El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunió esta tarde en la sede del Ministerio de Justicia con la delegación de la Comisión de Venecia.
En el encuentro, defendió el actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y alertó de los riesgos de un modelo corporativo en el que los jueces eligieran directamente a la mayoría de sus miembros.
Bolaños destacó la importancia del acuerdo alcanzado en 2023 para renovar el órgano tras cinco años de bloqueo. “El nuevo CGPJ ha recuperado la normalidad absoluta en el poder judicial: en este año de funcionamiento ha realizado más de 160 nombramientos y ha adoptado importantes decisiones, siempre por consenso o por amplias mayorías”, subrayó.
Sobre el modelo vigente, insistió en que “es un sistema con total legitimidad democrática” que se apoya en cuatro pilares: “el consenso político, la garantía de independencia judicial, la participación de la Carrera Judicial y el principio democrático, como mandata el artículo 117 de la Constitución”.
Recordó que el sistema nació de un “pacto de Estado del año 2001, con un 90% de apoyo parlamentario”, y que permite la presencia de “todas las sensibilidades jurídicas y sociales en el CGPJ”.
El ministro también señaló que no existe un modelo único en Europa: “En Alemania o Suecia no hay CGPJ ni un órgano similar”, afirmó, y subrayó que cualquier reforma debería contar con “un consenso amplio como el de 2001, que actualmente no se da”, en referencia a las dos propuestas contrapuestas remitidas por el propio Consejo a la Comisión de Venecia.
Bolaños advirtió, además, de los riesgos de que los jueces eligieran directamente a 12 de los 20 vocales del órgano: “Un sistema corporativo garantizaría el dominio de determinadas asociaciones conservadoras. Esto es lo que ocurre allí donde los jueces eligen directamente a sus representantes: la Comisión de Ética del CGPJ, donde solo hay un miembro de la asociación progresista, o las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, donde las asociaciones judiciales copan el 92% de los puestos pese a representar solo cerca del 50% de la Carrera”.
En su opinión, “la aplicación en la práctica del modelo corporativo supondría un grave riesgo para la independencia judicial, ya que las asociaciones conservadoras obtendrían por sistema una mayoría cualificada en el CGPJ y podrían decidir el 100% de los nombramientos”.
Por el contrario, defendió que el sistema vigente “nace de un gran consenso que hay que preservar, es democrático, garantiza la pluralidad de representación e impide que una sola sensibilidad pueda tomar todas las decisiones”.
Con ello, concluyó, se preserva “la independencia de jueces y magistrados, el interés general y el mandato constitucional de que la Justicia emana del pueblo”.
