En junio de 2020, los responsables del sistema de encriptación EncroChat enviaron una alerta a sus usuarios para avisarles de que sus defensas habían sido vulneradas por entidades gubernamentales.
Era la Justicia francesa.
A pesar de presentarse como una sistema de garantía de perfecto anonimato, discreción y nula trazabilidad para los usuarios, les recomendaron apagar los teléfonos y deshacerse de ellos, pero no sirvió de mucho.
Sus planes se vieron truncados y ello ha permitido detener a 6.500 supuestos delincuentes en todo el mundo.
En las informaciones analizadas de forma conjunta por Francia y Holanda no se encontró ningún mensaje normal, todos estaban relacionados con el tráfico de drogas o con delitos que iban de la mano del tráfico de drogas, como la corrupción, el blanqueo de capitales, lesiones o atentados contra la vida.
Fuentes jurídicas cuentan a Confilegal que la Audiencia Nacional (AN) tiene actualmente controlados un total de 76 asuntos relacionados con la comunicación encriptada con fines delictivos.
En la mayoría de las veces son pruebas que se incorporan a casos ya abiertos respecto a una organización criminal.
De ellas, 34 corresponden a EncroChat y 42 a SKY ECC, otro sistema de comunicación telefónica encriptada.
La AN tiene ubicados hasta 8 de estos sistemas.
EncroChat tenía 60.000 usuarios y 5.000 eran españoles
Según datos consultados, EncroChat tenía 60.000 usuarios a nivel mundial, de los cuales 5.000 eran españoles; SKY ECC tenía 170.000, con 18.000 nacionales y Anom disponía de 12.000 clientes en todo el planeta, de los cuales, 3.800 eran españoles.
Francia fue la que abrió la caja de Pandora con EncroChat interceptando los mensajes y desencriptándolos mediante una autorización judicial.
Lo hicieron a través de un sistema que, según estas mismas fuentes, no han revelado.
En su Código Procesal Penal, equivalente a nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, existe un artículo que les permite llevar a cabo estas operaciones sin necesidad de desvelar cómo lo han realizado.
La intención es la de salvaguardar su derecho a la defensa nacional lo que está avalado por el Consejo Constitucional francés, que es el equivalente al Tribunal Constitucional en España.
Además, la intervención concreta de EncroChat está respaldada por su Corte de Casación, explican fuentes de la Audiencia Nacional.
Así las cosas, encargaron a Europol un análisis detallado de la información criminal que habían encontrado.
Y como EncroChat permitía ubicar de dónde eran esos teléfonos, fueron enviando información espontánea a las autoridades judiciales, que en este caso, era a la Fiscalía en España. Les comunicaron que tenían esa información y que si la necesitaban, la podían solicitar formalmente.
LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
La Fiscalía envió una Orden Europea de Investigación (OEI) y Francia les trasladó toda la información relacionada con usuarios españoles. Lo hicieron a través de un disco duro que recogió la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía española.
Pero esto generó controversia por si tal información vulneraba los derechos fundamentales.
Sin embargo, la semana pasada, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la croata Tamara Capeta, avaló que un fiscal sí podía emitir una OEI para trasladar pruebas obtenidas en otro Estado miembro.
Es decir, allanó el camino para que EncroChat fuese una prueba válida en todas las investigaciones por narcotráfico en Europa.
Al fin y al cabo, la intervención telefónica ya estaba hecha por otro país y avalada por un juez, y la Fiscalía lo que solicitaba era la información documental.
Los sistemas de encriptación son ilegales en Francia
A excepción de los sistemas autorizados que Francia tiene establecidos, los programas de encriptación de comunicaciones telefónicas allí son ilegales y ello está plasmado en una ley de comunicaciones.
En cambio, en España, no hay ninguna norma que explique que el uso de estos sistemas con fines delictivos sea ilegal. Algo que las citadas fuentes cambiarían, al igual que también consideran que es necesario una reforma del Código Penal.
“Nos tenemos que defender contra los sistemas electrónicos, el Estado tiene que ponerse al mismo nivel” ya que, si no, “esto puede llegar a ser México”, el avance de las nuevas tecnologías cambia la forma del narcotráfico, “ahora también utilizan drones”, resaltan.
Respecto a los letrados que defienden a los narcotraficantes que consideran que esto es una investigación prospectiva, destacan que eso no es así porque “lo que ha hecho Francia es intervenir teléfonos bajo una orden judicial y todos los Estados lo han validado”.
Asimismo, resaltan la importancia de disponer más medios para combatir este problema. “Habría que adaptar la legislación y tener muchos analistas de sistemas informáticos en Policía y Guardia Civil porque están hasta arriba. España tiene que prepararse mejor para luchar contra el narcotráfico».
