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La fortaleza del Estado social y democrático de Derecho frente a sus disidentes
El autor de esta columna, Luis Romero, es socio director de la firma Luis Romero Abogados y doctor en Derecho Penal. En su columna reflexiona sobre cómo el paso dado por el presidente Sánchez al pactar con los disidentes afecta al Estado de Derecho.
13/11/2023 06:32
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Actualizado: 13/11/2023 09:24
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En octubre de 2017 veíamos cómo unos guardias civiles abandonaban un pueblo en Cataluña pasando entre un corro de exaltados llenos de odio que les insultaban e incluso les escupían. También a unos policías nacionales que en un hotel permanecían asediados por separatistas bien organizados por políticos mientras los uniformados constataban impotentes cómo debían contenerse ante las órdenes de sus superiores.
En Barcelona y otras muchas localidades catalanas imperaba el caos y los ciudadanos de bien debían esconderse frente a los delincuentes que animados por los partidos independentistas sembraban el terror causando grandes daños económicos, morales y de convivencia.
Pero el mayor perjuicio era el ataque a las libertades públicas, a nuestra democracia y a nuestra unidad nacional. El Estado supo responder aplicando la ley y muchos de los responsables fueron juzgados y condenados, otros huyeron y aún permanecen fugados.
Después, a pesar de condenar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por delito de sedición y no de rebelión a algunos de los juzgados, entre otros delitos, asistimos atónitos a los indultos decretados por el Gobierno socialista.
Mientras tanto, el mayor culpable de una de las crisis políticas más graves de nuestra democracia, Carles Puigdemont, se paseaba por toda Europa riéndose de España y sus instituciones y dejando la imagen de nuestro país en un lugar que no nos merecemos los españoles.
No obstante, Pedro Sánchez y sus aliados seguían negociando con su partido y sus satélites.
Cuando parecía que el círculo judicial se estrechaba alrededor del golpista y podría perder su inmunidad como parlamentario europeo, la suerte acudió en su ayuda por 7 votos y Junts quedó como árbitro para decidir si gobernaban España los populares o los socialistas.
Nunca 7 escaños y tan pocos sufragios (160.000) influyeron tanto en la destrucción de nuestro estado de derecho, nuestra democracia, nuestra unidad nacional, nuestra economía y, algo muy importante, nuestra dignidad como nación.
Pedro Sánchez estuvo seguro la noche de las elecciones de que sería presidente de nuevo. Tenía controlado a su grupo parlamentario pues el PSOE actual poco se parece al de las últimas décadas y la democracia interna apenas se ejerce.
Y dada la reciente experiencia en el Gobierno anterior apoyado en los seguros votos de los comunistas y los escaños en venta de los grupos separatistas, sólo le quedaba la incógnita de qué decidirían Puigdemont y Junts.
SÁNCHEZ SABE QUE TODO TIENE UN PRECIO, Y ESPAÑA, TAMBIÉN
El señor Sánchez siempre se ha mostrado optimista y sonriente cuando se le ha preguntado sobre su certeza para continuar en La Moncloa, por la sencilla razón de que él sabía que todo tiene un precio para él y España también.
Ni los más críticos con el presidente Sánchez pensaban que fuera a llegar tan lejos.
Por poner un ejemplo, Jueces para la Democracia ha permanecido leal a Sánchez y su Gobierno hasta el mismo momento en que se ha atrevido a aceptar introducir en el acuerdo ilegal e inconstitucional con Puigdemont y los demás enemigos de España el término “Lawfare” que permitiría que los políticos juzgaran las resoluciones judiciales pasadas, presentes y futuras.
Ataques a la independencia judicial sucedidos en Polonia o Hungría serían considerados menos importantes que las fechorías que se propone el futuro gobierno y sus aliados.
Una amnistía tan amplia como la acordada que incluye las responsabilidades penales y civiles no solo por el golpe de estado sino también las derivadas de delitos de terrorismo y otras infracciones penales perpetradas independientemente y con anterioridad, como los delitos de los Pujol, en cuyos casos el Estado habría de perdonar y ponerse de rodillas ante los reos, es algo a lo que pocos estadistas se han atrevido.
«Los juristas debemos pronunciarnos en defensa de la Constitución, la democracia y el estado de derecho como ya lo han hecho las asociaciones de jueces y de fiscales, letrados judiciales, procuradores y algunos colegios de abogados»
Pero como no podían dejar de regalar a los otros que miraban cómo todo se le otorgaba a los catalanes, los vascos han aprovechado su oportunidad de oro para conseguir lo que ya parece poco en comparación con la expoliación de los catalanes.
Sin que podamos olvidar las concesiones a la extrema izquierda como la reducción de la jornada laboral y otros atentados a la libertad de empresa y a nuestra economía.
Son horas difíciles pues aunque aún algunos sean optimistas respecto a una posible ruptura que lograse que estos desmanes no se hiciesen realidad, algunos puntos del pacto como la figura del relator internacional, haber negociado el gobierno con un prófugo de la justicia en Bruselas durante largas semanas cediendo lo inimaginable mientras que Puigdemont ridiculizaba a España hasta lo inconcebible y, aún más, perpetrar un ataque letal a la separación de poderes y a la independencia judicial; todas estas cesiones e indulgencias trastornan las esperanzas de los más confiados.
Los juristas debemos pronunciarnos en defensa de la Constitución, la democracia y el estado de derecho como ya lo han hecho las asociaciones de jueces y de fiscales, letrados judiciales, procuradores y algunos colegios de abogados como los de Madrid y Granada, etc. También se han manifestado importantes firmas de abogados y otras instituciones.
Yo por mi parte, como abogado, doctor en Derecho y socio director de Luis Romero Abogados, me reafirmo en la defensa de nuestra Constitución y el Estado social y democrático de Derecho, con la sólida esperanza de que nuestras instituciones, nuestro ordenamiento jurídico y los tribunales españoles y europeos no permitirán que el Estado quede indefenso.
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