Sobre estas líneas, el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida, que no ve indicios de terrorismo en la invasión del aeropuerto del Prat por Tsunami Democràtic. Foto: Youtube.
El fiscal del Supremo en el caso Tsunami Democràtic ni ve indicios contra Puigdemont ni ve terrorismo
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04/2/2024 23:13
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Actualizado: 05/2/2024 13:34
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El fiscal del Tribunal Supremo en el caso Tsunami Democràtic, Álvaro Redondo Hermida, coincide con su colega de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo , en que no ve indicios suficientes para imputar por delitos de terrorismo a Tsunami Democràtic ni tampoco para implicar en ello al prófugo expresidente de la Comunidad Autónoma Catalana, Carles Puigdemont.
Los dos fiscales, por lo tanto, contrarían la opinión del magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, que sí considera su existencia, razón por la cual mando la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la condición de aforado de Puigdemont, al ser eurodiputado.
A su juicio, Tsunami debe seguir siendo investigado pero por desórdenes públicos agravados, daños y falsedad documental, entre otros presuntos delitos, para los cuales no tiene competencia la Audiencia Nacional.
García Castellón lleva cuatro años investigando los hechos sucedidos en Barcelona, el 14 de octubre de 2019, organizados por Tsunami Democràtic, y que culminaron con la ocupación del aeropuerto de El Prat para protestar por la condena del «procés», que se conoció en aquellos días.
El informe del fiscal, que no es vinculante para el tribunal, será debatido el próximo martes por la la Sección de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo.
Una vez emitido el informe definitivo de la Fiscalía del Supremo, el magistrado Juan Ramón Berdugo -como ponente del asunto- será el encargado de proponer a la Sala de lo Penal del alto tribunal si procede o no su admisión.
Fue el pasado noviembre cuando García Castellón dirigió la causa contra Puigdemont y contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El dictamen del fiscal Redondo favorece al Gobierno en la promulgación del proyecto de ley de amnistía, cuyo fin último es lavar los supuestos delitos cometidos por Puigdemont en su intento de separar a Cataluña de España.
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