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Opinión | El juez togado militar 21, del caso Cerro Muriano, ha provocado el «efecto Streisand» con el abogado Romero
08/4/2024 06:32
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Actualizado: 08/4/2024 21:00
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El comandante Rafael Román Poyatos, titular del Juzgado Togado Militar 21, con sede en Sevilla, se ha quedado en el siglo XX. Veinticuatro años atrás, como poco. Quizá mucho más atrás. Al filo de los años 80, calculo.
¿Por qué lo digo? Por el expediente disciplinario que le ha abierto a Luis Romero, abogado de la familia del soldado, Carlos León Rico, de 24 años, fallecido el 21 de diciembre cuando realizaba un ejercicio militar en el estanque o lago de la base de Cerro Muriano, en Córdoba.
No fue el único. También perdió la vida al cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años.
La razón del expediente disciplinario de marras es porque el letrado ha hecho uso de su libertad de opinión sobre las condiciones en que tuvo lugar dicho ejercicio, que denota falta de todo.
Como poco, de organización, que era lo mínimo que se puede esperar de un instituto armado como es el Ejército.
El expediente, hay que aclararlo, tiene su origen en la denuncia interpuesta por Javier Gimeno Puche, abogado del teniente Jaime Tato Garrido, contra Romero.
A la que se adhirió el letrado Francisco Muñoz Usano, representante del capitán Ignacio Zúñiga Morillas, quien fue recientemente apartado de todas sus funciones, tres meses y medio después del luctuoso suceso. Durante este tiempo ha tenido bajo sus órdenes a buena parte de los soldados que estaban a sus órdenes, y que son testigos.
Según Gimeno Puche y Muñoz Usano, Romero «reveló», en una entrevista que le hizo Luis Herrero en su programa de radio, «En casa de Herrero», datos sobre la pericial realizada que ratificaba la ausencia de flotabilidad de las mochilas de los dos fallecidos.
En su denuncia, Gimeno Puche se resiente también de las declaraciones realizadas por Romero en una rueda del prensa del 22 de marzo sobre las declaraciones que los tres militares investigados –el capitán Zúñiga, el teniente Tato y el sargento Gustavo Álvarez Estupiñán (representado por el abogado Juan Rando Parra)– realizaron ante el juez togado militar Román Poyatos.
Muñoz Usano ha ido más allá. Ha solicitado que se le abra al abogado de la acusación particular una causa penal por revelación de secretos. Lo que resulta muy curioso porque el letrado suele hacer declaraciones en los casos en los que ha actuado como acusación.
Los tres investigados han sido acusados por dos delitos contra la eficacia del servicio con resultado de muerte.
LAS DEFENSAS SE RESIENTEN PORQUE LA INFORMACIÓN PERJUDICA A SUS REPRESENTADOS
Con sus denuncias ambos letrados denotan que la publicidad que Romero le está dando a la causa está perjudicando a sus defendidos. Con el silencio absoluto sin duda sería más fácil de llevar y los resultados para sus defendidos sin duda serían más positivos. Pero es que estamos en 2024 no en 1980.
El foco público supone una pesada losa en un caso en el que dos jóvenes perdieron la vida por una supuesta negligente organización.
El comandante juez basa su decisión, para dar cuerpo a su expediente disciplinario, en la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
A su juicio, Romero habría incumplido las obligaciones que establece la legislación castrense que entiende que todas las diligencias sumariales son secretas aunque no hayan sido declaradas como tales.
En la jurisdicción penal los artículos 301 y 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –aprobada en 1882– tienen una formulación parecida pero hace tiempo que han sido superados tanto por la jurisprudencia nacional como por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por eso digo que el comandante juez Román Poyatos no se ha enterado de que estamos en 2024.
Seguramente no siguió toda la instrucción del caso del «procés», en el Tribunal Supremo, ni fue testigo de cómo las acusaciones hicieron uso de su libertad de expresión, ante los medios de comunicación, tras el interrogatorio de cada investigado, llevado a cabo por el magistrado Pablo Llarena, por citar un caso que está en la memoria de todos.
El magistrado Llarena no abrió expediente disciplinario por ello a ninguna acusación popular.
La materia es muy interesante, además, porque mueve a la reflexión sobre la propia existencia de la jurisdicción militar para este tipo de delitos, asumida por la jurisdicción penal en otros países de nuestro entorno.
Lo que sí está provocando el caso, sin querer –de eso no hay ninguna duda– es un nuevo «efecto Streisand», un efecto de Internet por el cual el intento de censurar, ocultar o eliminar una pieza de información tiene el resultado involuntario de publicitarla aún más.
Recibe su nombre de la actriz y cantante Barbra Streisand quien en 2003 intentó demandar a fotógrafos y a una página web por publicar fotos aéreas de su residencia, alegando violación de su privacidad.
Antes de su demanda, las imágenes habían sido descargadas unas pocas veces. Tras la publicidad generada por el caso, la foto fue vista por millones de personas.
Esto llevó a la paradoja de que su intento de suprimir la información en realidad la hizo mucho más conocida. Como consecuencia, Streisand vendió la casa.
Es lo que está consiguiendo el comandante juez Román con su decisión de abrir el expediente disciplinario a Romero: atraer toda la atención hacia el caso.
Pero sobre todo con la respuesta de Romero, quien ha denunciado “estar recibiendo presiones e intimidaciones intolerables por parte de la jurisdicción militar, presionada a su vez por sus jefes y los abogados militares de la defensa”.
Y que ha expresado su determinación «para seguir informando a los medios de comunicación sobre este procedimiento, no solamente como abogado de la acusación sino como portavoz de los padres del difunto soldado Carlos León. Tras 33 años de ejercicio de la abogacía y más de 10.000 casos llevados en mi bufete”.
Romero tiene cinco días para responder con sus alegaciones. A partir de ahí el juez comandante tendrá que decidir si lo archiva o si le pone una multa. Lo que podrá después recurrir ante el Tribunal Militar Central.
Una consecuencia de este efecto Streisand en el caso de Cerro Muriano es que podría centrar su foco en un aspecto que hasta ahora ha pasado desapercibido: la petición de Romero de que se investigue la responsabilidad de los mandos superiores del capitán Zúñiga, léase teniente coronel, coronel y general de Brigada.
Un partido que todavía está por jugarse.
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