El Pleno de la Comisión de Venecia concluyó ayer que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que respalda el Gobierno «no cumple los estándares europeos».
El dictamen, aprobado por unanimidad y que se hará público el próximo lunes, rechaza que el Parlamento tenga la última palabra en la designación de los 12 vocales de procedencia judicial.
El organismo consultivo del Consejo de Europa –que no es Unión Europea– en materia constitucional examinó dos propuestas divergentes que le remitió el propio CGPJ, incapaz de alcanzar un consenso interno.
La primera, defendida por 10 vocales progresistas y por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene la votación final en el Congreso y el Senado.
La segunda, respaldada por 10 vocales conservadores y por el PP, propone que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes. Solo esta última se ajusta a los estándares europeos, según Venecia.
La Comisión, que visitó España entre el lunes 15 y el martes 16, de septiembre pasados, rechaza frontalmente el argumento central del Ejecutivo: que la intervención parlamentaria aporta «legitimidad democrática».
Los ponentes —la italiana Marta Cartabia, vicepresidenta del organismo, la suiza Regina Kiener y el francés François Seners— son contundentes: «La legitimidad del poder judicial y de los consejos emana de la Constitución, del respeto a las leyes, del principio de legalidad y de la confianza de los ciudadanos, no de acuerdos políticos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo».
El texto señala además que la propuesta gubernamental no establece criterios objetivos para que las Cortes elijan a unos u otros candidatos, lo que abre la puerta a la «discrecionalidad» y, en definitiva, al filtro político.
Considera que las mejoras introducidas en la fase previa de preselección —donde sí intervienen los jueces— quedan «frustradas» por esa votación final en el Parlamento.
La Comisión de Venecia también descarta otro argumento del Gobierno: que la elección directa por los jueces daría como resultado listas de candidatos conservadores.
El dictamen afirma que no se entiende «con qué base» se puede calificar al sistema judicial «en bloque» como conservador. Y añade que resulta comprensible que, tras cuatro décadas de filtro político en la elección del CGPJ, las asociaciones judiciales se hayan aproximado a distintas posturas políticas.
El organismo rechaza igualmente el riesgo de «corporativismo» que esgrime el Ejecutivo, recordando que otros ocho vocales del Consejo no son jueces sino juristas de otros sectores, lo que garantiza la necesaria «pluralidad».
No obstante, la Comisión también advierte de riesgos en el modelo alternativo propuesto por el sector conservador: el peso de las asociaciones judiciales y su vinculación con los partidos podría generar problemas en un sistema de elección por pares.
El dictamen sugiere la incorporación de salvaguardias para evitar esta politización indirecta.
El debate surge de la Ley Orgánica 3/2024, de 2 de agosto, aprobada cuando Gobierno y PP pactaron renovar el CGPJ tras cinco años y medio de bloqueo.
Aquella norma establecía que el Consejo debía emitir en seis meses, por mayoría de tres quintos, un informe para reformar el sistema de elección de los vocales judiciales «de acuerdo con los mejores estándares europeos».
Al no lograrse ese acuerdo, se remitieron dos propuestas. Ahora la Comisión de Venecia ha dejado claro cuál de ellas cumple esos estándares. Y cuál no.
