La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación que se centra en una cuestión crucial para los opositores al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ya que deberá dilucidar la nota de corte que debe aplicarse en las pruebas psicotécnicas ordenadas en ejecución de sentencia.
La resolución del Tribunal Supremo en este caso, cuya demandante es una aspirante a Policía Nacional, podría sentar un precedente significativo en este ámbito, marcando pautas claras sobre cómo abordar las pruebas psicotécnicas en casos de ejecución de sentencia.
La polémica se remonta a años atrás, cuando cientos de opositores al CNP fueron declarados no aptos en pruebas de entrevista o reconocimiento médico.
El Gabinete Jurídico Suárez-Valdés ha ganado alrededor de 600 casos relacionados con estas materias en los últimos años, con un impresionante 99 % de sentencias estimatorias.
Estos éxitos evidencian, según el socio director del despacho, Antonio Suárez-Valdés, una problemática generalizada en el proceder de la Policía.
Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), explica, han condenado en varias ocasiones a la Policía a considerar aptos a los opositores en estas pruebas y permitirles continuar en el proceso selectivo.
Sin embargo, la situación se complicó cuando, en respuesta a las sentencias estimatorias, la Dirección General de la Policía (DGP) diseñó pruebas psicotécnicas a medida para un grupo de opositores, las cuales resultaron imposibles de resolver.
El resultado fue un 100 % de suspensos, en marcado contraste con la tasa de aprobación del 90 % en pruebas convencionales.
El abogado presentó ante el TSJM, en nombre de varios de los afectados, dos estudios periciales que concluían que el grupo de 29 aspirantes que hizo el test en 2015 era similar al de 2019, es decir, ni más listos ni más torpes. Pero mientras en el primer caso solo suspendió el 5,76%, en el segundo lo hizo el 100%.
El TSJM concluyó que la Policía no cumplió con el mandato judicial de someter a los aspirantes a una prueba igual a la realizada en 2015.
Este controvertido episodio llevó a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyera que se había producido una desviación de poder en la DGP y ordenó la repetición de la prueba para todos los afectados.
Posteriormente, se acordó que, en casos de ejecución de sentencia, los opositores declarados aptos en otras pruebas debían enfrentar la misma prueba psicotécnica que se llevara a cabo en la siguiente convocatoria.
Sin embargo, la DGP, según denuncia el despacho, ideó una nueva estratagema para excluir a estos candidatos. La táctica consistió en aumentar la dificultad de la prueba psicotécnica en curso, vinculando la nota de corte a la dificultad de la misma.
Esto resultó en la suspensión del 85 % de los aspirantes, generando nuevas controversias y acusaciones de vulneración del principio de igualdad en el acceso a la función pública.
La saga legal dio un nuevo giro cuando, en un sorprendente cambio de postura, la misma sala que antes acusó a la DGP de fraude de ley, consideró después adecuada la ejecución de la sentencia, a pesar de las notorias diferencias de dificultad entre las pruebas.
Por eso, el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés ha recurrido al Tribunal Supremo, que ahora deberá determinar la nota de corte adecuada en estos casos para garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.
Este último desarrollo pone de manifiesto la complejidad y la importancia de la cuestión, que afecta no solo a los opositores al CNP sino también al sistema de selección en procesos de acceso a la función pública.
