La Ley Orgánica 3/2024, con toda la solemnidad de un misal redactado en lenguaje jurídico, le dijo al nuevo Consejo General del Poder Judicial, ese que estrenamos en julio del año pasado, que en seis meses debía entregar un informe. ¿El encargo? Comparar cómo se eligen los Consejos de la Magistratura en Europa y, de paso, proponer cómo elegir a los 12 vocales jueces en España.
Una misión épica en apariencia, aunque en realidad suene a ejercicio de manual de secundaria: copiar lo que hacen los demás y traer un resumen.
El objetivo declarado era casi poético: reforzar la independencia judicial, esa entelequia que todos veneran en discursos pero que en la práctica siempre acaba secuestrada por los mismos de siempre.
Y claro, la Comisión Europea esperaba que la propuesta fuera clara, brillante y, sobre todo, funcional.
El CGPJ, obediente en lo formal, entregó un informe voluminoso, con dos propuestas alternativas. Pero en lo sustancial… nada. El consenso de tres quintos, requisito indispensable, se convirtió en quimera.
Las divisiones internas volvieron a hacer de las suyas, como si estuviéramos en una tragicomedia de Valle-Inclán, donde cada vocal se ve más como marioneta de un partido que como guardián de la justicia.
El resultado fue un esperpento híbrido:
Los etiquetados como conservadores optaron por la vía de seguir las recomendaciones de la Comisión de Venecia y de GRECO, permitiendo que los jueces elijan directamente a los suyos, sin que los políticos metan las manos en el bombo. Un modelo limpio, al menos sobre el papel.
Los llamados progresistas, apostaron por dejar que el Parlamento conserve su cuota de poder, con el mantra de la transparencia y el pluralismo como disfraz, aunque todos sepamos que detrás se esconde lo mismo de siempre: el reparto partidista de cromos.
Conclusión: el CGPJ no entregó nada sólido, y el problema volvió a aterrizar, con puntualidad española, en el Parlamento.
Europa, la pesada de turno
En Bruselas no se cansan de repetirlo. La Comisión de Venecia, ese club de juristas europeos que hace las veces de Pepito Grillo constitucional, lleva años diciendo que los Consejos de la Magistratura deben estar compuestos mayoritariamente por jueces elegidos por los miembros de las carreras judiciales, a través de votos secretos y directos.
Lo mismo dice el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE), y lo mismo repite el GRECO, que nada tiene que ver con Doménikos Theotokópoulos sino que es el acrónimo de Grupo de Grupo de Estados contra la Corrupción.
El GRECO, desde 2013, viene insistiendo en que España deje de alimentar la percepción de que la judicatura es poco más que un satélite de la política.
La Comisión Europea, por su parte, ha sido cristalina en sus informes: al menos la mitad de los vocales deben salir de elecciones internas en la carrera judicial.
Pero España, fiel a su tradición barroca, se empeña en dejar siempre una puerta abierta al apaño parlamentario, argumentando que “no hay un estándar único”. Como quien se excusa en que, total, cada país tiene su folclore.
Bienvenidos, señores de Venecia
Y justo ahora, este lunes, desembarca en Madrid la Comisión de Venecia, a tomar el pulso al Estado de Derecho en España. No vienen a disfrutar de la gastronomía ni del Prado; su misión es otra: comprobar si Gobierno y oposición cumplen la promesa de reformar el sistema de elección del CGPJ.
En su agenda tienen reuniones con todo el ecosistema: el propio Consejo, asociaciones judiciales, fiscales, magistrados del Supremo, y diputados de las comisiones de Justicia.
Una tournée institucional en busca de respuestas que, probablemente, ya sospechan.
En octubre publicarán su informe, donde volverán a subrayar lo obvio: que España necesita claridad, valentía política y una reforma de verdad, no más informes ambiguos ni promesas vacías.
Un sainete
La visita de la Comisión llega en medio de un clima que haría sonrojar a los cronistas de la Restauración.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, espera a ser juzgado por revelación de secretos; el juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, demandando por calumnias y/o injurias a políticos y contertulios, incluido un ministro que le llamó prevaricador en horario de máxima audiencia.
La tensión entre Gobierno, oposición y judicatura no podría estar más encendida: es casi un campo de batalla en versión institucional.
España, claro, ha vuelto a asegurar a Bruselas que despolitizará el sistema. Pero el CGPJ actual —elegido, ironías del destino, por el propio Parlamento— no ha sabido ofrecer una propuesta clara.
Lo más probable es que la Comisión repita la misma cantinela de siempre: que los vocales judiciales deben ser elegidos directamente por jueces y magistrados, y que el legislador deje de hacerse el sueco.
El eterno retorno
Lo que debía ser una oportunidad histórica para zanjar un debate enquistado desde la Transición se ha convertido en otra ocasión perdida. El CGPJ, en lugar de cortar el nudo gordiano de la politización, ha preferido seguir enredándolo.
El Parlamento, mientras tanto, seguirá bailando entre discursos huecos y vetos cruzados.
Y al final, como siempre, la conclusión de la Comisión de Venecia será tan sencilla como incómoda: informes técnicos sobran; lo que falta es decisión política.
Pero en un Parlamento polarizado como el español, esa decisión parece tan improbable como que Quevedo y Góngora hubieran escrito juntos un soneto.
La historia se repite, como farsa, como esperpento, como sainete. España, especialista en eternizar los problemas, ha vuelto a dar la nota.
Y Europa, cansada de repetir la misma lección, ya no sabe si mandar más misiones de expertos o directamente un coro de resignados para acompañar la función. Esa es la única incógnita.
