El magistrado polaco Lukasz Mrozek, explicando la situación del poder judicial en Polonia. A la izquierda, Cristina de Vicente, que ejerció de moderadora, y su compañera Karolina Rokita, a la derecha. Foto: Confilegal.
Dos jueces polacos vinieron a Madrid «del futuro» y contaron lo que su Gobierno hizo con el Poder Judicial y la Fiscalía
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02/12/2023 00:45
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Actualizado: 02/12/2023 11:25
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Lukasz Mrozek y Karolina Rokita son dos magistrados polacos con destino en Varsovia, capital de Polonia, miembros de la asociación judicial Iustitia. Es la mayoritaria. Aglutina a 3.000 de los 9.000 magistrados polacos. Existe una segunda que cuenta con 800 afiliados. Las dos trabajan codo con codo para recuperar el estado de derecho y la conformación del poder judicial anterior a 2015.
«Cuando os veo a ustedes me recuerda cómo éramos nosotros antes de 2015», afirmó ayer el magistrado Mrozek en español durante su intervención, en la Segunda Jornada por el Estado de Derecho, organizada por la asociación judicial española, Foro Judicial Independiente, en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En un salón que es una auténtica burbuja en el tiempo dentro de un edificio de mediados del siglo XVIII.
Lukasz Mrozek y Karolina Rokita habían llegado a Madrid el día anterior. Su relato, a la luz de los acontecimientos desatados por el acuerdo entre el PSOE y el partido separatista Junts, era de gran interés para los asistentes. El panel, de hecho, se tituló «Estados de derecho y Unión Europea. Aproximación a la situación polaca».
Polonia guarda muchas concomitancias con España. El diseño de su Consejo del Poder Judicial tuvo como referencia directa el español. Eran 25 vocales. 15 de procedencia judicial y 10 juristas de reconocido prestigio. En el caso de España son 12 jueces y 8 juristas.
«Todo comenzó en 2015, después de que el Pis obtuviera mayoría absoluta en las elecciones generales. Aquel año el nuevo Gobierno cambio la estructura de la Fiscalía General del Estado y los nombramientos. Promovió a los fiscales que le eran afines y apartó a los que investigaban casos de corrupción contra su partido. Muchos de estos fiscales independientes fueron suspendidos o trasladados a otras ciudades, lejos de Varsovia», explicó el magistrado Mrozek.
El Pis, partido Ley y Justicia, es de derecha populista y nacional-conservador.
«Además, el Gobierno fusionó el cargo de ministro de Justicia con el de fiscal general del Estado«, apuntó la magistrada Rokita. «En Polonia no tenemos jueces de instrucción, como en España. En nuestro país las instrucciones las hacen los fiscales«.
En 2016 la víctima fue el Tribunal Constitucional. «El anterior gobierno había elegido a tres nuevos magistrados que no habían tomado posesión. El Ejecutivo del PIS los quitó y eligió a otros nuevos. Como aquí en España, en Polonia los jueces del Tribunal Constitucional se elige por tercios. Son 15 magistrados. De los 5 que correspondían, el PIS puso a los suyos, sin respetar el sistema imperante», prosiguió Mrozek.
Pero todo empeoró en 2017. «El Gobierno del Pis aprobó tres proyectos de ley de la noche a la mañana. Entraron en vigor en una semana. Uno de ellos modificó la forma de elección del Consejo del Poder Judicial. Los 15 vocales de procedencia judicial, que elegíamos los miembros de la carrera judicial mediante voto secreto y directo, pasaron a ser elegidos por el Parlamento. Aquello fue gravísimo. Porque los vocales que entraron hacían lo que le interesaba al Gobierno. Fue una completa politización», subrayó Mrozek.
Un segundo proyecto, la Ley de la Corte Suprema, rebajaba la edad de jubilación de los miembros del Tribunal Supremo de los 70 a los 65 años. Para limpiarlo de desafectos.
UNA SALA DISCIPLINARIA QUE PODÍA SANCIONAR A LOS JUECES POR SUS SENTENCIAS
«La tercera ley creó dos salas en el Supremo. Una Sala Disciplinaria y otra de asuntos públicos. La Sala Disciplinaria, formada por jueces afines al Gobierno, tenía la competencia para sancionar a los jueces por sus decisiones judiciales, lo que ponía en tela de juicio la independencia e imparcialidad de. nuestro poder judicial», apostilló. «Era una Sala de indudable naturaleza política».
Un órgano que guarda evidentes reminiscencias con la comisión parlamentaria de investigación sobre los jueces que hayan investigado o condenado a personas independentistas por la comisión de delitos, comprometida por el PSOE con el partido separatista Junts.
También se vio afectado el sistema de acceso a la carrera judicial. En el caso polaco los nuevos jueces no entran por oposición, como en España, sino que lo hacen a través de la Escuela Judicial, en la que pasan tres años. «El Gobierno del PIS también alteró esto a través del Consejo del Poder Judicial, que metió a los que le interesaban», señaló la magistrada Karolina Rokita.
Ese estado de cosas fue combatido por los jueces polacos en los tribunales. Demandaron a su Gobierno, que volvió a ganar en 2019 las elecciones, ante la Unión Europea, instando a la Comisión a tomar medidas enérgicas por violar el Estado de Derecho.
Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que también intervino en este panel, explicó que cuando ocurrió el caso polaco la Unión Europea no disponía de herramientas para hacer frente a esta situación. En principio se trató de dialogar con el Gobierno del Pis.
Las «conversaciones» no comenzaron a ser eficaces hasta que la Unión Europea aplicó el mecanismo de condicionalidad, un Reglamento que entró en vigor el 1 de enero de 2021 y que permite negar el acceso a los fondos a un país si no cumple con los principios del Estado de Derecho. Hasta que tocaron el bolsillo de Polonia.
La Comisión Europea consideró que las leyes del Pis violaban los principios del Estado de derecho y, por lo tanto, no se podía permitir que Polonia accediera a los fondos de la UE.
Lo que se llevó a cabo sobre Polonia y Hungría, que también estaban en esa línea.
La situación llegó a ser tan kafkiana que el 7 de octubre de 2021 el Tribunal Constitucional polaco llegó a dictar una sentencia que afectaba a los fundamentos básicos de la UE –la primacía del derecho de la UE– dictaminando que varios artículos de los tratados de la UE eran «inconstitucionales».
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contestó de forma contundente al recurso que interpusieron Polonia y Hungría. Recordó a ambos países que el ordenamiento jurídico de la UE se basa en normas claras y vinculantes del Estado de Derecho.
Y subrayó que estos no son solo condiciones para adherirse sino que tienen que respetarse y aplicarse en todos los países miembros y, de forma especial, en todo lo referente a la gestión presupuestaria.
El tribunal de Luxemburgo impuso una multa diaria de un millón de euros a Polonia hasta que disolviera la mencionada Sala Disciplinaria para jueces de su Tribunal Supremo. Fue veinte días después de pronunciarse el Tribunal Constitucional polaco, el 27 de octubre de 2021; un correctivo en toda regla.
Es verdad que al final se le redujo a medio millón de euros diarios, pero el Gobierno polaco finalmente tuvo que pagar 555 millones de euros en multas y acatar la sentencia del TJUE. La Comisión Europea comenzó a cobrar descontando pagos del presupuesto de la Unión destinado a Polonia.
El 15 de marzo de 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también se pronunció sobre los mismos hechos. Dictaminó que la Sala Disciplinaria polaca no ofrecía suficientes garantías de independencia e imparcialidad para los jueces. Y falló a favor de un grupo de jueces polacos que alegaron que su libertad de expresión y su derecho a un juicio justo estaban siendo socavados por el sistema disciplinario.
El TEDH determinó que el sistema disciplinario violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenó a Polonia a realizar cambios en su sistema judicial.
Polonia tuvo elecciones generales el pasado 15 de octubre. El Pis volvió a ganar pero no tuvo suficientes votos para formar gobierno. La oposición, liderada por Donald Tusk, que encabezó la Coalición Cívica, se está perfilando para poder formar gobierno.
«Durante todo este tiempo, desde Iustitia hemos tratado de revertir este estado de cosas, para regresar al orden constitucional anterior. Y hemos elaborado cinco borradores de proyectos de ley para conseguirlo», revela el magistrado Mrozek.
«Borradores que facilitaremos al nuevo gobierno que se forme. Nos estamos jugando mucho. Nada menos que el estado de derecho. Lo mismo que todos ustedes. Hay que movilizarse. Hay que comunicar. No nos podemos permitir el lujo de permanecer callados. Se lo decimos nosotros que venimos del futuro. De ese futuro que no queremos que también se produzca en España», concluyó.
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