La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) exige al Gobierno, en un duro comunicado, que no solo asuma sus responsabilidades por la deportación de los menores que fueron deportados ilegalmente a Marruecos, tras entrar en España a través de Ceuta, sino que debe hacer frente a la reparación de sus derechos vulnerados.
«Desde Juezas y Jueces para la Democracia exigimos la asunción por parte del gobierno de responsabilidades y la reparación de los derechos de estos niños y niñas», afirman.
JJpD refiere la reciente sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaró la ilegalidad y el incumplimiento de los convenios internacionales por parte de las autoridades españolas en la deportación de 12 niños y niñas de la ciudad de Ceuta en agosto de 2021 y que ha puesto pone en cuestión las políticas de extranjería basadas en la vía de hecho.
«Esas expulsiones se hicieron por la vía de hecho y sin que estos niños y niñas tuvieran asistencia letrada, sin informar a las delegaciones diplomáticas de los países de origen, sin informes sociales ni familiares, sin escuchar a los menores sobre su situación y sin argumentar por qué en cada caso concreto el mejor interés del menor se protege a través de la repatriación. Se han vulnerado tanto principios básicos de protección internacional a la infancia, como es la obligación darles protección, como principios básicos de derechos humanos, que prohíben las expulsiones colectivas», subraya la organización progresista de jueces.
EL MINISTERIO DEL INTERIOR, RESPONSABLE, SEGÚN JJPD
Después carga sobre el Ministerio del Interior por su responsabilidad en las deportaciones.
«La defensa que, incluso después de la publicación de la Sentencia, hace el Ministerio del Interior de las deportaciones sin garantías, pretendiendo justificarlas en el interés superior de estos niños y niñas no se sostiene ni ética ni jurídicamente, y contrasta con los principios de la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia, donde expresamente se recoge el derecho del niño o la niña a ser escuchados, a no ser objeto de ninguna forma de violencia, y a que su interés superior sea considerado primordialmente», asegura JJpD.
Estos procesos, que afectan a la protección jurídica de infancia, tienen una regulación precisa y rigurosa, subraya la asociación. Porque «resuelven sobre el buen trato que deben dar los Estados a uno de los colectivos más vulnerables, especialmente cuando se encuentran en zonas de frontera, como dice la Convención de los Derechos del Niño».
Y concluye: «La cultura de la frontera no puede prevalecer sobre la cultura de los derechos humanos y la protección de la infancia independientemente de la nacionalidad».
Los menores, cuyo número total se calcula en 800, fueron deportados desde España a Marruecos en agosto de 2021. Formaron parte del grupo de 11.000 personas que el 17 de mayo de ese mismo año consiguieron superar el espigón del Tarajal y cruzar a nado desde la ciudad marroquí de Castillejos hasta la española Ceuta.
