Y también contra otros seis acusados.
El juez del caso ERE abre juicio oral contra dos exconsejeros de Empleo de la Junta por las subvenciones de 33,3 millones a las sociedades del exconsejero Ángel Ojeda
Son Antonio Fernández y Manuel Recio, el juez les ha impuesto fianzas de 26 millones y 9, respectivamente
|
17/10/2023 15:02
|
Actualizado: 17/10/2023 15:27
|
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto juicio oral contra los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio, así como otras seis acusados en relación con las subvenciones por una cantidad total de 33.309.789,16 euros presuntamente “arbitrariamente” concedidas al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda -ya fallecido- para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi.
Contra los dos exconsejeros de Empleo citados por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación.
El resto son un hijo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por dicho exconsejero. A estos investigados han sido enviados a juicio por delito continuado de fraude de subvenciones.
Así lo dispone el magistrado instructor, José Ignacio Vilaplana Luquero, de refuerzo del Juzgado, en un auto fechado el 10 de octubre.
También ha abierto juicio oral contra cinco entidades, en calidad de responsables civiles subsidiarios de delitos continuados de fraude de subvenciones, y contra otras nueve entidades en calidad de partícipes a título lucrativo de la comisión de estos últimos delitos.
El órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa es la Audiencia Provincial de Sevilla.
El instructor requiere tanto a los acusados como a dichas entidades distintas fianzas a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, con el apercibimiento de que, de no prestarlas, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma solicitada.
FIANZAS DE HASTA 32 MILLONES DE EUROS
En concreto, a Antonio Fernández y a Manuel Recio les ha impuesto fianzas de 26.816.815,70 euros y 9.721.147,95 euros, respectivamente, mientras que las de los otros seis acusados oscilan entre los 32.785.798,70 euros y los 6.759.075,08 euros.
El juez ha tomado la decisión de abrir juicio oral contra estos ocho acusados y las entidades referidas tras los escritos de acusación presentados por la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía, el PP-A y la Tesorería General de la Seguridad Social.
“SIMULACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO»
Según relata el magistrado, los exconsejeros de Empleo investigados “asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad”.
Para ello, “habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias, que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de ex trabajadores de Delphi (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); por otro lado, a mantener las percepciones de los ex trabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo”, detalla.
El instructor asevera que “el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada”, todo ello “sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos”.
De lo actuado “resulta factible deducir que los referidos responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones “excepcionales” a la contratación, sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la -entonces vigente- normativa autonómica y estatal”, expone José Ignacio Vilaplana.
En este sentido, precisa que, en fecha no concretada, pero en torno a los meses de verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, habría convocado a una reunión informal a Ángel Ojeda, “quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta”, informándole el primero de que los trabajadores de Delphi “iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos”, al tiempo que “se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas” por el propio Ojeda.
Según señala, “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades” de Ángel Ojeda, señalando que “las entidades que ofrecía” el ex consejero de Hacienda, “meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública”.
LA ACTUACIÓN DE LOS DOS EXCONSEJEROS
“Los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los ex trabajadores de Delphi para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existieses una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente empresa o entidad beneficiaria de la subvención”, de modo que los contratos de trabajo “sólo tenían como objetivo crear una apariencia de -ficticia- relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los extrabajadores incluidos en el Dispositivo de Tratamiento Singular el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho”, relata el instructor.
Según explica, las subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de 2010, a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido Ángel Ojeda, como son la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido la suma de 7.376.573,64 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), que habría obtenido 5.268.825,84 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573,64 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), que habría obtenido la cantidad de 7.376.573,64 euros, y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante total de 5.911.242,40 euros.
Las subvenciones del 10 de agosto de 2009 y 26 de febrero de 2010 habrían sido concedidas, “al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables”, por el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que las subvenciones de 3 de diciembre de 2010 fueron otorgadas por su sucesor en el cargo, Manuel Recio, “sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo”, expone.
El juez instructor sostiene que “los referidos consejeros de Empleo habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda –bien por él directamente, bien por personas de su confianza- con el fin de canalizar y obtener las subvenciones descritas”, señala el juez, que subraya que el total de subvenciones “arbitrariamente” concedidas por los titulares de la Consejería de Empleo en favor de este “entramado Ojeda” ascendería a la cantidad de 33.309.789,16 euros.
Y el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda “habría posibilitado el otorgamiento y obtención irregular de estas subvenciones utilizando un amplio entramado de sociedades, asociaciones y fundaciones que aparentaban ser de distinto origen y finalidad”, apunta.
“Algunas estaban ya constituidas, si bien no tenían actividad alguna, y otras fueron fundadas con posterioridad, si bien todas ellas formaban parte del denominado Grupo Prescal controlado por Ojeda”, concluye.
Noticias Relacionadas:
