Una carta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dirigida al presidente de la la Comisión de Investigación Contratos COVID del Congreso, el socialista Alejandro Soler, ha hecho recapacitar –y rectificar– al PSOE que ha renunciado a citar a tres fiscales para ser interrogados,
García Ortiz argumentó, en su misiva, que la Fiscalía Anticorrupción es parte en varios procedimientos judiciales vivos que van a ser abordados en dicha Comisión, lo que sería un «inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones».
La Comisión había citado a Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y a la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, la rumana Codruta Kovesi, así como a Ignacio de Lucas, fiscal europeo en representación de España, que ha asumido la investigación del caso Koldo, y al director general de la Oficina europea de lucha contra el fraude, Ville Itala.
Previamente, por la mañana, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se había pronunciado en esa misma dirección durante un viaje a Valencia: «no tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales».
«Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales», añadió.
Por otra parte, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, afeó que se citara para comparecer en esta Comisión a varios magistrados ya que, según expone, es un «nuevo ataque al Estado de derecho».
Lo que se pretende, con ello, es «instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción».
«La intervención de un poder del estado en la actuación de órganos que deben ser independientes se produce en perjuicio de los presupuestos del estado de derecho y quebranta principios esenciales del derecho español y el de la Unión Europea», subraya la AF.
