La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho también es conocida por su nombre corto, Comisión de Venecia, porque es en esa ciudad italiana donde tiene su sede. Sobre estas líneas un plano general de una de sus reuniones. Foto: Comisión de Venecia.
¿Vulnera la ley de amnistía el estado de derecho? La Comisión de Venecia llega a España a verificarlo
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07/2/2024 18:50
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Actualizado: 07/2/2024 21:49
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El pasado mes de diciembre el grupo parlamentario popular en el Senado solicitó a la Comisión de Venecia que examinase la proposición de ley de amnistía –hoy proyecto de hoy– con el objetivo de que se pronuncie, mediante el dictamen consiguiente, sobre si cumple con los estándares de respeto del estado de derecho democrático.
Esta Comisión, cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho emite opiniones jurídicas sobre proyectos de ley y reformas constitucionales presentadas por los países miembros. Fue creada en 1990 y tiene su sede en Venecia, Italia, de ahí el nombre corto con el que también se la conoce.
Su papel es aconsejar sobre la coherencia de las propuestas con los estándares europeos en materia de derechos fundamentales, principios democráticos y Estado de derecho.
Aunque la Comisión de Venecia no tiene poder vinculante, su opinión técnica y su prestigio contribuyen a influir en el desarrollo y la mejora de las instituciones democráticas en Europa. Es un órgano del Consejo de Europa [no es la Unión Europea], una organización internacional dedicada a promover los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Europa.
Los miembros de la delegación que se han trasladado a España son Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.
Durante su estancia en España tienen previsto entrevistarse con todos los operadores jurídicos.
El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, mantendrá este jueves a las 15.00 horas una reunión con la delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que llegará a España para recabar información sobre la Proposición de Ley de Amnistía.
Una hora más tarde, a las 16.00 horas, pero en la propia sede del CGPJ, la comitiva se reunirá con las cuatro asociaciones judiciales. De esta manera, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Demoncracia (JJpD), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) podrán trasladar sus puntos de vista al respecto a la comitiva.
Está previsto que esta delegación también se reúna con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aunque por el momento no ha trascendido dónde se producirá el encuentro ni la hora prevista.
Cabe recordar que la ley todavía está en el aire al no haber sido aprobada en el Pleno del Congreso la pasada semana y que está a la espera de que la Comisión de Justicia redacte un nuevo dictamen antes del 21 de febrero.
MÁS REUNIONES
La Comisión de Venecia tiene previsto reunirse además entre el jueves y el viernes con miembros de grupos parlamentarios, pero también con representantes del Gobierno y con expertos constitucionales en el Centro de Estudios Constitucionales.
Su objetivo no será «en ningún caso» entrar a valorar si el texto es o no constitucional, sino analizar si se garantiza la separación de poderes, según precisó el ‘popular’ Javier Maroto.
En el Congreso, donde aterrizarán también este jueves, la visita estará gestionada por la Comisión de Justicia, que es la que tramita la proposición de ley que presentó el PSOE tras su pacto con los independentistas.
Es el mismo procedimiento que se siguió en 2014 cuando otra delegación de la Comisión de Venecia analizó la Ley de Seguridad Ciudadana del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’.
Además de la reunión con los grupos parlamentarios de la comisión, es posible que la visita incluya un encuentro institucional con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dado que son enviados del Consejo de Europa.
UN FUNCIONARIO SIN RESPONSABILIDAD POLÍTICA
A quien no verán será al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cuyo testimonio el PP veía muy relevante dado que su informe jurídico permitió tramitar la iniciativa. El letrado mayor recordó que es un alto funcionario que no tiene responsabilidad política en la ley, y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, le eximió de comparecer ante la delegación europea.
Eso sí, el Congreso ofrecerá a la Comisión de Venecia toda la información que precie sobre la tramitación de la iniciativa, y ello incluye, si lo estiman pertinente, los dos informes jurídico que se han redactado al respecto, uno al registrarse la iniciativa y otro cuando pasó a la comisión de Justicia.
En el primer informe, redactado por el equipo del secretario general, se advierten dudas de constitucionalidad en el texto del PSOE, pero no tan «palmarias» como para impedir su tramitación. En el segundo, hecho por las letradas de las comisión, se detallan esas sospechas de inconstitucionalidad, aunque se señala que habrá de ser el TC quien se pronuncie en su momento.
Por la tarde la delegación se desplazará al Senado donde será recibida por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, del PP, y se reunirá con los grupos parlamentarios que lo consideren.
INFORME LISTO PARA MEDIADOS DE MARZO O ANTES
La Comisión de Venecia dio a conocer que publicaría su dictamen a más tardar para su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo, aunque podría incluso acortar ese plazo. Sobre la mesa tiene una segunda petición, presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre «los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir», que también deberá estar listo para mediados de marzo.
Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales.
Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de Derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces.
La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.
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