En la Audiencia Nacional impera la norma del «por antecedentes», lo que quiere decir que le corresponde al Juzgado Central de Instrucción la competencia de un caso del que haya conocido antes.
Por ello, la última querella interpuesta por el abogado José Luis Ortiz, en representación de 70 afectados por el Grupo Herrero Brigantina, ha tenido como destino el Juzgado Central de Instrucción 5 de ese órgano judicial, del que es titular del magistrado Santiago Pedraz.
Pedraz, antes de declararse competente, ha hecho lo que mandan los cánones: enviarla al Ministerio Fiscal para que informe si cumple las condiciones que establece el artículo 65 de la Ley Orgánica. del Poder Judicial.
Dependiendo de dicho informe, el magistrado tomará la decisión de abrir la investigación, lo que se denominan diligencias previas, o no.
En esta nueva querella –es la segunda que interpone Ortiz–, se imputan cinco delitos: pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida, falsedad documental e intrusismo. Y se solicita que se imponga a los querellados una fianza de 10 millones de euros «para cubrir las responsabilidades» en las que han podido incurrir.
Los querellados en esta segunda acción judicial son Juan González Herrero, CEO de la empresa Herrero Brigantina; Kelly Johana Galeano Orrego, vicepresidenta y directora general de Operaciones y Recursos Humanos de Herrero Brigantina –esposa del anterior–; Óscar Torres Cascudo, consejero y letrado asesor; Samuel López López, vicepresidente segundo; Benjamín Suárez García, miembro del Consejo de Administración de la empresa NAIBC; Jorge Cantón Vázquez; Antonio Lamas Domonte; Olga López López; Mónica Diéguez y Macarena Bueno.
También contra las personas jurídicas Herrero Brigantina Servicios Crediticios SAU, North Atlantic Insure Broker CO S.A, (NAIBC), Broker Asegurador de Ultramar SLU y Actualidad Digital Ibérica, S.L.
