El Consejo de Ministros ha aprobado hoy actualización salarial para jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia (LAJs).
Así lo ha avanzado a Confilegal el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, integrante del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Tras la aprobación por el Consejo de Ministros de hoy del acuerdo de 23 de mayo de 2023 «que los Ministerios de Justicia y Hacienda alcanzaron con las asociaciones judiciales y fiscales, excepto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)», Edmundo Rodríguez Achútegui destaca que la actualización salarial de la judicatura y la Fiscalía es «un triunfo de la negociación constructiva, que ha permitido cumplir una previsión legal sin daño para la Administración de Justicia”, puesto que “no ha sido necesaria la huelga para alcanzar un acuerdo”.
Este magistrado indica que “el compromiso que judicatura y Fiscalía han adquirido para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia” se ha traducido, finalmente, en el cumplimiento de un acuerdo que «permitirá mejorar el servicio que se ofrece a los profesionales del Derecho y la ciudadanía en los Juzgados y Tribunales”.
Edmundo Rodríguez Achútegi señala que “las huelgas que ha padecido la Administración de Justicia han afectado seriamente a su funcionamiento”, y destaca que el cumplimiento de lo acordado en mayo con jueces y fiscales «contribuye a evitar más perjuicios a un servicio público esencial: la Administración de Justicia”.
Este magistrado resalta «la capacidad negociadora de los protagonistas de ese pacto, dejando a un lado motivaciones ajenas a la judicatura y la Fiscalía”.
Rodríguez Achútegi considera que “la autoexclusión de posturas maximalistas ratifica que un acuerdo que deja abierta la negociación para los próximos años era la postura más razonable y útil para los intereses generales”.
Este representante de JJpD pone en valor que el acuerdo que ahora se cumple «haya reflejado de algún modo la preocupación por la carga de trabajo de buena parte de los tribunales, como prueba el compromiso de creación de plazas”, y el mantenimiento de una mesa permanente de negociación “que evite que haya que esperar cinco años” para atender razonables peticiones de los cuerpos judiciales y Fiscalía.
