Luis Romero, abogado del soldado Carlos León, fallecido durante unas maniobras militares el pasado mes de diciembre, ha denunciado públicamente que «se están recibiendo presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar», en clara alusión al juez togado militar 21 de Sevilla, competente en esta causa.
Según el abogado, las presiones proceden de los abogados de las defensas y de los jefes del juez togado militar; tienen interés en quitar del foco mediático este caso porque la información que está emergiendo en la causa les está perjudicando de forma grave al sacar a la luz la mala organización de la maniobra militar que acabó con la muerte del soldado y de un cabo.
«Tras 33 años de ejercicio de la abogacía y más de 10.000 casos llevados en mi bufete, es la primera vez que un juzgado me advierte y me intimida por informar a la prensa», explica en un comunicado.
Luis Romero ha indicado que dará traslado de su escrito al juez togado militar 21 de Sevilla de manera inminente.
Las advertencias que ha recibido que pueden suceder si sigue hablando con los medios de comunicación han sido: «Apertura de expediente disciplinario por revelación del sumario a la prensa, presión de sus jefes al juez togado militar y posible declaración del secreto sumarial».
En el caso de que el juez togado militar tomara esas medidas abriría un interesante conflicto en torno a la transparencia judicial y sus diferentes aplicaciones en diferentes jurisdicciones, siendo la referencia principal la instrucción por el juicio del «procés», llevada a cabo por el magistrado Pablo Llarena en funciones de juez de instrucción, en el que las partes informaban puntualmente a los medios de comunicación tras cada interrogatorio sin que en ningún momento hubiera habido ninguna advertencia como la recibida por Romero.
