La ley de amnistía es contraria al derecho de la UE, afirman más de 300 profesores de derecho
Profesores de derecho de toda España consideran que el acuerdo PSOE-Junts supone un "golpe de Estado encubierto" y que la ley de amnistía es nula e inaplicable. Foto: EP.

La ley de amnistía es contraria al derecho de la UE, afirman más de 300 profesores de derecho

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13/11/2023 01:30
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Actualizado: 13/11/2023 08:54
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Pertenecen a todas las áreas del derecho y a todas las universidades españolas. El acuerdo que el PSOE ha firmado con el partido separatista catalán Junts para amnistiar a los condenados por el “procés”, y a los que todavía resta por juzgar, ha provocado una movilización espontánea de más de 300 profesores de rechazo que se ha materializado en un comunicado al que se han adherido todos ellos –y siguen adheriéndose muchos más mientras se está escribiendo este texto–.

En el mismo afirman que dicho acuerdo para una ley de amnistía, suscrito por el PSOE, “es contrario a la Constitución y al derecho de la Unión Europea”.

Por lo tanto, el resultado es que la futura “ley es nula e inaplicable”.

Compuesto por cuatro puntos, los profesores de derecho afirman que supone una “quiebra del Estado de Derecho, al supeditar a los jueces a las mayorías parlamentarias”.

Incluso van más allá, con toda contundencia: supone un “golpe de Estado encubierto”.

Afirman que “una amnistía nunca puede ser constitucional ni acorde al Derecho de la Unión Europea cuando se promulga para que el amnistiado y sus amigos y conocidos -incluido un sospechoso de blanqueo de capitales del narcotráfico- eviten la aplicación de la justicia, a cambio de prestar sus votos -siete monedas de plata con la cara de un prófugo- a la investidura de un candidato”.

Y recuerdan que “ni el terrorismo, ni la malversación, ni el blanqueo de capitales son amnistiables, conforme a la normativa de la UE”.

Además, los jueces, que son jueces de la UE, “deben considerar nulas e inaplicables las normas que resulten contrarias al derecho de la Unión”.

TRES PROFESORES IMPULSAN EL COMUNICADO

El comunicado ha sido impulsado por tres reputados profesores universitarios: Javier Vecina, director del Departamento de Ciencia Jurídica y Derecho Público de la Universidad de Castilla-La Mancha, por José Manuel Chozas, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y por colega Nicolás González-Cuéllar, igualmente catedrático de la misma especialidad, también en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Los tres son conscientes de que la Academia tiene que hacer sentir su voz alta y clara en esta amenaza para el Estado de Derecho y la democracia, la más grave sufrida desde el 23-F.

En opinión de Vecina, “el acuerdo PSOE-Junts vulnera cuatro artículos de la Constitución Española, el 1, el 9.3, el 14 y el 117.3. También el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 2. Y el 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”.

“Ambas normas fundamentales exigen un respeto escrupuloso en España del principio de separación de poderes y del derecho fundamental de todos los ciudadanos a la igualdad en la aplicación de la ley”, añade. 

Dichos valores se verían conculcados con la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas.

LOS JUECES ESPAÑOLES NO PODRÍAN APLICAR LA LEY DE AMNISTÍA

Porque, a juicio de Vecina, los jueces españoles, “como jueces europeos, están vinculados al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [TJUE] y tienen, por ello prohibido aplicar cualquier norma, incluyo leyes, que se opongan al derecho de la Unión”.

En este caso, en función de la doctrina elaborada por el TJUE sobre el acto claro o aclarado (STJUE de 6 de octubre de 1982, Cilfit, asunto C-283/81) el profesor Vecina asegura “que no sería necesario plantear de forma simultánea a la inaplicación de la ley de amnistía una cuestión prejudicial interpretativa ante el TJUE”.

Un punto de vista que comparte el catedrático de la Universidad Complutense, Javier Pozas, porque “nos va la libertad”.

Y añade: “Si se entendiera lo contrario, la consecuencia directa sería la interposición de una cuestión prejudicial ante el TJUE, prevista en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que supondría la suspensión de la proposición de ley hasta que el TJUE emita su fallo”.

Chozas subraya que el pacto PSOE-Junts tiene un fondo ilícito, “por lo tanto, es nulo de pleno derecho porque va en contra de la Constitución. Es difícil mantener la constitucionalidad de algo que es manifiestamente inconstitucional”.

SI PUIGDEMONT REGRESA A ESPAÑA DEBERÍA SER DETENIDO

De acuerdo con el profesor Chocas, esto va a tener una consecuencia directa para el prófugo Carles Puigdemont y es que no va a poder volver a pisar España, por ahora.

“En el caso de que Puigdemont pisara suelo español sería inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial. Recordemos que tiene un juicio pendiente en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, señala.

Por otra parte, el profesor González-Cuéllar, que coincide al ciento por ciento con sus dos compañeros, explica que “el comunicado de los profesores de Derecho advierte sobre el golpe encubierto que supone que los políticos desprecien públicamente el trabajo de la judicatura en garantía de los derechos y libertades de todos”.

“Y también que pretendan amordazarlos y amedrentarlos, para que la magistratura se convierta en dócil cordero silente ante la deriva autoritaria del poder político. Es el camino a la dictadura. Es increíble que el fiscal general del Estado, que tiene por misión defender la independencia judicial, esté callado. La situación es de tal gravedad que el silencio le hace cómplice”, concluye.

PROFESORES HAN SUSCRITO EL COMUNICADO

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