El Tribunal Constitucional (TC) celebrará mañana lunes un Pleno monográfico sobre los recursos de Vox y el PP contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impide realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando caducado, y lo hará con dos propuestas contradictorias, si bien la que más apoyos tiene entre los magistrados es la que aboga por avalar la reforma, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El recurso de Vox, interpuesto en abril de 2021, recayó en la magistrada progresista; María Luisa Balaguer. El segundo, el del PP, en el magistrado conservador, César Tolosa, que fue, hasta su nombramiento, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y que sufrió las consecuencias de dicha situación.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, convocó este Pleno monográfico –que no es inédito pero sí inusual–, a petición de César Tolosa, «dada la complejidad del asunto y el interés general».
El texto de Balaguer propone validar la reforma del CGPJ. Considera que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces.
El citado precepto señala, sobre el CGPJ, que «la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario».
Además, Balaguer incide en que la Constitución expresa claramente que el CGPJ tiene un mandato de cinco años, tras los cuales debe renovarse, por lo que no contempla un Consejo en funciones.
De ahí que defienda que éstas se limiten, sobre todo si tienen un carácter discrecional.
En cambio, la ponencia de Tolosa –la relativa al recurso del PP– entiende que, aunque dicho artículo permite al legislador modular el funcionamiento interno del CGPJ, no le otorga tanta libertad como para despojarlo de una de las funciones que le encomienda la Carta Magna, esto es, la de realizar nombramientos.
Tolosa cuestiona la oportunidad política de la reforma de la LOPJ, haciendo hincapié en que, si se quería limitar sus poderes para forzar su renovación, se debería haber hecho cuando venció su mandato, el 4 de diciembre de 2018, no tres años después.
Las citadas fuentes aclaran que ninguno de los dos textos hace referencia a la contrarreforma exprés aprobada en julio de 2021 para devolver al CGPJ su capacidad de hacer nombramientos discrecionales pero únicamente para designar a sus dos candidatos al TC.
Esa segunda modificación posibilitó que el pasado enero se produjera la renovación parcial del Constitucional que estaba pendiente desde junio de 2022, provocando un vuelco desde la entonces mayoría conservadora a la actual progresista.
Las fuentes consultadas apuntan a que se impondrá la propuesta de Balaguer, si bien señalan que esta vez cabe esperar que los bloques se rompan y algún magistrado de la mayoría progresista (de 7 frente a 4) vote con sus colegas conservadores.
VETO A LAS FUNCIONES DEL CGPJ
Vox y PP tachan de inconstitucional la modificación efectuada en marzo de 2021 a la LOPJ para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad (como el actual) cubra las vacantes generadas en los altos tribunales.
La reforma legal pretendía empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero la falta de avances para nombrar nuevos vocales propició que en julio de 2022 las Cortes Generales aprobaran la segunda reforma.
Estos recursos iban a ir a Pleno en el mes de junio, una vez superados los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, pero el adelanto electoral al 23 de julio trastocó los planes de la corte de garantías para no interferir tampoco en estas votaciones.
PANORAMA «DESOLADOR» EN EL SUPREMO
Cabe recordar que la imposibilidad legal de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales ha llevado al Tribunal Supremo (TS) al borde del colapso, con un total de 23 plazas sin cubrir, una situación que afecta ya a todas sus salas.
Durante la apertura del año judicial, celebrada el pasado 7 de septiembre, el presidente interino del TS, Francisco Marín Castán, calificó el panorama de «desolador».
Del total de vacantes, se registran 2 en la Sala de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar.
