La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Caser Seguros a indemnizar con 264.582 euros en concepto de daños y perjuicios a los familiares de un paciente que falleció tras haber tardado seis días en concederle la autorización para colocarle de forma quirúrgica una endoprótesis.
Tenía una enfermedad llamada Síndrome de Klippel-Trenuaunay, una dolencia que afecta al desarrollo de los vasos sanguíneos, los tejidos blandos y los huesos, provocando fístulas arteriovenosas, úlceras, hemangiomas cutáneos o complicaciones como trombosis, embolias pulmonares o sangrado.
Esta sentencia, firmada por los magistrados Hipólito Fernández Barea, Melchor Hernández Calvo y Rosa Fernández Labella, que es la 593/2023 de 9 de octubre revoca la dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº8 de Málaga, que consideró que no había negligencia alguna.
Tanto la los médicos como el Hospital Quirón consideraron que el paciente de 61 años necesitaba tal endoprótesis -también llamado stend- de forma urgente, por lo que solicitaron la autorización administrativa a la aseguradora, pero la aprobación no llegó a tiempo.
La familia decidió acudir a los tribunales de la mano del abogado experto en Derecho Sanitario, Damián Vázquez, letrado del defensor del paciente.
Según se expone en la resolución, el paciente acudió el 5 de mayo de 2015 al Hospital Vithas Parque San Antonio al sufrir una hemorragia digestiva por una úlcera gástrica. Los médicos le hicieron transfusiones, gastroscopias, escleropatías y arteriografías. Descartaron la posibilidad de intervención quirúrgica por el alto riesgo de sangrado.
La familia, al no estar conforme con ese tratamiento, decidió trasladarlo al Hospital Quirón y le operaron el 17 de julio, pero el día 25 comenzó a evolucionar de forma desfavorable sin poder controlar el sangrado. De modo que los médicos propusieron, como solución, una endoprótesis, pero la aseguradora tardó 6 días en conceder la autorización.
Durante el proceso judicial se debatió de quién era la culpa
A lo largo del proceso judicial se debatió de quién era la culpa, si de los hospitales o de la aseguradora. Pero para los magistrados no hubo duda de que fue la aseguradora.
“Existió una demora en la tramitación de la autorización para la colocación del stent ya que los primeros informes médicos que establecen la necesidad de su colocación son de 26 de julio y esta no se coloca hasta el 1 de agosto por no llegar la autorización de la entidad demandada”.
Y durante la espera de la situación, “la situación del pseudoaneurisma fue empeorando, aumentando de tamaño e infectándose y necrosándose la zona, sin que los tratamientos que se iban realizando para su control fueran efectivos”.
La Sala manifestó que la situación en la que se encontraba el paciente hubiese requerido de una rápida respuesta que hubiese posibilitado la colocación del stent con anterioridad, por lo que existía responsabilidad de la aseguradora al no realizar todas las actuaciones necesarias que pudiesen haberle salvado la vida del paciente.
Por su parte, la presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ ha comentado que esta situación es «extremadamente grave» porque los pacientes pagan «religiosamente las facturas».
«Es triste que, por ahorro de medios, o fallos organizativos se lleve a la muerte del paciente que era perfectamente evitable si se hubiera colocado la endoprótesis que necesitaba a tiempo. Numerosas personas se ven afectados en toda España por la falta de autorizaciones o denegaciones de pruebas, intervenciones, o cualquier otra cuestión que se necesite en la sanidad privada, y ello puede ocasionar negligencias médicas como la de este desgraciado caso, recomendando reclamar siempre para evitar que vuelva a suceder y que otra paciente pueda verse afectado”, ha concluido.
