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Opinión | El Poder Judicial es la garantía del Estado de Derecho

Manuel Jaén, magistrado, reflexiona sobre el papel del poder judicial en el estado democrático de derecho y el intento de desprestigio del que están siendo objeto. Foto. Confilegal.

26/1/2024 06:32

Actualizado: 25/1/2024 23:39

Ante todo, hay que recordar, una vez más, que el Poder Judicial lo integran los jueces y tribunales, no el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno, que no tiene función jurisdiccional alguna ni tiene atribuida la representación de jueces y magistrados, correspondiéndole las competencias organizativas que tiene atribuidas para administrar y ordenar adecuadamente el servicio prestado por aquellos, y que cualquier juez, desde el que ejerce su función en una pequeña ciudad hasta los que integran el Tribunal Supremo, cuando actúa en el ejercicio de su función jurisdiccional, actúa como un poder del Estado y, por tanto, en el marco de la soberanía nacional, contando con todo el apoyo del Estado, especialmente de su órgano de gobierno, que debe salvaguardar la independencia judicial. Incluso, debe añadirse, el Ministerio Fiscal también forma parte del Poder Judicial, por lo que es una institución que no puede ser manejada a su antojo por el Poder Ejecutivo.

Hay que evitar, pues, la confusión que, a veces, se produce en la sociedad, entre el CGPJ, que sería lo accesorio, y lo principal, que es el Poder Judicial.

La independencia de los jueces y magistrados, comprensiva también de su necesaria inamovilidad, sin injerencias externas, es una de las principales garantías del Estado de Derecho, pues la única forma de que el Estado pueda asumir la función de protección del Derecho es a través de la jurisdicción servida por jueces y magistrados, que actúen en forma independiente de la Administración o de cualquier otro poder distinto del judicial y, como dice el artículo 117.1 de la Constitución, “sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Naturalmente, el juez puede llegar a extralimitarse, aplicando erróneamente el Derecho y afectando así los derechos de los ciudadanos, lo que puede ocurrir, bien por la propia falibilidad humana, bien por un eventual abuso de la función judicial, algo, esto último, que en España sólo ha ocurrido en contadas y excepcionales ocasiones.

Problemas ambos que tienen su solución en el ordenamiento jurídico.

En el primer caso la solución radica en la previsión de un buen sistema de revisión de las decisiones, esto es, de un adecuado sistema de recursos procesales, como así ocurre en el derecho español.

Y en el segundo caso, tratándose de una aplicación incorrecta de la ley que es consecuencia de un abuso de poder por parte del juez, la solución no puede ser otra sino la disciplinaria o, incluso, la pena, a través de los delitos de prevaricación y de corrupción de funcionarios que, por supuesto, alcanzan también a los jueces.

DESPRESTIGIAR A DETERMINADOS MAGISTRADOS

Últimamente parece que se está intentando desprestigiar el Poder Judicial, concretamente a determinados magistrados que tienen a su cargo asuntos de especial trascendencia, por lo que es momento de reivindicar, una vez más, que la independencia del Poder Judicial es la mayor garantía del Estado democrático de Derecho, siendo los que lo integran los únicos que pueden poner límites a ciertas decisiones políticas, acaso derivadas de la situación política actual y de la clara influencia de las fuerzas políticas independentistas, cuestionando permanentemente la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, que proclama la propia Constitución (artículo 2), la independencia judicial, con duras críticas a aquellos fallos judiciales que no les favorecen, y el principio de la división de poderes, que si bien no está formalmente reconocido en la Constitución, sí está mencionado implícitamente en su articulado al referirse la misma al Poder Judicial, al Gobierno (Poder Ejecutivo) y a las Cortes Generales (Poder Legislativo), principios todos ellos que son la verdadera esencia del Estado democrático de Derecho, cuyo reconocimiento y consolidación, tantos esfuerzos ha costado a este país y a sus ciudadanos.

El poder político, ni ningún otro, puede ser ilimitado, algo que debe ser repudiado, porque, en palabras del filósofo alemán Loewenstein, el poder ilimitado siempre desemboca en tiranía y arbitrario despotismo (Teoría de la Constitución, Barcelona, 1976, p. 153).

Pero a pesar de los infundados e inmerecidos ataques al Poder Judicial, este debe seguir actuando en defensa del Estado de Derecho, es su obligación y lo que da sentido a su existencia, garantizando el respeto de la Constitución y el cumplimiento de las leyes que lo hacen posible, como lo hiciera la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su Sentencia 459/2019 («sentencia del procés»), en la que, como muy bien dice Alfonso Guerra en su magnífico libro, rebosante de sentido común y cuya lectura es muy recomendable para conocer la realidad de las cosas, La rosa y las espinas, el tribunal llevó a cabo una labor encomiable (p. 166), siendo muy satisfactoria la labor del magistrado Manuel Marchena, buscando y logrando la unidad de los que integraron la sala en tan importante fallo, tarea y esfuerzos perdidos con la tan altamente discutible amnistía que se debate ahora en las Cortes.

Quien suscribe las presentes líneas se honra en pertenecer a una Asociación, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con el nombre, pues, de tan relevante jurisconsulto del siglo XV, que cumple este año su 40 aniversario (1984/2024), la segunda en importancia por el número de jueces y magistrados que la integran, cerca de mil, que no es correa transmisora de ningún partido político, y que se toma muy en serio los principios democráticos y la garantía de la independencia judicial, porque ello garantiza el mantenimiento del Estado de Derecho.

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