María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, tiene que hacer frente a un serio dilema que puede comprometer seriamente la credibilidad de la Fiscalía General del Estado como institución.
Porque después de que los fiscales del Tribunal Supremo votaran por 11 votos frente a 4 apoyar la apertura de la causa contra el fugado expresidente de la Comunidad Autonómica de Cataluña, Carles Puigdemont, le corresponde a ella elaborar el informe que se elevará a la Sala de lo Penal.
Si sigue el sentido de la votación dejará a su jefe, Álvaro García Ortiz, –en línea con la idea del Gobierno de que los hechos del 14 de octubre de 2019 organizados por Tsunami Democràtic, no constituyeron acto terrorista alguno, librando así a Puigdemont, de imputación alguna– al pie de los caballos.
Y si redacta el informe en sentido contrario, la que va a quedar a esos mismos pies de los caballos es ella misma, el fiscal general del Estado y la propia institución que, desde dentro está viéndose muy criticada por la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que juntas suman mayoría en el Consejo Fiscal.
Las dos le han pedido la dimisión repetidas veces a García Ortiz.
Es cierto que el informe que escriba no será vinculante para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero marcará un antes y un después en la percepción pública del Ministerio Fiscal, sobre todo si lo hace en la dirección de la minoría.
Para empeorarlo, si cabe, los fiscales que votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo están preparando un escrito con sus argumentos que enviarán a la teniente fiscal, lo que supone más presión si cabe.
Un escrito apoyando la exposición razonada que el magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, elevó al Supremo para que sus magistrados decidan si deben actuar contra Puigdemont.
La teniente fiscal Sánchez Conde es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que perteneció Dolores Delgado antes de ser nombrada ministra de Justicia y después fiscal general del Estado.
Lo mismo que García Ortiz –cuya pertenencia está en suspenso mientras ocupe el puesto de fiscal general del Estado– y Joaquín Sánchez Covisa, el segundo jefe de la Sección Penal que votó en contra de actuar contra Puigdemont. A diferencia del otro jefe, Fidel Cadena, uno de los cuatro fiscales del «procés», que sí vio indicios.
El foco público, por esta circunstancia, está sobre ella.
