Hacienda somos todos. Y “esquivar” a la Agencia Tributaria suele provocar altas sanciones administrativas para los infractores. Algo que ha llevado a un hombre a tener que pagar 38.837,34 euros.
Era la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña la que confirmaba las sanciones determinadas por la Agencia Tributaria a este hombre. Y lo hacía en su sentencia 9 de diciembre de 2011.
Decisión que llegaba después de que Hacienda valorase desfavorablemente algunos actos llevados a cabo por este ciudadano, aconsejado por la asesoría Serconfis.
Pago de cerca de 40.000 euros que llevó al cliente de la asesoría a presentar una demanda contra Serconfis y contra su administrador, en reclamación de “responsabilidad civil por los daños causados por negligencia en el ejercicio profesional”. Reclamo en el que el hombre exigía el reintegro de la cantidad abonada a Hacienda.
Demanda desestimada por el Juzgado de Primera Instancia en abril de 2016. Pero que, sin embargo, estimada posteriormente en recurso de apelación por la Audiencia Provincial. Así pues, el tribunal condenaba a la asesoría a pagar 38.837,34 euros al cliente, más intereses. Una cifra que ascendía hasta los 52.185,10 euros.
Pago que la asesoría realizaba a su cliente. Y que, posteriormente, reclamaba a su vez a la aseguradora Zurich. Ello, mediante un burofax que envió el día 27 de diciembre de 2016, y recibido el 5 de enero de 2017.
Fechas que se convertían en un elemento clave. Así pues, ante el retraso de la comunicación del siniestro, cuya primera reclamación judicial fue en junio de 2014, desde Zurich Seguros negaban su responsabilidad de pago como aseguradora de la asesoría.
Un pago a Hacienda que hace “chocar” al Supremo con la Audiencia Provincial
Negativa de Zurich a hacerse cargo de este pago a Hacienda que llegaba a los tribunales. Sin embargo, tanto la primera instancia como la Audiencia Provincial desestimaban los intereses de la gestoría. Así pues, en el recurso de apelación, la Audiencia Provincial determinó que “el siniestro no tenía cobertura” de la aseguradora. Especialmente, debido a que “el evento dañoso ya se había producido […] en el momento de contratar el seguro”.
“Antes de la suscripción del contrato de seguro, el 1 de julio de 2015, ya conocían la existencia de la reclamación por la que finalmente fueron condenados. En consecuencia, el siniestro en ningún caso estaría cubierto por este contrato, ya que cuando los demandantes conocieron la existencia del siniestro, todavía no estaba en vigor”, determinó el tribunal.
Sentencia que la asesoría recurrió en casación por la asesoría ante el Tribunal Supremo. En concreto, ante la sala compuesta por los magistrados Ignacio Sancho Gargallo, Rafael Sarazá Jimena y Pedro José Vela Torres.
Alto tribunal que, en su sentencia 395/2024, pone de manifiesto el “error patente en la valoración de la prueba” de la Audiencia Provincial.
Así pues, el Supremo pone de manifiesto que es “un hecho no controvertido” en el caso que la póliza de seguros de Zurich contaba con vigencia “desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2016”.
Una cuestión que hace que, para el alto tribunal, “la Audiencia Provincial se pronunció en sentido contrario a un hecho no controvertido”. Y, del mismo modo, incurriera “en un error en la valoración de la prueba, directamente constatable en las actuaciones”.
Error que hace que el Supremo maule la sentencia 365/2019 de la Audiencia Provincial, devolviendo las actuaciones a este tribunal para que “analice nuevamente el discurso de apelación y se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la cobertura del siniestro”.
Repetición que podría llevar a Zurich a ser condenada a pagar los 52.185,10 euros a la asesoría, por un error profesional que llevó a un cliente a pagar a Hacienda más de 38.000 euros.
