Antonio Salas Carceller, magistrado emérito del Tribunal Supremo, analiza en Confilegal la situación de la Justicia en España. Foto: Rosalina Moreno/Confilegal.
Antonio Salas: “En cualquier otro lugar, la ley del sólo sí es sí habría hecho caer al Gobierno, pero aquí se ha preferido atribuir la culpa a los jueces”
Destaca que dar concesiones, la impunidad, a Puigdemont constituye un insulto a la Fiscalía y al Poder Judicial
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26/9/2023 00:45
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Actualizado: 25/9/2023 21:51
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“En cualquier otro lugar, la ley del sólo sí es sí habría hecho caer al Gobierno, pero aquí se ha preferido atribuir la culpa a los jueces”. Así lo señala a Confilegal Antonio Salas Carceller, magistrado emérito de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), con 43 años de servicio en la carrera judicial.
También subraya que es “infame” apoyar ahora, expresa o tácitamente, a cambio de unos pocos votos, la afirmación de los independentistas de que se produjo una ‘represión injusta’ policial y judicial contra ellos.
Antonio Salas se jubiló hace ya casi tres años, con 67 años -10 días antes de cumplir los 68- y todavía sigue sin cubrirse su plaza como consecuencia de la reforma aprobada posteriormente que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial con el mandato vencido, situación en la que lleva desde diciembre de 2018.
Salas podría haber seguido en activo hasta los 72, el máximo que permite la Carrera Judicial, pero se jubiló para incorporarse como consultor externo al despacho SRF Abogados, de Murcia, integrado por su hija, Victoria Salas; su yerno, Ginés Riquelme, y un socio, Luis Ferrer.
En esta entrevista analiza la situación de la Justicia en España.
Se han rebajado penas por malversación, se ha borrado el delito de sedición del Código Penal, se han concedido indultos a cambio de votos y se está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho. ¿Está en peligro el Estado de Derecho en España?
Por supuesto que está en peligro el Estado de Derecho, pero afortunadamente sólo en un aspecto, que es el político; el cual, aunque muy importante, no es el único en el que tiene que estar presente el cumplimiento de la legalidad.
“El Estado de Derecho está en peligro en España”
Se habla de “desjudicializar” los conflictos políticos, lo cual es una aberración jurídica y un intento de desapoderar al Poder Judicial que, como poder independiente, no puede ser condicionado en sus decisiones -ni invadido- por el Poder Ejecutivo ni por el Legislativo.
Si con ocasión de una contienda política se incurre en la comisión de hechos penalmente ilícitos, no pueden dejar de ser perseguidos, y si se evita la persecución, quien así actúe estará incurriendo en un delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal (omisión del deber de perseguir delitos por la autoridad o funcionario).
En cuanto a las modificaciones legales, se han hecho por exigencias externas al Gobierno y para la regulación de casos muy concretos, lo que es contrario al propio concepto de “ley” que supone regulación general y de futuro.
Respecto de los indultos, creo que son ilegítimos porque, aunque solo fuese por eso, no existe arrepentimiento de los indultados; y que no se diga que los ha ratificado el Tribunal Supremo, porque no es verdad, ya que el Tribunal se ha limitado a decir que quienes los recurren no está habilitados legalmente para hacerlo.
“‘Desjudicializar’ -verbo de infame creación, que no existe en el Diccionario RAE- los conflictos políticos es una aberración jurídica y un intento de desapoderar al Poder Judicial”
Sánchez evita decir que Puigdemont deba ser juzgado: “Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial”. ¿Qué le parecen las declaraciones del presidente? ¿Esto es apología del delito tipificado en el artículo 408 del Código Penal: omisión de la obligación de perseguir delitos?
A mí me parece que efectivamente el presidente del Gobierno de todos los españoles no puede actuar de esa forma, y en cierto modo está intentando “desjudicializar” -verbo de infame creación, que no existe en el Diccionario RAE- con efecto retroactivo lo que ahora sostiene que nunca debió llegar a los tribunales de justicia; pese a que antes afirmaba que sí porque se había producido una “rebelión” en Cataluña en 2017 y llegó a asegurar en campaña que se comprometía a traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado y respondiera por sus actuaciones ilegales.
Repito que cualquier Autoridad que impida la averiguación y persecución de hechos que puedan ser delictivos incurre en el tipo penal del artículo 408 del Código Penal.
¿Qué opina de que se puedan dar concesiones, la impunidad, al prófugo Puigdemont, procesado por graves delitos, con tal de mantenerse en el poder?
Se utiliza ahora como excusa para ello que no se debió proceder judicialmente contra los insurrectos, cuando antes se decía todo lo contrario; lo cual constituye un insulto a la Fiscalía y al Poder Judicial que en tal caso habrían incumplido sus obligaciones constitucionales.
Supone, además, un desprecio al pueblo español intentar engañarlo constantemente mediante “rectificaciones”.
Es infame apoyar ahora, expresa o tácitamente, a cambio de unos pocos votos, la afirmación de los independentistas de que se produjo una “represión injusta” policial y judicial contra ellos, cuando lo cierto es que vulneraron reiteradamente la Constitución y desobedecieron al Tribunal Constitucional, lo que constituyen delitos gravísimos.
¿Cómo acoge usted, con 43 años de servicio en la judicatura, que los separatistas imputen a nuestros tribunales de justicia haber efectuado “represión” contra quienes vulneraron la Constitución y desobedecieron al Tribunal Constitucional? Lo ha dicho Oriol Junqueras.
Lo grave ya no es que lo diga un sujeto que, pese a haber sido indultado, sigue sin reconocer la ilegalidad de sus actuaciones y amenaza con reiterarlas, sino que un partido serio, como siempre fue el PSOE, con una contribución decisiva en la Transición, permita que en su nombre se entablen negociaciones inconfesables con dicho sujeto y se someta a sus injustas exigencias, con perjuicio para la totalidad de España, a cambio de unos cuantos votos para poder formar una mayoría en el Congreso y lograr la investidura de su candidato.
Todo ello en nombre de una “mayoría progresista” inexistente, pues si tal mayoría existiese en realidad no habría que pagar tan alto precio por los votos.
¿Qué consecuencias tendría la aprobación de una ley de amnistía?
No me lo quiero plantear y espero que no llegue a producirse.
En primer lugar, una amnistía como la que, al parecer, se pretende aprobar sería ilícita políticamente. No sólo porque no se dan las circunstancias propias para una medida tan excepcional -que incluso requeriría un consenso muy generalizado-, sino porque España sigue hoy siendo la misma que en 2017 y los que entonces atentaron contra su Constitución no descartan volver a utilizar la vía unilateral para hacerlo de nuevo si no se les permite un referéndum.
En segundo lugar, no cabe en nuestro ordenamiento, porque la Constitución no contempla la amnistía y, por el contrario, prohíbe expresamente una medida de gracia de menor intensidad (indultos generales). Sobran las palabras para cualquier intérprete imparcial.
En tercer lugar, la aprobación de una ley de amnistía (que simplemente adoptaría la figura formal de ley, pero no lo sería en cuanto está llamada a producir efecto sobre un caso concreto y pasado) sitúa al Rey en una posición muy difícil, porque si se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 62 i) y 102.3 de la Constitución, y artículo 18.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se trata de una prerrogativa real que, por tanto, requiere la concurrencia de la voluntad del Jefe del Estado.
No puede ser de otra forma, porque es la única Institución del Estado que está al margen de los tres poderes independientes y, por tanto, puede dejar sin efecto, aunque no por sí solo, una decisión judicial.
De ahí que, personalmente, entiendo que el Rey no vulneraría sus obligaciones constitucionales si se negara a firmar la amnistía. Quizás este sería un caso apropiado para convocar un referéndum a fin de que fuese el pueblo el que habilitara finalmente al Rey con su voto mayoritariamente favorable para otorgar la gracia.
¿Qué análisis hace de la situación de la Justicia en España?
Considero que la Justicia se encuentra en una situación límite que comporta un retraso tal en las resoluciones que al final implica en la práctica una negación de justicia.
“La Justicia se encuentra en una situación límite que comporta tal retraso en las resoluciones que al final, en la práctica, implica una negación de justicia”
Los medios personales y materiales siguen siendo escasos para atender al gran número de asuntos que se plantean en los tribunales.
Pondré un ejemplo: en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que ahora integran solo ocho magistrados -hay dos vacantes sin poder ser cubiertas-, se han ingresado más de 8.000 recursos en el año anterior, lo que supone 1.000 recursos por cada magistrado.
Evidentemente, no cabe asumir ese trabajo con la dedicación que requiere.
Los vocales del CGPJ llevan ya cinco años en funciones y, por una reforma del Gobierno, sin la facultad de hacer nombramientos? Su plaza aún no ha sido cubierta…
Así es. Yo me jubilé el 3 de noviembre de 2020 y mi plaza, pese a que llegó a salir a concurso y había muchos candidatos, no se cubrió.
Ya no pudo volver a salir a concurso por la limitación impuesta legalmente respecto de los nombramientos discrecionales. Esto, que se esperaba que rigiera durante solo un tiempo, ya va para tres años y me parece que supone un desprecio al Poder Judicial.
Los vocales del Consejo no tienen ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo. Como ocurre muchas veces, se ha pretendido emprender la renovación por una vía inadecuada: que el Gobierno y el jefe de la oposición acuerden unos nombres de vocales, incluso pactando quien será elegido presidente, para que diputados y senadores se limiten a apretar el botón correspondiente.
No es esto lo que dice la Ley. La responsabilidad está en la Presidencia del Congreso y del Senado, que no han actuado conforme a la Constitución y el Reglamento correspondiente, ya que se trata de una actividad exclusivamente parlamentaria.
Esto demuestra una vez más la falta de independencia de esos cargos respecto del Ejecutivo, que es el que marca los tiempos y las decisiones.
¿Qué se debe hacer primero? ¿Reformar o renovar?
Lo ideal sería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y devolver a los jueces la facultad -que nominalmente les reconoce la Constitución- para designar a los doce vocales de procedencia judicial.
Nunca entendí cómo se pudo justificar que sean los partidos políticos quienes “premien” a jueces en servicio activo promoviéndoles al Consejo, con la consecuencia de que los mismos partidos acuerden también previamente, en la práctica, a quién deben votar para presidir el Tribunal Supremo y, como consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial.
Esto supone una invitación a la politización de los jueces que, para ser nombrados vocales, pueden necesitar acercarse a los partidos políticos.
Pero si, por la dificultad de proceder a la reforma, ésta no fuera posible, es necesario que en el Congreso y Senado se produzcan cuanto antes las votaciones de los candidatos hasta que haya un número suficiente que haya obtenido 3/5 de votos favorables para ser nombrados.
Desde luego, en la siguiente legislatura debería llevarse a cabo la reforma.
-Los LAJs amenazan con otra huelga…
Parece ser que se les hizo una serie de promesas para terminar con la huelga anterior, de principios del año 2023, y aún no se ha cumplido lo acordado. Pero no conozco los detalles.
Una nueva huelga constituiría un gran perjuicio para el funcionamiento normal de la Administración de Justicia.
«Una nueva huelga de LAJs constituiría un gran perjuicio para el funcionamiento normal de la Administración de Justicia»
El conflicto de los funcionarios con el Ministerio sigue vigente y la huelga sólo está aplazada hasta la constitución del nuevo Gobierno. Hasta el momento, se ha saldado con un millón y medio de juicios y quince millones de procedimientos paralizados, según las estimaciones de CSIF.
Pues igual ocurre en el caso de los funcionarios. El estado de la Administración de Justicia, con un trabajo cada vez mayor y un notable retraso, no nos permite que, además, se produzcan este tipo de situaciones de alteración en su normal funcionamiento.
Cambiando de asunto, el CGPJ ha actualizado la lista de agresores sexuales beneficiados por la ley del sólo sí es sí: 1.205 reducciones de condena y 121 excarcelaciones. ¿Es una ley infame?
Es una ley bien intencionada, pero con unos resultados lamentables debidos a la precipitación y falta de atención a las objeciones que se hicieron al proyecto por parte de quienes emitieron informe.
Era un tema muy delicado y se debieron agotar las precauciones, lo que no se hizo.
En cualquier otro lugar, esta situación habría hecho caer al Gobierno, pero aquí se ha preferido, en general, atribuir la culpa a los jueces.
¿Qué opina de los ataques de políticos de Unidas Podemos al poder judicial?
También sufren ataques verbales los policías y guardias civiles…
Se trata de una degeneración democrática, para lo que basta observar simplemente el aspecto que presenta el Congreso en muchas ocasiones. Salvo honrosas excepciones, los únicos que guardan la adecuada formalidad son los ujieres.
Hay parlamentarios que consideran que como han sido incluidos en una lista -en la que, por cierto, no se les ha podido tachar- y en esa lista han salido elegidos, tienen una legitimidad que les habilita para decir y hacer lo que quieran contra el adversario político, los jueces, la policía etc. amparados indebidamente en su inmunidad parlamentaria.
¿Le preocupa que los ciudadanos pierdan el respeto a los tribunales porque el poder político es el primero que no los respeta?
Por supuesto. Si los cargos públicos obligados especialmente al respeto a los demás poderes del Estado se comportan de esta manera, ¿qué vamos a pedir a los ciudadanos, que muchas veces, por desgracia, les siguen incondicionalmente y se inspiran en lo que dicen y hacen los políticos?
La presidenta de la asociación mayoritaria de jueces, María Jesús del Barco, destaca que a algunos políticos se les olvida que las Cortes Generales están sujetas también a lo que dice la Constitución…
Estoy totalmente de acuerdo con esta apreciación.
Se actúa de un modo inaceptable dando lugar, por ejemplo, al fraude de facilitar parlamentarios a otros grupos para que puedan crear grupo parlamentario independiente, aumentando gasto público de modo injustificado y todo ello por intereses puramente partidistas.
Como ya decía, incumplen también la Constitución y las demás leyes al no proceder a renovar el Consejo General del Poder Judicial, sin poner en marcha el mecanismo de renovación hasta que no lo “ordene” el Ejecutivo, que nada tiene que ver legalmente en esto.
¿Usted confía en que el Gobierno se mantenga dentro de los límites?
Estamos en un sistema que, en la práctica, es absolutamente presidencialista; siendo, especialmente el Congreso, un instrumento al servicio del Gobierno.
Por tanto, no tengo ninguna confianza en que así sea.
“No tengo ninguna confianza en que el Gobierno se mantenga dentro de los límites”
Por cierto, el Congreso creó la semana pasada una nueva modalidad de aplicación de las normas con ocasión de las lenguas cooficiales. Aunque lo normal sería que se debatiera la propuesta, se votara y se aplicara, se hizo en el orden inverso: votar una vez se había aplicado…
Una prueba más de la falta de respeto a sus propias normas de funcionamiento para contentar a aquellos de quienes depende una futura y eventual nueva investidura del actual presidente.
¿Qué opina de que ahora en el Congreso no se hablará exclusivamente en castellano?
Me parece que se crea un conflicto innecesario y lo peor es que también se hace por imposición de otros y para conseguir unos pocos votos, que son imprescindibles para una futura investidura.
Las lenguas cooficiales son muy respetables e incluso, como se dice, una riqueza cultural. Pero esas lenguas son cooficiales en sus respectivos territorios y no en toda España.
Si el Parlamento nacional estuviera en Cataluña, se podría pensar en compatibilizar el uso del castellano y del catalán. Pero en Madrid la única lengua española oficial es el castellano y todos los españoles tienen la obligación de conocerlo, según la Constitución, por lo que lo lógico es que sea de uso común al menos en el Congreso.
Además, si no me equivoco, lo que se habla en catalán se traduce al diputado vasco al castellano y no al euskera.
En todo caso, si tal implantación del uso de las distintas lenguas era tan beneficioso, tenía que haberse realizado mucho antes o, en su caso, haberlo llevado en el programa electoral para las elecciones del 23J.
El poder político parece que toma por tontos a los ciudadanos… ¿Cree que la respuesta de la ciudadanía a todos estos ataques es demasiado laxa?
Al pueblo, en general, le da igual muchas cosas. Pero a muchos nos molesta especialmente que se nos intente engañar diciendo, por ejemplo, que determinadas reformas del Código Penal responden a la necesidad de situar a España en sintonía con la regulación existente en otros países, cuando lo que se está haciendo en realidad es ceder el Gobierno español a las presiones de determinadas minorías que exigen dichas reformas, lo que hace desmerecer en mucho la consideración de España en el exterior.
Como es absolutamente ridículo que una vicepresidenta del Gobierno viaje para entrevistarse con un prófugo de la Justicia, al que se adula ahora para conseguir un escaso número de votos, cuando por otro lado el propio Estado español está reclamando su presencia en España para juzgarlo por graves delitos.
“Es ridículo que una vicepresidenta del Gobierno se reúna con un prófugo de la Justicia, al que se adula ahora para conseguir un escaso número de votos, cuando por otra parte, el propio Estado español está reclamando su presencia para juzgarlo por graves delitos”
¿Las instituciones europeas deberían tomar cartas en el asunto y no mirar para otro lado?
Es difícil que la UE se implique en estas cuestiones, por tratarse de asuntos internos de España.
Pero, desde luego, no se tomará en serio a un país que, por un lado, está reclamando la entrega a España de ciertas personas acusadas de graves delitos, mientras que por otro, hace que se desplacen miembros de su Gobierno a hablar con ellos para que les ayuden a formar un nuevo ejecutivo con su apoyo, bajo exigencias totalmente inasumibles.
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