Con el periodo navideño finiquitado, el Gobierno se ha puesto en modo activo para aprobar la asignatura pendiente que, con el PP, debe aprobar en esta legislatura: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este mes ya ha cumplido 5 años y 1 mes caducado.
La pelota está en el tejado de la Comisión Europea, y más concretamente de comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, que debe explicar a las dos partes la forma y el modo de supervisar, mediar o como quiera llamársele, la negociación.
El PP está dispuesto a que la renovación se lleve a cabo, por esta vez, como ha sido la costumbre desde 1985, es decir, que sean el Congreso y el Senado los que elijan a los 20 vocales, 6 jueces y 4 juristas de reconocido prestigio la Cámara Alta, y la misma proporción la Cámara Baja.
Para ello es condición sine quanon que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP porque debe hacerse con una mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras; 212 diputados de 350 en el Congreso y 159 senadores de 264 en el Senado.
Solo la suma de los votos de ambos partidos puede hacerlo posible.
EL PROBLEMA EN LA NEGOCIACIÓN DEL CGPJ
El nudo gordiano de este asunto está en la condición que el PP ha puesto: el siguiente Consejo después de este tiene que renovarse con el sistema con el que nació el CGPJ en 1980: los 12 vocales jueces tienen que ser elegidos por los 5.400 jueces, por voto secreto y directo.
Esta forma de elección fue cambiada con la aprobación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 1985, lo que ha conducido a la politización del órgano de gobierno de los jueces, como recordó el promotor de dicho cambio, el entonces diputado de Euzkadiko Ezquerra, Juan María Bandrés.
La posición del PSOE ha sido inamovible siempre. Las cosas están bien como están. El Parlamento, sede de la soberanía popular, debe seguir eligiendo a los 20 vocales.
El PP, por su parte, pone como condición que, para la renovación, el PSOE debe aceptar que se modifique la LOPJ y permitir que los jueces elijan a sus representantes, como hacen otras naciones de la Unión Europea con sus órganos de gobierno de la justicia como Francia, Italia o Portugal, por poner algunos ejemplos.
Su condición innegociable, antes, era que la renovación y la modificación de la LOPJ se hiciera de forma simultánea.
Con la entrada de la Comisión Europea como mediadora, estaría dispuesto a un acuerdo de compromiso para hacerlo después.
La cuestión es si el PSOE está dispuesto. A día de hoy, sin ese paso por parte del Gobierno el acuerdo no es posible. Ahí entra en juego la «magia» de Reynders o de quien designe la Comisión Europea para hacerlo posible.
