ya intentan influir a través del Consejo.
A la experiencia me remito. A la experiencia histórica de lo que se ha significado la intromisión en los ámbitos de la administración pública, incluso del sistema judicial en épocas históricas pasadas. Me remito a la experiencia presente con los nombramientos de los altos cargos del sistema judicial, donde vemos que los políticos intentan influir sin disimulo, y, además, se aseguran legislativamente las vías para hacerlo.
Y me remito a la experiencia de otros ámbitos de la administración pública, donde la designación es discrecional.
Todas las propuestas van curiosamente centradas en transferir el ámbito de selección de los nuevos jueces desde el CGPJ y las comisiones de los tribunales de oposiciones hacia la Universidad. Y yo me pregunto si de verdad la universidad española es un modelo de éxito en los procesos de selección y de elección entre un número de candidatos.
¿De verdad podemos ir presumiendo de los sistemas de elección que vemos habitualmente en el ámbito de la universidad española como para hacer que ese modelo sea el que se quiera implementar, nada más y nada menos, que para el acceso a la condición de juez?
Entonces, ¿el actual sistema de acceso a la carrera evita cualquier tipo de enchufismo?
Exacto. Es el sistema que garantiza el que no puedan ni siquiera intentar influir en la selección. Esto no quita para que el sistema sea mejorable en muchos aspectos.
Desde AJFV hicimos estudio y son mejorables aspectos de contenido de los programas de acceso, de la formación continua, y del tipo de ejercicios que se hacen, por ejemplo.
¿El Estado de Derecho peligra en España si se cede al chantaje de un fugado de la Justicia, como es Carles Puigdemont?
Sí. Lamentablemente, se está debilitando el Estado de Derecho, paulatinamente.
No partimos de una situación ideal. No podemos pensar que estamos perfectamente y que si ahora sale adelante un acuerdo entre Puigdemont va a quebrarse de repente este maravilloso Estado de Derecho.
Tenemos una degradación paulatina del Estado de Derecho.
“Tenemos una degradación paulatina del Estado de Derecho”
¿Desde cuándo se viene produciendo?
Desde hace mucho tiempo. Hay prácticas constitucionales muy poco respetuosas con el Estado de Derecho que son muy antiguas.
Por ejemplo, en el Consejo las designaciones de los vocales y del presidente siempre se han hecho vulnerando la Constitución. Esa es una práctica constitucional que ha ido degradando la calidad de nuestro Estado de Derecho.
Por ejemplo, en la de los organismos reguladores siempre se ha actuado con criterios partidistas, con finalidad de ocupación de las instituciones y esto también ha degradado la calidad del sistema democrático.
Esto se ha acentuado en los últimos años. Estas ya se han liberado de cualquier disimulo, se hacen abiertamente y lo peor es que ya se justifican. Consideran que están haciendo lo que están en su derecho de hacer.
destaca que «tan necesario es desbloquear como despolitizar el CGPJ».
¿Por qué cree que piensan esto?
Porque hay un mal entendimiento del principio democrático. Se ha instaurado la idea de que las urnas, a través de las mayorías, legitiman cualquier decisión y que la voluntad democrática mayoritaria no puede ser frenada por nadie que no tenga ese mismo respaldo democrático mayoritario, lo cual es absolutamente contrario a la idea de democracia misma.
Todo esto ha ido degradando el Estado de Derecho y estamos en un punto peligroso, porque o hay una reacción de defensa férrea de los principios del Estado de Derecho, sin los cuales no hay democracia -porque una condición de existencia de la democracia es el Estado de derecho-, o terminarán barridos para siempre..
“Se corre el riesgo de que se desborde el marco constitucional y pasemos de facto a un Estado que ya no será un Estado social y democrático de Derecho”
Entonces ya estaremos hablando de un Estado constitucionalmente distinto del que conocemos, aunque no haya cambiado ni una sola letra de la Constitución.
Se corre el riesgo de que se desborde el marco constitucional y pasemos de facto a un Estado que ya no será un Estado social y democrático de derecho, sino otra cosa.
Cambiando de tercio, la ministra Irene Montero dice que hizo bien en aprobar la ley del sólo sí es sí y no descarta seguir al frente de Igualdad. ¿Qué opina de esto? Esa ley ha reducido 1155 condenas y excarcelado a 117 agresores sexuales…
Lo primero, la ministra no aprobó ninguna ley, la aprobó el Parlamento. En segundo lugar, no podemos negar que fue impulsora de la norma. Y si considera que fue una norma acertada, en su derecho está.
En tercer lugar, como promotora de la norma, todas las consecuencias positivas y negativas que se derivan de la aplicación de la misma son responsabilidad suya y no de otros.
Si verdaderamente es una persona capaz de asumir la importancia de lo que significa ser ministra del Gobierno de España, no debería olvidar que la esencia de la función política consiste en tomar decisiones y asumir la responsabilidad de ellas.
Sobre Irene Montero y la ley del sólo sí es sí: “No debería olvidar que la esencia de la función política consiste en tomar decisiones y asumir la responsabilidad de ellas”
Si quiere seguir, eso pertenece al ámbito de su decisión personal, y que siga o no dependerá de quien sea presidente del Gobierno.
Por cierto, ¿qué pasos van a dar desde su asociación tras la sentencia de Estrasburgo que falló que el Constitucional vulneró los derechos civiles de seis jueces de la AJFV aspirantes al CGPJ al rechazar su recurso de amparo?
A finales de este mes se cumple el plazo para que la sentencia gane el carácter definitivo, porque hay un plazo de tres meses para pedir que el asunto sea elevado a la Gran Sala.
Si el Gobierno no lo hace, será una sentencia definitiva.
Con independencia de las actuaciones que nosotros emprendamos, es importante tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que el Tribunal Constitucional vulneró derechos fundamentales por una determinada actuación. Con lo cual, pensamos que sin esperar a nadie, el Tribunal debería revisar esta situación.
En segundo lugar, en la sentencia, con total claridad, se señala que el proceso de designación de vocales por el Parlamento es obligatorio y hay unos plazos que tienen que cumplirse.
El Congreso de los Diputados y el Senado son los destinatarios de esa advertencia. En su mano está dejar de violar derechos fundamentales de las personas que se postularon para ser designados vocales judiciales del Consejo.
“En la mano del Congreso y el Senado está dejar de violar derechos fundamentales de las personas que se postularon para ser designados vocales judiciales del Consejo”
Nosotros decidiremos lo que corresponda, pero los que tienen la obligación constitucional de arreglar esto no tienen que esperar a que nosotros se lo pidamos. Están obligados a hacerlo.
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