Con la salida de Juan María Díaz Fraile la Sala de lo Civil empezará 2024 con un magistrado menos, es decir, con 3 vacantes y solo 7 magistrados en ejercicio. Según recoge la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, esta sala debería estar compuesta por 10: un presidente y nueve magistrados.
Con la excedencia voluntaria de Díaz Fraile, de 62 años –le quedaban 10 años hasta la jubilación– serán 24 las vacantes en el Supremo.
La Sala de lo Penal tiene 14 de los 15 magistrados que debería de tener; la de lo Contencioso-Administrativo cuenta con 22 de los 33 que le corresponden; la de lo Social tiene 6 de los 13 que fija la ley; y la de lo Militar cuenta con 5 de los 8 magistrados que debería de tener.
Las vacantes suman el 30,3 % de la plantilla del Supremo.
El 13 de diciembre, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, firmó el acuerdo en el que se precisa que la excedencia voluntaria en la carrera judicial de Díaz Fraile se hará efectiva el 31 de diciembre.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se le declara en la situación administrativa de excedencia voluntaria.
La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) calificó en su cuenta de la red social ‘X’ -antigua Twitter- de «mala noticia» la salida de Díaz Fraile de la Sala de lo Civil.
DÍAZ FRAILE, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Díaz Fraile ha sido magistrado del Supremo desde el 19 noviembre de 2019. Es registrador de la propiedad y Mercantil y notario. Ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en el año 1987.
Es notario en situación de excedencia, con antigüedad en la carrera de abril de 1998, y en la categoría de notario de primera clase de octubre de 2003.
Desarrolló gran parte de su labor profesional, a través del desempeño de sus funciones de Letrado adscrito de la Dirección General de los Registros y del Notariado, nombrado mediante concurso de méritos resuelto por el Ministerio de Justicia en febrero de 1998.
Díaz fue presidente del Tribunal de Oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles y vocal del Tribunal de Oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado.
En julio de 2006 obtuvo la acreditación como catedrático de Derecho Civil (investigación avanzada) en virtud de Resolución de la Agencia para la Calidad de la Universidad de Cataluña.
Recientemente, presentó un recurso ante el Supremo para que determinara si los registradores de la propiedad que fueran nombrados magistrados del TS debían ser declarados en el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad o en situación de servicios especiales.
El pasado 27 de noviembre, el alto tribunal resolvió que lo pertinente era que los registradores de la propiedad que fueran nombrados magistrados del Supremo debían ser declarados en el Colegio de Registradores en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad.
El órgano de gobierno de los jueces adoptó esta decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 356.a de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que fija que se procederá a declarar en la situación de excedencia voluntaria, a petición del juez o magistrado, en los casos en los que éste se encuentre «en situación de servicio activo en un cuerpo o escala de las Administraciones públicas o en la carrera fiscal».
