Las asociaciones de LAJs han reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cumpla la subida salarial de entre 430 y 450 mensuales que pactaron en marzo con el Gobierno.
Un acuerdo que ponía fin a más de dos meses de paros en la Administración de Justicia. y que, según denuncian, debería haberse reflejado en la nómina del pasado mes de julio.
El Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han enviado una misiva a la ministra pidiéndole una reunión urgente para desbloquear el conflicto.
Quieren que Montero les explique los motivos por los que no se ha cumplido con la adecuación salarial comprometida.
Los LAJs señalan que para cumplir en tiempo y forma con lo acordado, el 25 de abril el Consejo de Ministros autorizó la tramitación administrativa urgente de la reforma nuestros decretos retributivos. No obstante, indican que dicha tramitación fue paralizada un mes después «sin haberse ofrecido ni la más mínima razón objetiva que lo justificara».
Recuerdan que el Ministerio de Justicia les indica que la finalización de los trámites pertinentes y, por tanto, el cumplimiento de lo convenido, lleva meses dependiendo de un informe del Ministerio de Hacienda y que no acaba de llegar.
Los LAJs consideran que la situación política vigente, con el Gobierno en funciones, no justifica el incumplimiento del acuerdo.
El CNLAJ, UPSJ y Ainlaj ya han advertido de que ante este escenario, podrían volver a hacer huelga.
«Los Letrados estamos comprobando que todos los martes, el Consejo de Ministros está aprobando importantes compromisos de gasto en todo tipo de materias, y no hay ninguna excusa por la que no pueden ejecutar el acuerdo con nuestro colectivo del pasado 28 de marzo», señala a Confilegal Xoán Xosé Yáñez, miembro de la Ejecutiva de Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y del Comité de Huelga.
Subraya que «ejecutar un acuerdo ya adoptado, firmado, y presupuestado, no es más que un despacho ordinario para este Gobierno en funciones», por lo que «no hay motivo para esperar a un nuevo Ejecutivo para dar cumplimiento al mismo».
«No hay nada que negociar, porque está ya todo negociado en el acuerdo de marzo», sentencia.
Espera que la ministra atienda la petición del colectivo poniendo una fecha a la reunión y se solucione de una vez este problema, del que están pendientes un colectivo de 4.300 letrados.
