El 21 de abril pasado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perello, curso una misiva a la Comisión de Venecia solicitando un dictamen sobre el sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial; los 8 restantes son juristas de reconocido prestigio.
Perelló dio ese paso quizá con la esperanza de que una voz externa trajera algo de claridad a este callejón sin salida.
Porque si de alguna forma hubiera que describir la aprobación por el Pleno del CGPJ, el 5 de febrero pasado, de las dos propuestas para elegir a los 12 vocales jueces, en vez de responder al encargo contenido en la Ley Orgánica 3/2024, de producir una sola, la descripción sería esa. U otra más clara: fracaso.
Fracaso después de seis meses produciendo lo que se les había pedido desde el Parlamento. Hay que recordar que la producción de una propuesta fue uno de los puntos que impulsaron el acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo después de 5 años de prolongación de mandato.
La delegación de la Comisión de Venecia estaba formada por su vicepresidenta Marta Cartabia, representante de Italia; y por sus miembros Regina Kiener, representante de Suiza, y François Senier, representante de Francia.
También han asistido la directora y secretaria de la Comisión, Simona Granata-Menghini, y el jefe de división del Secretariado, Taras Pashuk.
Los señores de la Comisión de Venecia escucharon esta mañana a los representantes del bloque de las derechas argumentando que su propuesta de reforma, basada en lo que postula esta Comisión, que es que los 5.500 jueces y magistrados elijan de forma secreta y directa a los 12 vocales jueces es “más necesaria que nunca”.
Porque protegería la independencia judicial frente a lo que califican de “ataques” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien recientemente dijo en una entrevista en TVE que había jueces haciendo política.
Los del otro lado, el bloque de las izquierdas, explicaron que el sistema actual es el «más democrático»; subrayaron que, de esta forma, después de que los jueces y magistrados hayan hecho una elección previa de sus representantes en un número que excede la docena, el Parlamento –el lugar donde reside la soberanía de la nación– avala su selección final.
Además, aseguraron que la mayoría de los españoles percibe a los jueces como independientes. Y recordaron que con el sistema actual, en el que el Parlamento participa en la elección, el CGPJ ha hecho más de cien nombramientos en los puestos más altos de la judicatura, lo que para ellos demuestra que el modelo no funciona tan mal como algunos dicen.
DOS PROPUESTAS Y UNA TERCERA, TAMBIÉN
Las principales asociaciones judiciales también han expuesto ante los componentes de la Comisión de Venecia sus posiciones irreconciliables sobre cómo debería elegirse el Consejo General del Poder Judicial. La delegación europea dedicó seis minutos a cada asociación. Se mostró «receptiva» e «interesada», según coincidieron los representantes.
El encuentro, reveló la profunda fractura del mundo togado en un momento clave para el futuro de la justicia española.
Juezas y Jueces para la Democracia, que durante siete años compartió el planteamiento de que los jueces eligieran a los vocales jueces, ha vuelto a su línea histórica: que las Cortes Generales sigan eligiendo a los vocales judiciales. «Creemos que el CGPJ debe permanecer tal como está para garantizar esa necesaria unión entre la sociedad y su justicia», defendió ante los medios Benjamín Sánchez.
Para esta asociación ahora, que se ha visto beneficiada por el sistema de elección, el modelo parlamentario es la garantía democrática.
En el polo opuesto, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) apuestan por que «los jueces elijan a los jueces», aunque con matices. Representan una tercera vía. Un sistema híbrido en el que se aseguraría la presencia de las minorías en el CGPJ.
«Que sean solo seis los vocales judiciales elegidos por jueces y en puntuación decreciente según su posición en la lista», explicó Carmen Gámiz, de AJFV, ante los miembros de la Comisión de Venecia. Para asegurar la representación de las asociaciones
Gámiz criticó los nombramientos discrecionales del CGPJ en la cúpula judicial, que calificó como «un reparto de cromos», y lamentó que los vocales «no hayan sido capaces de consensuar una propuesta única».
Foro Judicial Independiente fue más radical en su diagnóstico. Cristina de Vicente denunció «40 años de deterioro institucional gravísimo» y la «captura de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ por los partidos políticos».
Para FJI, el sistema actual está «diseñado únicamente para el interés partidista de controlar la cúpula que va a juzgar sus actuaciones».
La Comisión de Venecia se reunió con la sala de Gobierno del Supremo, que preside Isabel Perelló.
Después se verían con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al presidente del Senado, Pedro Rollán, a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, a los portavoces de Justciia del Congreso, la Asociación de Fiscales y representantes del Colegio General de la Abogacía Española.
¿QUÉ SALDRÁ DE TODO ESTO?
Un informe que posiblemente vea la luz el próximo mes de octubre. La Comisión de Venecia no tiene capacidad coercitiva alguna, aunque sí auctoritas. Es previsible –porque esa es su postura oficial– que recomienden «moverse» hacia la elección de los 12 vocales jueces por la carrera judicial. Unos, el bloque conservador, lo tomará como un respaldo a sus postulados. Y los otros, el bloque progresista, disminuya su importancia y lo califique de mera opinión. ¿Y se producirá algún cambio? No es previsible.
